Eduardo Rodríguez-Baz: La judicialización de un conflicto político

CATALUÑA

La judicialización de un conflicto político

Por Eduardo Rodríguez-Baz*

Corresponsal jefe/Madrid

Alejado de la moderación que suele reclamar a sus adversarios ideológicos, el gobierno español optó por la fuerza y de manera fulminante postergó —porque no resolvió— una solución dialogada a los anhelos secesionistas en la región de Cataluña

Con el aval del Senado —donde su agrupación, el derechista Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta—, el jefe del Ejecutivo de España, Mariano Rajoy, acordó el 27 de octubre asumir el control de esa comunidad autónoma “para restaurar la legalidad”.

Ese mismo día, el parlamento catalán —dominado por las fuerzas separatistas— aprobó una declaración unilateral de independencia en línea con el mandato recibido en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Al amparo del artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en casi 40 años de democracia, Rajoy puso en marcha una rigurosa aplicación de la polémica cláusula para liquidar el proceso soberanista emprendido en los últimos años por las autoridades regionales

Entre las medidas excepcionales para sofocar el grave conflicto territorial y desoyendo numerosos llamados al diálogo, el dirigente conservador destituyó al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todo su gabinete.

Además, disolvió la cámara regional y convocó a elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre, pese a que esa autonomía celebró unos comicios democrá- ticos el 27 de septiembre de 2015, en los que se impuso el movimiento independentista

Transcurridos apenas ocho días de esa inédita intervención, la situación en el rico territorio de 7,5 millones de habitantes — lejos de estabilizarse—, se agravó a niveles insospechados, lo cual provocó una mayor fractura en la sociedad catalana

En poco más de una semana de intervención y bajo el paraguas del 155, resoluciones judiciales acompasadas al gobierno del PP llevaron a la cárcel a ocho miembros de la cesada administración autonómica, incluido a su otrora vicepresidente Oriol Junqueras.

La Audiencia Nacional aceptó así la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reprobado meses atrás por el Congreso de los Diputados, contra Puigdemont y todos sus exconsejeros, a quienes acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos

El alto tribunal decretó el jueves prisión sin fianza contra los dirigentes por los delitos vinculados con el plan de la Generalitat (ejecutivo catalán), que culminó el 27 de octubre con la proclamación de una República, por el parlamento regional

Partidos de diverso signo, contrarios tanto a la unilateralidad de la Generalitat como a la activación del controvertido precepto constitucional, calificaron de desproporcionadas y contraproducentes las resoluciones de la justicia del país europeo. Advirtieron que el delito de rebelión imputado a los líderes independentistas es inconsistente, porque implica un levantamiento público y violento que nunca existió. 

 “Día negro para Cataluña. El Gobierno escogido democráticamente en las urnas, a la cárcel”, denunció en Twitter la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en alusión al encarcelamiento de los colaboradores de Puigdemont.

Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia, pero apoya un referéndum pactado y con garantías en Cataluña, denunció la existencia de “presos políticos”.

“Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores”, escribió en la propia red social.

El conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue más allá en sus críticas y exigió la “destitución fulminante” del fiscal general del Estado por lo que consideró una politización de la justicia. 

A juicio del PNV, la crisis catalana no se resolverá a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con diálogo, política y negociación que respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas

**Eduardo Rodríguez-Baz
 Corresponsal jefe/Madrid
 Ostenta el "Reconocimiento a la Práctica Responsable de la Comunicación Social" (2015), "por el estricto cumplimiento de los principios básicos de la práctica comunicacional responsable: verdad y precisión; independencia; equidad e imparcialidad; Humanidad y responsabilidad"; así como la "Distinción Ernest Hemingway" (2017) "por su labor profesional en el campo de la Información y la Comunicación Social y por la práctica de un periodismo ético y de calidad, desde una perspectiva de utilidad social, con un enfoque popular, socio cultural y educativo, con el fin de democratizar la infoCom y contribuir al empoderamiento ciudadano".