 https://t.me/AlbertoGarzon Canal de difusión de la actividad de Alberto Garzón, Coordinador Federal y Portavoz en el Congreso de los Diputados de Izquierda Unida En este 6 diciembre, tenemos poco que celebrar y mucho que reivindicar. Necesitamos, 39 años después, una nueva Constitución adaptada a la realidad social del país. Una Constitución en la que los derechos sociales, los derechos de los pueblos y los Derechos Humanos no sean bonitos artículos que no se cumplen. Un Constitución hecha desde abajo, participativamente, que no sea fruto de un acuerdo entre élites ni se vote bajo la presión del ruido de sables. Una Constitución que sea heredera de la Constitución legítima de la II República y no de la dictadura. Una Constitución federal, social, feminista, laica, ecologista y, por supuesto, republicana. Necesitamos, en definitiva, una nueva Constitución para un nuevo país.
Necesitamos una #NuevaConstitución para construir un nuevo país más democrático,
justo, libre y, por supuesto, republicano.
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Canal oficial de Izquierda Unida en Telegram. #PorUnNuevoPaís más justo, digno, democrático y soberano.
Este 6 de diciembre, desde IU denunciamos el agotamiento de
la Constitución del 78 y manifestamos la necesidad de una nueva Constitución.
Nuestra sociedad ha cambiado profundamente en estos 39 años, hasta el punto de
que quienes tienen menos de 57 años, la gran mayoría de la población, no pudo
votar en 1978.
Es por eso que proponemos e impulsamos un proceso constituyente para, entre todos y todas, construir una nueva Constitución desde abajo de forma democrática y participativa para que represente la realidad de la sociedad actual.
Una Constitución que blinde los derechos sociales, del pueblo y de los pueblos. Social, federal, laica, feminista, ecologista y republicana. Donde el derecho al trabajo, la vivienda, la educación o la sanidad no sean papel mojado. Donde, en resumen, el derecho a una vida digna y los Derechos Humanos estén por delante de los intereses del capital, las grandes empresas y la banca.
Puedes usar el HT #NuevaConstitución en Twitter para apoyar nuestra campaña, así como mover el vídeo que incluye este mensaje entre tus contactos.
Es por eso que proponemos e impulsamos un proceso constituyente para, entre todos y todas, construir una nueva Constitución desde abajo de forma democrática y participativa para que represente la realidad de la sociedad actual.
Una Constitución que blinde los derechos sociales, del pueblo y de los pueblos. Social, federal, laica, feminista, ecologista y republicana. Donde el derecho al trabajo, la vivienda, la educación o la sanidad no sean papel mojado. Donde, en resumen, el derecho a una vida digna y los Derechos Humanos estén por delante de los intereses del capital, las grandes empresas y la banca.
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¡Por una nueva Constitución para un nuevo país!
Por baragua
Los partidos políticos que han pasado por el gobierno español tras la muerte de Franco —UCD, PSOE y PP— han acallado y tratan de acallar las voces discrepantes utilizando como arma disuasoria y represora a la Constitución de 1978. Y lo han hecho esgrimiéndola como si de una obra maestra se tratara, de la que, por “perfecta”, ni una sola coma se debe cambiar.
En realidad sí se ha cambiado alguna vez, un par de ellas concretamente —en 1992 para adecuar la estructura judicial española a la UE (art. 13.2), y en 2011 para fijar el techo de gasto (art. 135)—. Por supuesto que el hoy rey emérito, Juan Carlos de Borbón, preparado e impuesto por Franco para dejar todo “atado y bien atado”, sigue gozando de privilegiada protección en el seno de la citada Carta Magna, igual que el actual Jefe del Estado, el rey Felipe VI.
En realidad sí se ha cambiado alguna vez, un par de ellas concretamente —en 1992 para adecuar la estructura judicial española a la UE (art. 13.2), y en 2011 para fijar el techo de gasto (art. 135)—. Por supuesto que el hoy rey emérito, Juan Carlos de Borbón, preparado e impuesto por Franco para dejar todo “atado y bien atado”, sigue gozando de privilegiada protección en el seno de la citada Carta Magna, igual que el actual Jefe del Estado, el rey Felipe VI.
La Constitución monárquica que tanto defienden los principales grupos políticos del Estado español es fruto de una “ruptura pactada” con el franquismo, y no de una “ruptura democrática” con éste, que es lo que se demandaba masivamente en la calle. Las estructuras del franquismo siguen intactas, de modo que la “Transición” que tanto nombran nunca ha existido. ¡Y aún tienen el cinismo de llamarla modélica! ¡Que no nos vengan con cuentos! Entre 1976 y 1980 la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha asesinaron impunemente a más de cien personas, y miles de detenidos fueron salvajemente torturados.
La población fue totalmente ninguneada, ya que la redacción del texto constitucional fue realizada a sus espaldas. Elaborado de forma casi clandestina, el primer conocimiento que tuvo la ciudadanía acerca del mismo fue a través de una filtración a la revista “Cuadernos para el diálogo”, que publicó el borrador y montó una buena bulla.
La autoría de la Carta Magna se le atribuye a Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero por la UCD —franquista—; Gregorio Peces Barba por un PSOE de ideología decadente, que renunció al marxismo —el 8 de abril de 1978— y se dedicó —y se dedica— a ocupar la mejor “posición” posible a base de lo que haga falta para conseguirlo; Manuel Fraga Iribarne por AP —ministro de Información y Turismo con Franco entre 1962 y 1969, y ministro de la Gobernación en 1976; responsable de numerosos asesinatos durante la ostentación de este último cargo—; Miguel Roca por CIU —de derechas—; y Jordi Solé Tura por un PCE que para poder acceder a la legalidad —el 9 de abril de 1977— hubo de claudicar y pasar a enarbolar en sus mítines la bandera de Franco y de los Borbones, reconocer oficialmente la unidad de España, firmar la Ley de la Reforma Política —18 de noviembre de 1976— y los Pactos de la Moncloa —25 de octubre de 1977—, que supuso un notable retroceso en las conquistas obreras conseguidas con mucho esfuerzo y dolor durante tantos años de lucha. Y todas esas inaceptables concesiones fueron realizadas, según el traidor Santiago Carrillo —secretario general, por aquel entonces—, “por el peligro que se cierne sobre la democracia”. Casi treinta años necesitó el PCE para por fin desvincularse oficialmente de la Constitución de 1978, argumentando el incumplimiento de todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos, ambientales, y el recorte de las libertades políticas.
Estos siete “viriles” individuos fueron, pues, las cabezas visibles que oficialmente frustraron la demandada ruptura democrática con el franquismo, y de aquella negación nació la Constitución que tan orgullosamente exhiben hoy los paladines de la “democracia española”. Estos “siete magníficos” son los padres de la “criatura” que, en los treinta y nueve años que ahora cumple, prácticamente nunca ha experimentado cambio sustancial de “peinado” ni de “vestido” porque, según pretenden hacernos creer, ya es lo suficientemente atractiva; y lo dicen a pesar de que su llegada al mundo fue de manera provisional.
La Constitución no es ajena, tampoco, al parlamento surgido tras las elecciones nada democráticas del 15 de junio de 1977.
Por otra parte, conviene recordar que el gobierno no permitió hacer campaña a los partidarios del no y de la abstención. La participación en el referéndum fue sólo del 66,96%, eso a nivel de todo el Estado, donde la mayoría votó “sí”. En la Comunidad Autónoma Vasca —CAV—, por ejemplo, sólo el 30% de los censados votó a favor, y el otro 70% se decantó por el no y la abstención, que superó el 55%. El Referéndum estuvo plagado de irregularidades. Los datos censales del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral Central solo coincidían en 11 provincias de todo el Estado Español, que tiene 50.
Otro dato muy significativo es que, en 1978, la mayoría la mayoría de edad estaba en los 21 años. Eso quiere decir que los que hoy tienen menos de 60 ni siquiera tuvieron la posibilidad de votar a favor o en contra de la Constitución que alberga en su seno al ya famoso artículo 155. Dicho de otra manera, más del 70% de la población actual está sometida a una Carta Magna que le es absolutamente ajena. Sobra decir que, además, parte de ese escaso 30% votó en contra de la “obra maestra” que tanto defiende la reacción española. ¿Esto es acaso democrático? Sólo los necios y los canallas pueden responder de manera afirmativa.
Es curioso como las mismas personas que esgrimen la Constitución para negar demandas irrenunciables de amplios sectores de la sociedad —el derecho a la autodeterminación, por ejemplo—, hacen caso omiso a exigencias tan elementales registradas en la Carta Magna, como son el derecho al trabajo y a la vivienda digna —artículos 35 y 47 respectivamente.
Cada 6 de diciembre, las “virtudes” de la Constitución española son resaltadas por los “demócratas de toda la vida” del Reino de España —tremenda paradoja: democracia y monarquía nunca podrán ir juntas cogidas de la mano—, pero lo cierto es que el grueso de la ninguneada población no tiene nada que celebrar en la citada fecha.
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