Lawfare (... y V) COLOMBIA Orestes Martí

Lawfare (... y V) COLOMBIA Orestes Martí

Lawfare: la vía “justa” al neoliberalismo Silvina Romano, et al

Poco se ha indagado y menos aún publicado en los medios masivos, sobre el modo en que la Corte Constitucional operó en contra del Acuerdo de Paz, al dejar sin sustento el mecanismo de discusión vía FastTrack, que impidió el avance en la legislación para la paz, y que abrió nuevamente la discusión sobre los puntos nodales del acuerdo poniendo en riesgo la paz.

A diferencia de los casos anteriores, en Colombia, la estrategia de Lawfare se da a la inversa: una guerra jurídica de baja intensidad, donde el objetivo es la permanencia y el ocultamiento, vía la sobreexposición de ciertos casos, coludiendo un sistema de justicia totalmente necrosado por la corrupción, que impide ver todos los vectores y actores de un sistema hoy en crisis. La estrategia de guerra jurídica solo es de alta intensidad en los pocos casos donde la izquierda llega a ocupar espacios en la esfera política formal –después de lograr combatir el hostigamiento paramilitar y a un sistema mediático enemigo sin piedad-. Solo entonces se prenden todas las alarmas y se activan todas las vías institucionales y jurídicas para acabar con la amenaza.

Uso indebido herramientas jurídicas y selectividad

El denominado ‘Cartel de la toga’ es un ejemplo de utilización de la justicia para el beneficio de la casta política, vinculada a la derecha corrupta y criminal, que viene garantizando la salud del neoliberalismo. Pero este caso es solo la punta del iceberg, pues deja muchos cabos sueltos y, vía la sobreexposición mediática de algunos actores, promueve que la ciudadanía evite preguntarse por el vínculo que ciertos personajes estatales y regionales tienen con los herederos de las dinastías familiares hoy en ejercicio del poder: Santos, Lleras, López, Gómez, Pastrana, algunos de los apellidos más recurrentes, que han sabido administrar las instituciones políticas, judiciales y comunicacionales según sus intereses.

Este rol clave de la justicia ha quedado al descubierto tras conocerse cómo actuaban distintos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en alianza con la Fiscalía Anticorrupción, amañando y dilatando procesos judiciales contra políticos vinculados al paramilitarismo o a casos de corrupción, a cambio de estrepitosas sumas de dinero. Ello sin mencionar la multiplicidad de negocios familiares que crecieron a la sombra de la actividad ilícita de los magistrados.

Corrupción: el “problema de la izquierda”

La corrupción se presenta como un “mal de la izquierda”. Es el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro (hoy candidato presidencial), perseguido y destituido por el exprocurador de la extrema derecha, Alejandro Ordóñez, cuyos fallos contra el exalcalde del Movimiento Progresista fueron tumbados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que le permitió continuar con su mandato) y por el Consejo de Estado, que evidenció (tres años después) la utilización de la guerra jurídica en contra del burgomaestre.

A diferencia de la “celeridad” con la que actuó la “justicia” en el caso de Petro, poco se ha indagado y menos aún publicado en los medios masivos, sobre el modo en que la Corte Constitucional operó en contra del Acuerdo de Paz, al dejar sin sustento el mecanismo de discusión vía FastTrack, que impidió el avance en la legislación para la paz, y que abrió nuevamente la discusión sobre los puntos nodales del acuerdo poniendo en riesgo la paz: se negó la inclusión en la Justicia Especial para la Paz a civiles comprometidos con delitos de lesa humanidad, financiadores o promotores del paramilitarismo; se hundió la reforma política que prometía una apertura democrática; se negaron las curules o bancas en el Congreso para las víctimas; y ni siquiera se empezó a reglamentar la reforma rural integral, entre otros temas [46].

Por otro lado, la “protección” brindada por el aparato judicial y mediático a determinadas personalidades, es cristalina en el caso de Álvaro Uribe, quien tiene más de 186 procesos judiciales en su contra, incluido el que cursa por el uso del aparato de inteligencia del Estado-DAS para amedrentar, perseguir y espiar a la oposición y gobiernos vecinos, o por la compra de votos en el Senado que le valieron la reelección en el 2006. Todos casos que permanecen intactos en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, con escasa posibilidad de juicio, debido a que dicha instancia está conformada por políticos uribistas o exuribistas [47].

Lawfare: parte del statu quo neoliberal

Está demostrado que Odebrecht financió las campaña del presidente Juan Manuel Santos (cuando era apoyado por Uribe en el 2010) y las campañas de Santos y su principal rival el uribista Zuluaga en el 2014 [48]. Además, cursan investigaciones por el pago de coimas de al menos 31,5 millones de dólares, entregados a altos funcionarios de los gobiernos de Uribe y Santos como contraprestación por los contratos de infraestructura otorgados entre 2006 y 2016 [49]. Sin embargo, ninguno de los altos funcionarios de esos gobiernos se encuentra procesado, salvo un viceministro y tres senadores, que están “contribuyendo” con la justicia y serán condenados con leves penas, cerrando la “megacausa” Odebrecht con algunos mandos medios condenados, pero sostenido el statu quo.

La utilización del aparato judicial para resguardar el orden instituido adquiere un rol clave en un proceso en el que se hacen evidentes los lastres y miserias de un neoliberalismo que viene operando desde hace décadas [50], sosteniendo a las mismas familias en el poder y blindando a las “dinastías” políticas que usufructúan las arcas del Estado aunque estén señalados de cometer graves delitos [51]. Es evidente el creciente achicamiento del Estado en su dimensión socio-económica a favor de las mayorías históricamente postergadas, combinado con un ensanchamiento a favor del sector privado, que es bien recibido por los medios de comunicación y no resulta materia de investigación, considerando que la corrupción tiene dos contrapartes, los que dan y los que reciben, es decir las empresas privadas y los funcionarios del Estado.

La corrupción en pleno modelo neoliberal, privatizado y achicado al extremo el Estado, representa el 4 % del PIB colombiano, cerca de 17 mil millones de dólares al año, según lo indica la Contraloría colombiana [52], un esquema basado en la impunidad y en la connivencia del sistema judicial, los medios de comunicación y la violencia que reprime las voces críticas (120 líderes sociales asesinados en 2017) [53]. Un neoliberalismo con impunidad para el statu quo tutelado por los Estados Unidos, quien no envía a la opinión pública los reportes de casos de corrupción en los que se involucran empresas “made in USA” como en el caso Reficar [54], o del mismo caso Odebrecht, como si lo hizo con Brasil y Ecuador, por el contrario, protege a funcionarios públicos colombianos condenados por corrupción como al exministro uribista Andrés Felipe Arias [55].

[46] http://www.semana.com/nacion/articulo/fast-track-corte-constitucional-tu...

[47] http://www.elpais.com.co/colombia/alvaro-uribe-velez-tiene-mas-de-186-pr...

[48] http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/13/fiscalia-de-colombia-asegura-que-od... y http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscal-hay-evidencia-certera-del-ingreso-de-dinero-de-odebrecht-a-campana-de-oscar-ivan-zuluaga/544784

[49] http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-ruta-de-los-sobornos-d...

[50] http://www.celag.org/la-crisis-neoliberal-y-la-paz-en-colombia-por-javie...

[51] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/los-candi...

[52] http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749

[53] https://www.elespectador.com/noticias/paz/mas-de-120-lideres-comunales-han-sido-asesinados-en-2017-articulo-724083

[54] http://caracol.com.co/programa/2016/01/28/6am_hoy_por_hoy/1453984041_656591.html

[55] http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/vinculacion-de-andres-felipe-arias-con-caso-odebrecht-esta-en-manos-de-la-fiscalia-119426

Registran tres atentados en Colombia en menos de 24 horas

Las víctimas de los ataques contra la Policía de Colombia siguen en aumento. | Foto: @GeneralNietoR

Denuncian asesinato de líder indígena Eleazar Tequia en Colombia

La Organización Nacional Indígena de Colombia informó que la Minga Educativa se desarrolló desde el 22 de enero hasta la noche de este viernes. | Foto: ONIC

Detalles de los tres atentados contra la policía colombiana

Los atentados contra la policía colombiana fueron perpetrados primero este sábado 27 de enero en José de Barranquilla; allí perecieron cinco uniformados y al menos 42 resultaron heridos; en Santa Rosa del Sur en el departamento Bolívar, otro artefacto fue detonado provocando el fallecimiento de dos policías y un lesionado y este domingo en la zona metropolitana de Barranquilla una explosión dejó dos agentes muertos y tres civiles lesionados. teleSUR

Colombia: capturan a una persona vinculada al atentado en Barranquilla

Avanzan las investigaciones de los atentados en Colombia. Ya ha sido capturado un presunto autor material del ataque en Barranquilla. Así lo informó el presidente Juan Manuel Santos. teleSUR 

La utilización del aparato judicial para resguardar el orden instituido adquiere un rol clave en un proceso en el que se hacen evidentes los lastres y miserias de un neoliberalismo que viene operando desde hace décadas [50], sosteniendo a las mismas familias en el poder y blindando a las “dinastías” políticas que usufructúan las arcas del Estado aunque estén señalados de cometer graves delitos [51]. Es evidente el creciente achicamiento del Estado en su dimensión socio-económica a favor de las mayorías históricamente postergadas, combinado con un ensanchamiento a favor del sector privado, que es bien recibido por los medios de comunicación y no resulta materia de investigación, considerando que la corrupción tiene dos contrapartes, los que dan y los que reciben, es decir las empresas privadas y los funcionarios del Estado. La corrupción en pleno modelo neoliberal, privatizado y achicado al extremo el Estado, representa el 4 % del PIB colombiano, cerca de 17 mil millones de dólares al año, según lo indica la Contraloría colombiana [52], un esquema basado en la impunidad y en la connivencia del sistema judicial, los medios de comunicación y la violencia que reprime las voces críticas (120 líderes sociales asesinados en 2017) [53]. Un neoliberalismo con impunidad para el statu quo tutelado por los Estados Unidos, quien no envía a la opinión pública los reportes de casos de corrupción en los que se involucran empresas “made in USA” como en el caso Reficar [54], o del mismo caso Odebrecht, como si lo hizo con Brasil y Ecuador, por el contrario, protege a funcionarios públicos colombianos condenados por corrupción como al exministro uribista Andrés Felipe Arias [55]. [46] http://www.semana.com/nacion/articulo/fast-track-corte-constitucional-tu... [47] http://www.elpais.com.co/colombia/alvaro-uribe-velez-tiene-mas-de-186-pr... [48] http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/13/fiscalia-de-colombia-asegura-que-od... y http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscal-hay-evidencia-certera-del-ingreso-de-dinero-de-odebrecht-a-campana-de-oscar-ivan-zuluaga/544784 [49] http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-ruta-de-los-sobornos-d... [50] http://www.celag.org/la-crisis-neoliberal-y-la-paz-en-colombia-por-javie... [51] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/los-candi... [52] http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749 [53] https://www.elespectador.com/noticias/paz/mas-de-120-lideres-comunales-han-sido-asesinados-en-2017-articulo-724083 [54] http://caracol.com.co/programa/2016/01/28/6am_hoy_por_hoy/1453984041_656591.html [55] http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/vinculacion-de-andres-felipe-arias-con-caso-odebrecht-esta-en-manos-de-la-fiscalia-119426

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