Omar Rafael García Lazo Analista político internacional Elecciones en Venezuela y Colombia
Tanto se habla de las elecciones en Venezuela que el mundo ignora lo que ocurre al oeste de ese país. Si la algarabía no tuviera tantas implicaciones geopolíticas, económicas, ideológicas y simbólicas, se podría llegar a pensar que tanto ruido contra Caracas busca, además, desviar la atención de lo que ocurrirá en Colombia el próximo 27 de mayo.
Ese día, justo una semana después de la fiesta electoral venezolana, los colombianos intentarán elegir un nuevo mandatario en medio de denuncias de irregularidades electorales, atentados contra candidatos presidenciales y asesinatos de líderes sociales.
VENEZUELA
Desde mucho antes que abrieran las urnas venezolanas, ya la prensa internacional y regional se hacía eco de lo que varios gobiernos del hemisferio aseguraban en inglés y en español: habría fraude.
La capacidad de predicción, o mejor, de prestidigitación de Washington y su aliados, es asombrosa. Pero lo más llamativo y también lamentable, es que la prensa ni siquiera dejó margen a la duda y enfatizó la supuesta estafa con reiteración y sin pruebas a la mano.
De nada ha servido que importantes actores internacionales avalen el sistema electoral venezolano. Reconocidas fuentes serias e informadas, como el Centro Carter, han asegurado que el sistema automático usado por el Consejo Nacional Electoral venezolano es confiable, seguro, verificable y por ende invulnerable a trampas.
El propio ex presidente estadounidense Jimmy Carter, quien aseguró no compartir la política chavista, afirmó en el 2012 que el modelo electoral venezolano “era el mejor del mundo”.
El sistema automático está diseñado para garantizar que los datos electrónicos puedan ser corroborados por las boletas emitidas, contabilidad que está asegurada por la ley. Además, el sistema es el único en la región que se somete a auditorías previas y posteriores, tal y como lo asegura el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA) en las que participan las autoridades electorales, los partidos políticos del país y los observadores internacionales que asisten al ejercicio comicial.
En el caso de las elecciones del domingo pasado participaron más de 150 acompañantes internacionales de América Latina, Europa, Rusia y África.
Solo la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, se negó a participar en el acompañamiento internacional asegurando de antemano que habría fraude, mensaje que ha prevalecido acríticamente en los circuitos mediáticos estadounidenses, españoles y latinoamericanos.
En los comicios participaron cuatro candidatos presidenciales, mientras que 14 de los 18 partidos que existen firmaron un compromiso para respetar los resultados. Solo un minúsculo sector político de la derecha extrema fue incapaz de lograr el consenso necesario para participar y designar un candidato. Esa franja política fue la que patrocinó los hechos terroristas y la violación de los derechos humanos contra la población venezolana meses atrás. Algunos políticos de esos sectores llegaron a solicitar la intervención internacional en el país.
Ante posturas de este tipo, públicas y notorias, concluyeron que sus capacidades de elección eran mínimas y decidieron entonces apostar al boicot político con respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, parte de la OEA y varios gobiernos europeos, con España a la cabeza.
Sin embargo. La elección se dio y ya se conocen los resultados preliminares: con el 92% de los votos escrutados y una participación de más del 46 %, el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con casi 6 millones de votos, en un país donde los chavistas han ganado 22 de las 25 elecciones que se han desarrollado en 19 años de Revolución.
COLOMBIA
Dos meses después de que Colombia eligiese el nuevo Congreso que se posesionará el 20 de julio, los electores de ese país buscarán elegir al nuevo presidente.
Lo curioso es que la prensa internacional y regional ni siquiera mencionó las incontables denuncias de irregularidades en las elecciones del 11 marzo, quiebres que no han sido resueltos de cara al 27 de mayo.
Por ejemplo, una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación aseveró que en las elecciones legislativas de marzo hubo una “lesión grave a la democracia si se tiene en cuenta que, desde las elecciones al Congreso en 2014, existen precedentes de fraude al sistema electoral”.
La Fundación también lanzó una severa crítica contra la Registraduría Nacional y su procedimiento para “seleccionar” los jurados de votación, fundamentales para garantizar transparencia. Igualmente señaló que los delitos electorales aumentaron de 11 en el 2017 a 16 en lo que va de año.
El estudio concluyó que “las pruebas recaudadas evidencian modificaciones artificiosas en favorecimiento o desventaja de candidatos o partidos, tanto en el pre-conteo como en el escrutinio. Se trataría de una extensa red conformada por funcionarios y ex funcionarios de la Registraduría, abogados y jurados de votación, quienes cuentan con acceso privilegiado al sistema electoral o han encontrado baches en el mismo”.
Como si esto fuera poco, diversos sectores colombianos, tanto de izquierda como de derecha, sintieron bajo sus pies la debilidad del sistema electoral en marzo. Ante el “agotamiento” de los tarjetones de la consulta interpartidista realizada junto con la elección del Congreso, la Registraduría autorizó de manera insólita fotocopiarlos, generando así un desorden impresionante en las mesas de votación, lo que sin dudas debió afectar los números finales.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral publicó un informe antes de la elección, en el que indicó que en 170 municipios del país los resultados electorales podrían ser afectados por la combinación del fraude y la violencia. Lo llamativo es que parte de esos municipios están en las grandes ciudades del país, incluyendo Bogotá.
Y lo de la violencia, tiene cifras y nombres. Entre 2016 y 2018 han sido asesinados 261 líderes sociales y de derechos humanos en Colombia, muertes que ha generado preocupación en la ONU, no así en la OEA. Es en este escenario, sin variación, que se producirán las elecciones presidenciales el próximo domingo, en un país donde en el 2014 votó el 47,8% de los electores.
Epílogo
Si observamos el silencio que sobre Colombia existe en los medios internacionales y regionales; y por otro lado medimos los argumentos que esgrimen sobre lo que ocurre en Venezuela, apreciamos un sesgo político en el tratamiento hacia Caracas.
¿Cómo es posible que los mismos que se preocupan por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sean incapaces de ver lo que ocurre en el país vecino?
¿Cómo es posible que la OEA y Estados Unidos sean tan selectivos y no dediquen iguales energías para luchar por la “democracia” y los “derechos humanos” en toda la región? ¿Acaso los demás no necesitan su “apoyo”?
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