 | Lawfare (II)
BRASIL Orestes Martí |
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Lawfare: la vía “justa” al neoliberalismo
Silvina Romano, et al
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BRASIL
Uso indebido herramientas jurídicas y de selectividad
El caso contra Lula da Silva muestra diversas adulteraciones judiciales al Estado de derecho utilizado con fines políticos. La fragilidad de técnica jurídica, la inconsistencia, ha sido flagrante, evidenciable en las características que ejemplifican el caso. En la sentencia condenatoria y durante todo el período de instrucción y tramitación que lleva el expediente, se han deformado: 1) el estado de inocencia; 2) la imparcialidad del juez; 3) las motivaciones (doctrinarias) en las decisiones jurídicas; 4) la prohibición de pruebas ilícitas; 5) el principio de la isonomía (ciudadana) [15]; 6) la publicidad de los actos procesales; 7) la amplia defensa; 8) la exigencia de natural jurisdicción. A su vez, se suman cuestiones como: a) el abuso de la conducción coercitiva a declarar; b) la prisión preventiva; c) la utilización de pruebas selectivas e indicios parciales; d) el uso de arrepentidos en condiciones extremas. En síntesis: la sentencia de 238 folios del Juez Sergio Moro, como lo sugieren diversos juristas [16], muestra el modo en que se construye una condena de “excepción”, en el marco de un estado de excepción [17]
A modo de ejemplo: la acusación principal, en el marco del Lava Jato, está vinculada al caso del “apartamento triplex en Guarujá” por corrupción pasiva [18]. Ninguno de los setenta y tres testigos que se presentaron en las veintitrés audiencias brinda información que corrobore dicha presunción [19]. El caso de Lula fue programado para el 24 de enero, puesto en primer lugar frente a siete expedientes que estaban a la espera de trámite de fecha para formalizar los juicios por acciones relacionadas con Lava Jato. Organismos oficiales aducen que no es necesario “llevar un orden cronológico” de las causas[20], pero la hipótesis más certera es que el objetivo del juicio es eliminar la posibilidad de que Lula se presente a elecciones presidenciales.
A lo anterior se suma el “privilegio” para los empresarios. Marcelo Odebrecht, principal empresario y magnate implicado y responsable en causa corrupción Odebrecht, pasó, el 19 de diciembre de 2017, a prisión domiciliaria (cumpliendo solo dos años de cárcel) [21]. Otro ejemplo es que al destaparse la existencia de coimas en diversos proyectos vinculadas a Odebrecht, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a cuarenta y tres años de cárcel [22]. Estas cuatro décadas contrastan con el hecho de que los empresarios – implicados en el mismo caso- lograron reducir sus penas a seis años de prisión, mientras que el menos favorecido estará veinte años preso [23].
Marcelo Odebrecht, principal empresario y magnate implicado y responsable en causa corrupción Odebrecht, pasó, el 19 de diciembre de 2017, a prisión domiciliaria (cumpliendo solo dos años de cárcel).
Corrupción: el principal problema de Brasil
El discurso que legitima la eliminación del enemigo político (Lula, el Partido de los Trabajadores, etc.), es el de la corrupción. Sergio Moro, el juez que conduce el Lava Jato, es el héroe, el que podría “sanear” la política brasileña [24]. Hace falta una limpieza profunda: “no sólo estamos luchando con el crimen organizado, (sino) con el crimen institucionalizado” [25]. En los medios se resalta “esta acción decisiva contra la criminalidad y la corrupción de la clase política se enmarca a su vez en un fenómeno más global de rechazo al establishment y el reclamo de rendición de cuenta por parte de los políticos” [26]. La corrupción es la verdadera culpable de que no se valore “la democracia”: “es tan horrible el escenario que algunos brasileños se preguntan si la democracia y las elecciones les ofrecen la posibilidad de recomponer el país, que vaya nuevamente por buen camino” [27].
Lawfare como vía (violenta) al neoliberalismo
Desde su llegada al Gobierno, vía golpe de Estado a Dilma Rousseff, Michel Temer ha tomado medidas centradas en reducir sustantivamente el gasto social y eliminar los derechos de los trabajadores para beneficiar al sector empresarial. Implementó una ola de privatizaciones que implican a sectores muy diversos: aeropuertos, puertos, carreteras, empresas de energía eléctrica, hidrocarburos, etc. [28] Entre los objetivos a largo plazo, está la privatización de Petrobrás, petrolera estatal que constituía en buena medida el símbolo y materialización de políticas soberanas en términos de desarrollo económico, tecnológico y de defensa durante el Gobierno de Lula da Silva [29].
Uso indebido herramientas jurídicas y de selectividad
El caso contra Lula da Silva muestra diversas adulteraciones judiciales al Estado de derecho utilizado con fines políticos. La fragilidad de técnica jurídica, la inconsistencia, ha sido flagrante, evidenciable en las características que ejemplifican el caso. En la sentencia condenatoria y durante todo el período de instrucción y tramitación que lleva el expediente, se han deformado: 1) el estado de inocencia; 2) la imparcialidad del juez; 3) las motivaciones (doctrinarias) en las decisiones jurídicas; 4) la prohibición de pruebas ilícitas; 5) el principio de la isonomía (ciudadana) [15]; 6) la publicidad de los actos procesales; 7) la amplia defensa; 8) la exigencia de natural jurisdicción. A su vez, se suman cuestiones como: a) el abuso de la conducción coercitiva a declarar; b) la prisión preventiva; c) la utilización de pruebas selectivas e indicios parciales; d) el uso de arrepentidos en condiciones extremas. En síntesis: la sentencia de 238 folios del Juez Sergio Moro, como lo sugieren diversos juristas [16], muestra el modo en que se construye una condena de “excepción”, en el marco de un estado de excepción [17]
A modo de ejemplo: la acusación principal, en el marco del Lava Jato, está vinculada al caso del “apartamento triplex en Guarujá” por corrupción pasiva [18]. Ninguno de los setenta y tres testigos que se presentaron en las veintitrés audiencias brinda información que corrobore dicha presunción [19]. El caso de Lula fue programado para el 24 de enero, puesto en primer lugar frente a siete expedientes que estaban a la espera de trámite de fecha para formalizar los juicios por acciones relacionadas con Lava Jato. Organismos oficiales aducen que no es necesario “llevar un orden cronológico” de las causas[20], pero la hipótesis más certera es que el objetivo del juicio es eliminar la posibilidad de que Lula se presente a elecciones presidenciales.
A lo anterior se suma el “privilegio” para los empresarios. Marcelo Odebrecht, principal empresario y magnate implicado y responsable en causa corrupción Odebrecht, pasó, el 19 de diciembre de 2017, a prisión domiciliaria (cumpliendo solo dos años de cárcel) [21]. Otro ejemplo es que al destaparse la existencia de coimas en diversos proyectos vinculadas a Odebrecht, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a cuarenta y tres años de cárcel [22]. Estas cuatro décadas contrastan con el hecho de que los empresarios – implicados en el mismo caso- lograron reducir sus penas a seis años de prisión, mientras que el menos favorecido estará veinte años preso [23].
Marcelo Odebrecht, principal empresario y magnate implicado y responsable en causa corrupción Odebrecht, pasó, el 19 de diciembre de 2017, a prisión domiciliaria (cumpliendo solo dos años de cárcel).
Corrupción: el principal problema de Brasil
El discurso que legitima la eliminación del enemigo político (Lula, el Partido de los Trabajadores, etc.), es el de la corrupción. Sergio Moro, el juez que conduce el Lava Jato, es el héroe, el que podría “sanear” la política brasileña [24]. Hace falta una limpieza profunda: “no sólo estamos luchando con el crimen organizado, (sino) con el crimen institucionalizado” [25]. En los medios se resalta “esta acción decisiva contra la criminalidad y la corrupción de la clase política se enmarca a su vez en un fenómeno más global de rechazo al establishment y el reclamo de rendición de cuenta por parte de los políticos” [26]. La corrupción es la verdadera culpable de que no se valore “la democracia”: “es tan horrible el escenario que algunos brasileños se preguntan si la democracia y las elecciones les ofrecen la posibilidad de recomponer el país, que vaya nuevamente por buen camino” [27].
Lawfare como vía (violenta) al neoliberalismo
Desde su llegada al Gobierno, vía golpe de Estado a Dilma Rousseff, Michel Temer ha tomado medidas centradas en reducir sustantivamente el gasto social y eliminar los derechos de los trabajadores para beneficiar al sector empresarial. Implementó una ola de privatizaciones que implican a sectores muy diversos: aeropuertos, puertos, carreteras, empresas de energía eléctrica, hidrocarburos, etc. [28] Entre los objetivos a largo plazo, está la privatización de Petrobrás, petrolera estatal que constituía en buena medida el símbolo y materialización de políticas soberanas en términos de desarrollo económico, tecnológico y de defensa durante el Gobierno de Lula da Silva [29].
Las medidas se acompañan con una reestructuración de leyes a favor del ajuste. Destaca la reforma laboral y del sistema de jubilaciones “odiada por trabajadores y celebrada por empresarios”, tal como la describió la prensa hegemónica [30]. Las huelgas y manifestaciones en contra de estas reformas neoliberales fueron contrarrestadas por un amplio despliegue represivo de las fuerzas de seguridad en las calles de ciudades principales [31].
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