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Pueblos: Brasil: Guerra y paz. Bolsonaro: Quousque tandem abutere patientiae est in Brazil?
Por Orestes Martí
Las Palmas de Gran Canaria
2020-9-05 Cualquier semejanza con lo expresado por Cicerón delante del Senado romano, no es pura coincidencia; tampoco lo es la etimología de Bolsonaro, en su significado militar.
Cuando desde Brasilia la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latinainformaba que “la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) a que la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva acceda a documentos de la empresa Odebrecht, que se refieran o citen al ex presidente, dominó la semana que termina hoy en Brasil” -en un despacho titulado Lula con acceso a archivos de Odebrecht domina semana en Brasil” (1)-, con la firma de Raúl Zibechi aparecía un interesante artículo publicado en Sputnik, en el que se alerta: “Bolsonaro destruye la industria militar brasileña”; todo ello en un contexto social en que según la Plataforma de vocación social TeleSUR “Brasil supera los 125.000 fallecidos por coronavirus” Veamos lo que expone Zibechi: “Aquí en Brasil las cosas van a mejorar mucho”, dijo el presidente de Taurus, Salesio Nuhs, en una entrevista con Sputnik en abril de 2019. El entusiasmo provenía de la decisión del nuevo presidente Jair Bolsonaro, de flexibilizar la tenencia y porte de armas, lo que podría multiplicar sus ventas.
Taurus es el mayor fabricante de revólveres del mundo, pero en Brasil vende apenas el 8% de su producción. EEUU es el principal mercado de la empresa brasileña, que tiene tres plantas industriales en Brasil y una en Miami, con casi 3.000 empleados. Solo la fábrica del estado de Rio Grande do Sul produce cada día 4.000 armas.
Pese a ser un fabricante reconocido cuyas armas han recibido diversos premios internacionales, Taurus decidió priorizar su producción en EEUU en detrimento de las fábricas en Brasil.
Poco más de un año después de aquel entusiasmo, Salesio Nuhs lamentó que la empresa “debe generar empleos y riqueza en otro país, en virtud de una legislación que hoy beneficia sólo a las industrias extranjeras que exportan a Brasil, sin que ninguna de ellas tenga compromiso con el bienestar ni con el progreso de nuestro pueblo, todo lo contrario, en especial en este momento de grave crisis económica”.
Folha de Sao Paulo informa que otras tres empresas destacadas de la industria de defensa están preparadas para emigrar a Paraguay, Uruguay y EEUU. Un contrasentido, ya que la industria exportó en 2019 más de 1.300 millones de dólares, tiene una red de subsidiarias que dan empleo a más de un millón de trabajadores y es un sector con importante desarrollo tecnológico.
El presidente de Taurus arremete contra las trabas burocráticas y las ventajas que el Gobierno le otorga a las empresas extranjeras. Mientras la industria brasileña necesita que sus productos sean homologados, proceso que puede demorar hasta tres años con el consiguiente desfasaje tecnológico de los productos, ese proceso no se les exige a las extranjeras.
De ahí que el presidente de Taurus, líder mundial en pistolas, señale que “vamos a producir en EEUU y vender para acá, pues así no sufrimos esas barreras tributarias y regulatorias”. La empresa, señala el CEO, vive un momento positivo ya que cuenta con pedidos pendientes de 852.000 armas.
El último conflicto surgió cuando el diario O Globo difundió que el Ministerio de Justicia abrirá una oficina en Washington para la compra de armas, municiones, uniformes y vehículos de transporte que se fabrican en Brasil. La Policía Federal estima que comprando en EEUU pueden ahorrar hasta un 40%.
Los fabricantes aseguraron a Folha que 73% del costo de una pistola son impuestos. Según este medio, la Comisión del Ejército Brasileño en Washington es una “entidad opaca, fuera del alcance del Tribunal de Cuentas de la Unión, de la Ley de Licitaciones y de la legislación estadounidense”, lo que equivale a acusarla de corrupción.
Más aún, asegura que “sus negocios, como los de las otras dos fuerzas” (que también tienen oficinas en Washington), “son notoriamente nebulosos”. También el Sindicato de la Industria de Material de Defensa se queja de“falta de transparencia y de igualdad en las regulaciones que puede obligar a la industria nacional a llevar sus fábricas fuera del país”.
La reacción más dura provino de los empresarios agrupados en la Asociación Brasileña de Industrias de Material de Defensa y Seguridad (ABIMDE), que libraron un comunicado, el 27 de agosto, titulado “Nota de repudio”, donde manifiestan su “espanto” por la apertura de la oficina en Washington para la compra de material de defensa.
La asociación denuncia una “competencia absurdamente desleal en detrimento de la industria nacional y a favor de las empresas extranjeras”, se queja de la pesada carga tributaria, del exceso de burocracia y de una logística de transporte cara e ineficiente. “La industria extranjera, al contrario, tiene su producción completamente eximida de impuestos en sus países de origen y cuando exportan a Brasil tampoco pagan impuestos a la llegada cuando sus destinatarios son organismos públicos”.
Agrega algo casi obvio: “La industria de defensa es estratégica y vital para la soberanía nacional, pues la extrema dependencia de armas y equipamientos importados sujetaría a Brasil a la buena voluntad de países extranjeros”. Finaliza recordándole a Bolsonaro su discurso cuando asumió la presidencia: “Brasil primero”.
El 18 de agosto el Comando del Ejército emitió una ordenanza que establece nuevas normas reguladoras y procesos de evaluación para productos que controla la fuerza. Le concede dos años a las empresas extranjeras para adaptarse a las reglas del país, mientras los fabricantes locales siguen sufriendo demoras en la homologación de sus productos.
El editorial de Defesanet, página especializada en asuntos militares que refleja la opinión de oficiales retirados, del 28 de agosto, menciona el “fin de la base industrial de Defensa”, como consecuencia de la política del Gobierno y denuncia la complacencia del alto mando militar que se ha refugiado en su “zona de confort”.
Parece evidente que las élites políticas y militares de Brasil están naufragando y hundiendo al país por falta de visión estratégica, corrupción y sometimiento a EEUU y al Pentágono.
De otro modo no puede entenderse una política que está hundiendo al mayor complejo industrial militar del hemisferio sur, que nació bajo la dictadura militar (1964–1985) y se fortaleció bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003–2016). Esta industria fabrica desde pistolas y fusiles hasta tanques y barcos de guerra, desde cazas de cuarta generación hasta submarinos. El objetivo del complejo militar-industrial de Brasil, como el de cualquier país, es asegurar la independencia y la soberanía nacional. Algo que viene definido en la Estrategia Nacional de Defensa aprobada en 2008 y que fue uno de los ejes de la Escuela Superior de Guerra, creada en 1949, como centro de altos estudios en defensa y geopolítica.
Fue el principal thinktank del Sur del mundo, con capacidad para formular una geopolítica propia, distinta a la que emiten las potencias del Norte. En sus cursos anuales se formaron los principales cuadros militares e industriales de Brasil, que llevaron al país a convertirse en la quinta potencia del planeta, con expectativas para situarse como jugador global (global player) con destacado liderazgo regional.
Todo indica que las élites militares de Brasil no están a la altura de los cambios que está experimentando el mundo y que optaron por cobijarse bajo el paraguas del Pentágono. Con el tiempo habrá que ver qué beneficios personales están obteniendo los uniformados que se prestan a hundir un proyecto estratégico de larga duración, que podría haber alterado la relación de fuerzas en Sudamérica.
NOTAS: 
Foto: PL
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(1) Despacho de PL.
Brasilia, 5 sep (Prensa Latina) La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) a que la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva acceda a documentos de la empresa Odebrecht, que se refieran o citen al expresidente, dominó la semana que termina hoy en Brasil.
El juez Ricardo Lewandowski, del STF, dio un plazo de 48 horas para que los abogados del fundador del Partido de los Trabajadores reciban los legajos.
Tal solicitud fue formulada por la defensa de Lula que denunció tener un acceso limitado a esos pliegos utilizados contra el ex dirigente obrero y que pueden conducir a su inocencia.
En su determinación, el magistrado escribió que resulta derecho de la defensa ‘contactar con las pruebas documentadas en los procedimientos de investigación llevados a cabo por un organismo con la jurisdicción de la Policía Judicial’´.
De acuerdo con los representantes de Lula, existen opiniones técnicas divergentes sobre la idoneidad del material de delación presentado por los ejecutivos de Odebrecht.
Parte del acuerdo se firmó con información contenida en MyWebDay y Drousys, sistemas internos informáticos de la empresa utilizados para el pago y registro de propinas, supuestamente entregadas, entre otros, al ex gobernante.
Según la determinación, Lula tendrá acceso al intercambio de correspondencia entre el grupo de tareas de la operación Lava Jato
y otros países que participaron, directa o indirectamente, en el acuerdo, como autoridades de Estados Unidos y Suiza.
Recientemente, se denunció la existencia de pactos ilegales, al margen de la legislación brasileña, entre la Lava Jato y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, Estados Unidos).
Teniendo en cuenta investigaciones, Lula habría recibido 12 millones de reales (cerca de 2,4 millones de dólares) de Odebrecht como soborno.
Pero los abogados del exjefe de Estado alertan que la imputación de la Lava Jato no se basa en planillas originales, sino en una copia del material entregado por la propia empresa.
Los juristas, incluso, advierten que los documentos fueron manipulados por la compañía constructora.
También en la semana sacudió a la sociedad brasileña la renuncia del fiscal Deltan Dallagnol, coordinador jefe de la Lava Jato en la sureña ciudad de Curitiba, al alegar motivos familiares.
De igual manera abdicaron siete procuradores de esa operación judicial en el estado de Sao Paulo, al argumentar ‘incompatibilidades insolubles’ con la actuación de la fiscal Viviane de Oliveira Martinzes, quien coordina los trabajos del grupo en el territorio.
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© REUTERS / Ueslei Marcelino
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