Cobertura temática: Cataluña
A continuación las últimas noticias, comentarios, opiniones y posicionamientos de personalidades y fuerzas políticas y sociales sobre la muy delicada situación en la Comunidad Autónoma de Cataluña
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
INFORMACIÓN ACTUAL
Agencia Latinoamericana Prensa Latina
Madrid, 2 nov (PL) El destituido presidente de Cataluña Carles Puigdemont reclamó hoy la liberación de ocho miembros de su gobierno encarcelados por la justicia española, acusados de rebelión y sedición en relación con el proceso secesionista en esa región.
'Como presidente legítimo de Cataluña, exijo la liberación de los consejeros y del vicepresidente' Oriol Junqueras y el cese de la represión política, indicó el líder separatista desde Bélgica en un vídeo difundido por la televisión pública catalana TV3.
Denunció que la prisión incondicional sin fianza decretada este jueves contra una parte de su defenestrado gabinete es un golpe contra las elecciones anticipadas del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno español tras intervenir esa comunidad autónoma.
A su juicio, esos comicios, convocados por el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, para frenar el desafío independentista, se desarrollarán en un clima sin precedentes en la Europa del siglo XXI.
En esa línea, exhortó a la comunidad internacional y a los países europeos a darse cuenta del peligro que, según su criterio, representa la actitud del Estado.
Advirtió que confinar a sus ocho colaboradores es un 'gravísimo atentado a la democracia', porque, recordó, se trata de dirigentes políticos que cumplieron un compromiso electoral, en referencia a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Con su decisión, 'el Gobierno español renuncia al diálogo necesario para resolver un problema político y, en su lugar, apuesta por la vía de la represión', manifestó Puigdemont en su mensaje desde Bruselas.
Encarcelar a un gobierno democrático por cumplir su programa electoral es situarse fuera del Estado de derecho, opinó.
Avisó a los ciudadanos de Cataluña de que 'nos espera una represión larga y feroz, la furia con la que el Estado español ha respondido es desbocada y lo amenaza todo.
Sin embargo, llamó a los catalanes a no desfallecer y a combatir esa agresividad sin violencia, en paz, y con respeto de todas las personas y opiniones.
Izquierda Unida (Fuerza política de izquierda)
No tiene sentido alguno que se les juzgue por rebelión, dado que dicho delito exige que haya habido ejercicio de la violencia. Además, la Audiencia Nacional no tiene competencias para juzgar dicho delito, pero la jueza lo ha interpretado a su antojo buscando un objetivo político.
Ninguna persona que se considere demócrata puede estar satisfecha con esta decisión, que lejos de reducir tensiones sólo contenta a los sectores más ultras e irresponsables. Un país en el que es más fácil ser encarcelado por hacer política que por ser corrupto es la expresión más clara de un modelo de Estado agotado.
Público (Publicación. España)
Los 10 'agujeros negros' de la Justicia en las querellas y la prisión de los independentistas
La precipitación de la actuación del fiscal general y de la jueza de la Audiencia contra los miembros del Govern y los de la Mesa del Parlament, en pleno arranque del proceso electoral hacia el 21-D, arrebatando las competencias al TSJC, construyendo argumentos jurídicos "aberrantes" y vulnerando derechos fundamentales y de defensa de los imputados, podría dar al traste con toda la causa si ésta es revisada por tribunales europeos, como parece que acabará ocurriendo.
MADRID 03/11/2017 Actualizado: 08:00 CARLOS ENRIQUE BAYO @tableroglobal
La extensa querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los cesados miembros del Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament, que ya ha conducido a prisión al exvicepresident Oriol Junqueras y a ocho exconsellers, tiene la apariencia de un documento impecable, denso y farragoso por sus abundantes razonamientos jurídicos. Sin embargo, tanto esas argumentaciones como la fulgurante instrucción de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están cuajadas de agujeros negros que podrían invalidarlas.
Especialmente porque las órdenes internacionales de detención cursadas por la magistrada contra el expresident Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas obligará a la intervención de la Judicatura belga, que puede examinar esas actuaciones y motivaciones con una lupa que ponga de manifiesto todas esas contradicciones e irregularidades, que además apuntan a razones y objetivos políticos para esa causa general contra los líderes independentistas catalanes.
Estos son los diez defectos jurídicos más flagrantes de este complejo procedimiento, según fuentes judiciales y letradas consultadas por Público:
1. Precipitación y alteración de los ritmos judiciales
La velocidad imprimida por Maza y Lamela a las actuaciones contra los encausados es tan desmesuradamente precipitada que en la práctica está negando las garantías de defensa y violando los derechos fundamentales de los investigados, según han denunciado magistrados y juristas. Además, esto es algo muy peligroso en términos de jurisprudencia, ya que se van a santificar procedimientos judiciales extremos que hasta ahora no habían sido aceptados en ninguna causa anterior.
Para empezar, los ritmos judiciales normales son mucho más lentos que los de las decisiones y medidas políticas, precisamente porque los magistrados siempre apelan a la necesidad de sosiego, estudio y respeto de las garantías procesales. Así, en el caso de cualquier otra querella el juez no llama a declarar de inmediato al querellado, sino que lo convoca primero para darle copia de ella y de los documentos en los que se fundamenta, momento en el que lo (o la) cita para tomarle declaración más adelante, cuando haya podido estudiar las acusaciones con ayuda de su defensa letrada.
Porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado parcialmente hace bien poco, en 2015, para dejar claro que hay derecho a tener el atestado antes de ser llamado a declarar. Por supuesto, siempre es preciso dar antes traslado de la propia querella, pero también del atestado que la acompaña, porque cada uno de los querellados tiene que poder ver no sólo lo que se dice de él/ella sino también de lo que se dice de los otros implicados.
En consecuencia, no es de recibo que se cite a los procesados en un festivo y que reciban esa citación menos de 24 horas antes de la cita para declarar ante el juez, sin haber tenido tiempo para estudiar una querella tan compleja.
2. Actuación judicial contra políticos en plazo electoral
Algunos delitos electorales recogidos en la LOREG.
Delitos electorales recogidos en la LOREG, incluido el de "perjudicar a un candidato".
Aunque no esté regulado de forma explícita, es una norma no escrita de la Judicatura que las actuaciones judiciales en las que se ven implicados dirigentes políticos tienen que ralentizarse, incluso detenerse, durante el plazo –nunca demasiado largo, en términos de los procedimientos judiciales– previo a unas elecciones. Y esta norma ha sido refrendada muy recientemente por el propio Tribunal Supremo, que en 2016 impidió a ex candidatos políticos continuar con sus procedimientos judiciales en tanto no culminase un nuevo proceso electoral... ¡a pesar de que ya no se presentaban en ninguna lista y habían manifestado su decisión de abandonar la política!
Además, el artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG) advierte en su punto séptimo que los funcionarios públicos cometen delito en el caso de que "causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato". Por eso paralizan sus actuaciones los magistrados en etapa electoral. En este caso concreto, no cabe duda de que Junqueras y los exconsellers en prisión serán candidatos a las elecciones del 21-D y resultarán electos, así que la dudosa decisión judicial de encarcelarlos les causa, sin duda, "manifiesto perjuicio".
Porque lo que no se puede impedir es que se presenten a cargo electo, ya que en España no existe la inhabilitación cautelar –sólo corresponde a sentencia firme–, pero el fiscal general y la jueza de la Audiencia están actuando como si no pudiesen volver a estar aforados. Mejor dicho, parecen estar tratando de impedirlo, lo que si se demostrase supondría una prevaricación delictiva.
3. La Audiencia envía a prisión sin ser de su competencia
Queda aún más claro que lo que se está intentando es impedir que los encausados, muchos de ellos ya presos, vuelvan a ser consellers, cuando se constata que la Audiencia Nacional no es en absoluto competente para enjuiciar por rebelión a Junqueras y a los otros que acaba de enviar a prisión. Y no es una opinión de juristas, sino que está clara e inequívocamente dictaminado por el auto de 2 de diciembre de 2008, emitido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, en el que 20 magistrados establecieron por unanimidad que "el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional":
Todos los magistrados del Pleno y de la actual Sala de Apelación firmaron ese auto incuestionado a instancias del presidente de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, para resolver la causa sobre Memoria Histórica en la que fue, precisamente, el fiscal quien le advirtió a Baltasar Garzón de que la Audiencia Nacional no tenía competencia para encausar por un delito de rebelión. Así que la jueza Lamela está tomando resoluciones durísimas, privando de libertad a ciudadanos relevantes por la vía rápida y causando por tanto alarma social, sin tener ni siquiera la competencia para ello. Y el fiscal general Maza lo sabe perfectamente, porque él era antes magistrado de la Sala Segunda del Supremo.
4. La Mesa del Parlament no compete al Supremo
Otro tanto ocurre, incluso más flagrantemente, con el enjuiciamiento de Carme Forcadell y de los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya por parte del Tribunal Supremo, ya que al pertenecer a la Diputación Permanente de la Cámara continúan aforados y por tanto sólo puede procesarlos el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
No obstante, el fiscal Maza se ha aferrado a un razonamiento capcioso: los artículos 56 y 57 del Estatut de Autonomia dicen que el TSJC tiene atribuciones exclusivas sobre los aforados para los delitos cometidos en Catalunya, pero que si se trata de un delito cometido fuera de la comunidad –y por supuesto no son opiniones vertidas o votos ejercidos en sede parlamentaria, que tienen inviolabilidad– entonces es competente el Supremo. Así que Maza dice que el delito que atribuye a Forcadell y a la Mesa del Parlament se ha cometido fuera de Catalunya... porque puede tener efectos en todo el Estado.
Según los juristas consultados por Público, eso es "una construcción jurídica aberrante".
Más aún, Maza añade una cláusula inexistente de protección de la Judicatura y dice que además es conveniente alejar el caso un poco de la Judicatura catalana, porque está sometida a presiones. Eso es tanto como manifestar que desconfía del presidente del TSJC.
5. El fiscal general construye una querella partidista
Ya se han mencionado dos casos claros de montaje partidista en la querella de Maza –cuando obvia premeditadamente un auto del Pleno de la Audiencia Nacional que nunca ha sido corregido y cuando pretende que la Mesa del Parlament delinquió fuera de Catalunya–, pero esa elaborada construcción contiene muchos más razonamientos torticeros. Porque, por supuesto, la competencia de los tribunales no depende de los argumentos peregrinos que se le ocurran al fiscal general.
Tan endeble es lo que aduce para atribuir la competencia de la Audiencia Nacional en el delito de rebelión (en contra del auto irrebatible de su propio Pleno) que se ve obligado a argumentar más razones para ello, ya que no puede acogerse a ningún artículo que claramente lo disponga. Y alega que los presuntos delitos de los miembros del Govern han sido cometidos en varias provincias y que trascienden a la comunidad autónoma de Catalunya, por lo que debe intervenir la Audiencia.
Pero Maza sabe muy bien –porque es un buen jurista– que el Artículo 65 de la Ley Orgánica estipula que competen a la Audiencia Nacional los delitos con efectos en más de una comunidad autónoma sólo en los casos de tráfico de drogas u organización criminal, o bien en los que hayan causado perjuicios evidentes e importantes a la economía nacional en su conjunto. Queda claro que de ninguna manera se pueden calificar así los actos en los que participó la Mesa del Parlament.
Maza cita como elementos de jurisprudencia para avalar sus tesis que en sendos casos asumidos por los juzgados centrales de instrucción 2 y 3 –sobre desafíos independentistas de ayuntamientos catalanes– "nadie discutió la competencia". Primero, eso es una selección de jurisprudencia que algún magistrado ha llegado a calificar en privado como "vergonzante". Pero, sobre todo, el hecho de que no se cuestione algo no hace jurisprudencia, mientras que el auto del Pleno de la Audiencia de 2008 sí lo hace, pero Maza lo omite pese a tener perfecto conocimiento de su existencia.
6. El fiscal no defiende los derechos de los encausados
Muchos creen que es sólo el Derecho anglosajón el que dispone que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar tanto lo que es desfavorable como lo que es favorable para el reo. Pero resulta que en nuestro ordenamiento jurídico la Fiscalía también tiene ese deber, porque el Artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al Ministerio Público español a consignar en el sumario tanto los hechos que favorecen como los que perjudican al encausado.
Pero Maza no hace eso en ningún momento. Sólo se dedica a cargar las tintas de las actuaciones presuntamente delictivas de cargos electos y se comporta como si fuera un abogado de la acusación, cuando es su obligación también velar por los derechos fundamentales de los procesados y defender la legalidad de las actuaciones judiciales. Hace todo lo contrario, como veremos en el próximo apartado.
7. No se respetan los derechos procesales básicos
La falta de respeto hacia los derechos procesales básicos se ha manifestado en la forma de comunicar los cargos a los encausados. Ya comentamos antes la precipitación y celeridad atípica de las citaciones a declarar. Pero en el caso de Puigdemont ha sido aún más descarado, puesto que ni siquiera se le ha llegado a citar personalmente, algo inexcusable en la primera comunicación de una querella a un reo. El propio portavoz de Jueces por la Democracia (JxD), Ignacio González Vega, ha subrayado que la primera citación siempre tiene que ser en persona, cosa que no ha sido posible inicialmente porque se encontraba en Bruselas.
La réplica conservadora para obviar ese principio del Derecho la dio el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, aduciendo que el expresident se había ido a Bruselas precisamente para evadir la acción de la Justicia y que no se podía detener esa maquinaria porque no fuera posible encontrarle, ya que se podría producir un "bucle paralizante" que impidiera iniciar las actuaciones judiciales.
Argumento bastante forzado, cuando eso es un criterio del siglo pasado y se ampara en la ley anterior a la reforma del 2015. Ahora, hasta el Supremo ha definido que, además de las primeras 24 horas, hay que conceder tres o cuatro días más para dar traslado de la querella. Puigdemont no está todavía huido y si ha solicitado declarar por videoconferencia es que su abogado ha designado un domicilio, una dirección de internet y un teléfono con acceso a fibra óptica para efectuarla por Skype u otro medio, cosa a la que tiene derecho según la nueva ley.
En esas circunstancias, hay que cursar primero una citación para entregar en persona. No vale con pretender que Puigdemont puede ser citado por los medios de comunicación. Todo el mundo tiene derecho a una primera citación personal, intentada seriamente, y sólo se puede cursar orden de captura cuando se demuestra que no ha sido atendida. Cosa que no es el caso, porque el expresident ha pedido declarar por videoconferencia y todavía no consta –jurídicamente hablando– que pretenda evadir la acción de la Justicia. Pese a lo cual se ha ordenado ya su detención y entrega mediante los mecanismos internacionales de Europol, como si fuera un fugitivo.
8. A Puigdemont se le niega el derecho de defensa
Como consecuencia de lo anterior, se ha cometido una nueva vulneración del derecho de defensa de Puigdemont: la de negar que estuvieran presentes sus abogados en las declaraciones de los otros encausados. Eso es totalmente irregular, ya que cuando finalmente declare –sea por videoconferencia, detenido, extraditado o tras regresar voluntariamente– tendrá que hacerlo sin saber lo que han dicho los demás sobre él.
Por ejemplo, Junqueras podría haberle incriminado en su declaración, alegando que le forzó a ejecutar determinados actos, sin que los letrados de Puigdemont hayan tenido conocimiento de esa acusación por parte de otro de los acusados. Una situación que es de evidente indefensión para los investigados que la padecen.
Además, con la última reforma legal de 2015 cualquier investigado puede fijar su residencia en un país del espacio Schengen –sea Dinamarca, Alemania, Francia o Bélgica– y pedir que todas las diligencias le sean remitidas a ese domicilio.
9. La juez decreta prisión sin valorar el "arraigo"
La magistrada Lamela ha dictado con gran celeridad órdenes de prisión para Junqueras y ocho exconsellers sin valorar el "arraigo" de los encausados, un criterio que siempre se tiene en cuenta antes de decretar encarcelamientos. Puede parecer clasista, y probablemente lo es, pero el "arraigo" siempre evita el encarcelamiento de los encausados aun en el caso de empresarios con desfalcos importantísimos que podrían darles medios económicos suficientes para evadir la acción de la Justicia.
Es decir, si se demuestra que el acusado tiene un arraigo social; o sea, hijos que van a un instituto o a un colegio, que participa en la asociación de padres, que pertenece a organizaciones culturales a las que asiste todas las semanas, que cuenta con arraigo patrimonial, laboral, social… en ese caso, los jueces no meten al acusado en prisión, porque consideran que va a ir al juicio.
Y, si existen dudas, siempre se pueden aplicar medidas cautelares sin detención: vigilancia policial, obligación de presentación diaria en comisaría, métodos electrónicos de seguimiento... Sólo se decreta el ingreso en prisión inmediato para delincuentes sin arraigo alguno. ¿Piensan Lamela y Maza que Junqueras y los exconsellers van a abandonar su familia, sus bienes, su arraigo en Catalunya, para darse a la fuga? ¿Todos ellos?
10. Violación del secreto de las comunicaciones
Finalmente, existe una irregularidad procesal que algunos juristas estiman definitiva. Incluso creen que podría llevar a la nulidad de toda la causa, como ocurrió en el caso Naseiro de financiación ilegal del PP en el inicio de esa formación.
Se trata de las peticiones de escuchas telefónicas al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que lleva nueve meses tramitando en secreto la denuncia del partido ultraderechista VOX contra el juez Santi Vidal por haber dicho que tenía todos los datos fiscales de los catalanes.
A raíz de esa presunta violación de la ley de protección de datos, Sunyer ha ordenado 14 detenciones, una docena de registros e innumerables escuchas telefónicas de relevantes dirigentes independentistas, como los dos Jordis (Sánchez y Cuixart, de la ANC y Ómnium, hoy presos) o incluso consellers. El problema es que la jueza Lamela le ha solicitado muchas de esas grabaciones, bajo secreto de sumario, pero no ha pedido también los autos de Sunyer que deben justificar esa vulneración del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones privadas.
El contenido de esas comunicaciones ha sido, por tanto, empleado para acusar a los imputados, sin que se haya verificado si los atestados de Sunyer –quien ya cuenta más de 70 años y tiene en su haber diversas actuaciones imprudentes, como enviar a prisión incondicional a independentistas que luego han tenido que ser absueltos e indemnizados por el tiempo de encarcelamiento– avalan con la suficiente motivación jurídica esa vulneración de un derecho fundamental.
Tras la reforma de 2015, ahora la legislación es mucho más restrictiva y clara que antes: establece los principios de necesidad, de subsidiariedad, de proporcionalidad... el traslado al Ministerio Fiscal y muchas otras prevenciones. Así que Maza y Lamela deberían extremar el cuidado en emplear esas escuchas, quizá envenenadas por falta de justificación legal y por haber sido recomendadas por la Guardia Civil que ya las conocía por su empleo en una causa totalmente ajena.
Ése podría ser el último"árbol envenenado" que intoxique mortalmente la causa contra los líderes independentistas catalanes. Pero, en cualquier caso, la construcción jurídica levantada por Maza y Lamela tiene los cimientos en el fango... y los tribunales europeos no juzgarán ese edificio legal con los evidentes criterios políticos que están guiando una actuación judicial claramente teledirigida por la Fiscalía General del Estado que depende jerárquicamente del Gobierno de Rajoy.
MADRID 03/11/2017 Actualizado: 08:00 CARLOS ENRIQUE BAYO @tableroglobal
La extensa querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los cesados miembros del Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament, que ya ha conducido a prisión al exvicepresident Oriol Junqueras y a ocho exconsellers, tiene la apariencia de un documento impecable, denso y farragoso por sus abundantes razonamientos jurídicos. Sin embargo, tanto esas argumentaciones como la fulgurante instrucción de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están cuajadas de agujeros negros que podrían invalidarlas.
Especialmente porque las órdenes internacionales de detención cursadas por la magistrada contra el expresident Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas obligará a la intervención de la Judicatura belga, que puede examinar esas actuaciones y motivaciones con una lupa que ponga de manifiesto todas esas contradicciones e irregularidades, que además apuntan a razones y objetivos políticos para esa causa general contra los líderes independentistas catalanes.
Estos son los diez defectos jurídicos más flagrantes de este complejo procedimiento, según fuentes judiciales y letradas consultadas por Público:
1. Precipitación y alteración de los ritmos judiciales
La velocidad imprimida por Maza y Lamela a las actuaciones contra los encausados es tan desmesuradamente precipitada que en la práctica está negando las garantías de defensa y violando los derechos fundamentales de los investigados, según han denunciado magistrados y juristas. Además, esto es algo muy peligroso en términos de jurisprudencia, ya que se van a santificar procedimientos judiciales extremos que hasta ahora no habían sido aceptados en ninguna causa anterior.
Para empezar, los ritmos judiciales normales son mucho más lentos que los de las decisiones y medidas políticas, precisamente porque los magistrados siempre apelan a la necesidad de sosiego, estudio y respeto de las garantías procesales. Así, en el caso de cualquier otra querella el juez no llama a declarar de inmediato al querellado, sino que lo convoca primero para darle copia de ella y de los documentos en los que se fundamenta, momento en el que lo (o la) cita para tomarle declaración más adelante, cuando haya podido estudiar las acusaciones con ayuda de su defensa letrada.
Porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado parcialmente hace bien poco, en 2015, para dejar claro que hay derecho a tener el atestado antes de ser llamado a declarar. Por supuesto, siempre es preciso dar antes traslado de la propia querella, pero también del atestado que la acompaña, porque cada uno de los querellados tiene que poder ver no sólo lo que se dice de él/ella sino también de lo que se dice de los otros implicados.
En consecuencia, no es de recibo que se cite a los procesados en un festivo y que reciban esa citación menos de 24 horas antes de la cita para declarar ante el juez, sin haber tenido tiempo para estudiar una querella tan compleja.
2. Actuación judicial contra políticos en plazo electoral
Delitos electorales recogidos en la LOREG, incluido el de "perjudicar a un candidato".
Aunque no esté regulado de forma explícita, es una norma no escrita de la Judicatura que las actuaciones judiciales en las que se ven implicados dirigentes políticos tienen que ralentizarse, incluso detenerse, durante el plazo –nunca demasiado largo, en términos de los procedimientos judiciales– previo a unas elecciones. Y esta norma ha sido refrendada muy recientemente por el propio Tribunal Supremo, que en 2016 impidió a ex candidatos políticos continuar con sus procedimientos judiciales en tanto no culminase un nuevo proceso electoral... ¡a pesar de que ya no se presentaban en ninguna lista y habían manifestado su decisión de abandonar la política!
Además, el artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG) advierte en su punto séptimo que los funcionarios públicos cometen delito en el caso de que "causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato". Por eso paralizan sus actuaciones los magistrados en etapa electoral. En este caso concreto, no cabe duda de que Junqueras y los exconsellers en prisión serán candidatos a las elecciones del 21-D y resultarán electos, así que la dudosa decisión judicial de encarcelarlos les causa, sin duda, "manifiesto perjuicio".
Porque lo que no se puede impedir es que se presenten a cargo electo, ya que en España no existe la inhabilitación cautelar –sólo corresponde a sentencia firme–, pero el fiscal general y la jueza de la Audiencia están actuando como si no pudiesen volver a estar aforados. Mejor dicho, parecen estar tratando de impedirlo, lo que si se demostrase supondría una prevaricación delictiva.
3. La Audiencia envía a prisión sin ser de su competencia
Queda aún más claro que lo que se está intentando es impedir que los encausados, muchos de ellos ya presos, vuelvan a ser consellers, cuando se constata que la Audiencia Nacional no es en absoluto competente para enjuiciar por rebelión a Junqueras y a los otros que acaba de enviar a prisión. Y no es una opinión de juristas, sino que está clara e inequívocamente dictaminado por el auto de 2 de diciembre de 2008, emitido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, en el que 20 magistrados establecieron por unanimidad que "el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional":
Victoria Rosell ✔@VickyRosell
Auto firme 2.12.2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la A.N:”el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”
22:52 - 30 oct. 2017
Todos los magistrados del Pleno y de la actual Sala de Apelación firmaron ese auto incuestionado a instancias del presidente de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, para resolver la causa sobre Memoria Histórica en la que fue, precisamente, el fiscal quien le advirtió a Baltasar Garzón de que la Audiencia Nacional no tenía competencia para encausar por un delito de rebelión. Así que la jueza Lamela está tomando resoluciones durísimas, privando de libertad a ciudadanos relevantes por la vía rápida y causando por tanto alarma social, sin tener ni siquiera la competencia para ello. Y el fiscal general Maza lo sabe perfectamente, porque él era antes magistrado de la Sala Segunda del Supremo.
4. La Mesa del Parlament no compete al Supremo
Otro tanto ocurre, incluso más flagrantemente, con el enjuiciamiento de Carme Forcadell y de los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya por parte del Tribunal Supremo, ya que al pertenecer a la Diputación Permanente de la Cámara continúan aforados y por tanto sólo puede procesarlos el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
No obstante, el fiscal Maza se ha aferrado a un razonamiento capcioso: los artículos 56 y 57 del Estatut de Autonomia dicen que el TSJC tiene atribuciones exclusivas sobre los aforados para los delitos cometidos en Catalunya, pero que si se trata de un delito cometido fuera de la comunidad –y por supuesto no son opiniones vertidas o votos ejercidos en sede parlamentaria, que tienen inviolabilidad– entonces es competente el Supremo. Así que Maza dice que el delito que atribuye a Forcadell y a la Mesa del Parlament se ha cometido fuera de Catalunya... porque puede tener efectos en todo el Estado.
Según los juristas consultados por Público, eso es "una construcción jurídica aberrante".
Más aún, Maza añade una cláusula inexistente de protección de la Judicatura y dice que además es conveniente alejar el caso un poco de la Judicatura catalana, porque está sometida a presiones. Eso es tanto como manifestar que desconfía del presidente del TSJC.
5. El fiscal general construye una querella partidista
Ya se han mencionado dos casos claros de montaje partidista en la querella de Maza –cuando obvia premeditadamente un auto del Pleno de la Audiencia Nacional que nunca ha sido corregido y cuando pretende que la Mesa del Parlament delinquió fuera de Catalunya–, pero esa elaborada construcción contiene muchos más razonamientos torticeros. Porque, por supuesto, la competencia de los tribunales no depende de los argumentos peregrinos que se le ocurran al fiscal general.
Tan endeble es lo que aduce para atribuir la competencia de la Audiencia Nacional en el delito de rebelión (en contra del auto irrebatible de su propio Pleno) que se ve obligado a argumentar más razones para ello, ya que no puede acogerse a ningún artículo que claramente lo disponga. Y alega que los presuntos delitos de los miembros del Govern han sido cometidos en varias provincias y que trascienden a la comunidad autónoma de Catalunya, por lo que debe intervenir la Audiencia.
Pero Maza sabe muy bien –porque es un buen jurista– que el Artículo 65 de la Ley Orgánica estipula que competen a la Audiencia Nacional los delitos con efectos en más de una comunidad autónoma sólo en los casos de tráfico de drogas u organización criminal, o bien en los que hayan causado perjuicios evidentes e importantes a la economía nacional en su conjunto. Queda claro que de ninguna manera se pueden calificar así los actos en los que participó la Mesa del Parlament.
Maza cita como elementos de jurisprudencia para avalar sus tesis que en sendos casos asumidos por los juzgados centrales de instrucción 2 y 3 –sobre desafíos independentistas de ayuntamientos catalanes– "nadie discutió la competencia". Primero, eso es una selección de jurisprudencia que algún magistrado ha llegado a calificar en privado como "vergonzante". Pero, sobre todo, el hecho de que no se cuestione algo no hace jurisprudencia, mientras que el auto del Pleno de la Audiencia de 2008 sí lo hace, pero Maza lo omite pese a tener perfecto conocimiento de su existencia.
6. El fiscal no defiende los derechos de los encausados
Muchos creen que es sólo el Derecho anglosajón el que dispone que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar tanto lo que es desfavorable como lo que es favorable para el reo. Pero resulta que en nuestro ordenamiento jurídico la Fiscalía también tiene ese deber, porque el Artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al Ministerio Público español a consignar en el sumario tanto los hechos que favorecen como los que perjudican al encausado.
Pero Maza no hace eso en ningún momento. Sólo se dedica a cargar las tintas de las actuaciones presuntamente delictivas de cargos electos y se comporta como si fuera un abogado de la acusación, cuando es su obligación también velar por los derechos fundamentales de los procesados y defender la legalidad de las actuaciones judiciales. Hace todo lo contrario, como veremos en el próximo apartado.
7. No se respetan los derechos procesales básicos
La falta de respeto hacia los derechos procesales básicos se ha manifestado en la forma de comunicar los cargos a los encausados. Ya comentamos antes la precipitación y celeridad atípica de las citaciones a declarar. Pero en el caso de Puigdemont ha sido aún más descarado, puesto que ni siquiera se le ha llegado a citar personalmente, algo inexcusable en la primera comunicación de una querella a un reo. El propio portavoz de Jueces por la Democracia (JxD), Ignacio González Vega, ha subrayado que la primera citación siempre tiene que ser en persona, cosa que no ha sido posible inicialmente porque se encontraba en Bruselas.
La réplica conservadora para obviar ese principio del Derecho la dio el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, aduciendo que el expresident se había ido a Bruselas precisamente para evadir la acción de la Justicia y que no se podía detener esa maquinaria porque no fuera posible encontrarle, ya que se podría producir un "bucle paralizante" que impidiera iniciar las actuaciones judiciales.
Argumento bastante forzado, cuando eso es un criterio del siglo pasado y se ampara en la ley anterior a la reforma del 2015. Ahora, hasta el Supremo ha definido que, además de las primeras 24 horas, hay que conceder tres o cuatro días más para dar traslado de la querella. Puigdemont no está todavía huido y si ha solicitado declarar por videoconferencia es que su abogado ha designado un domicilio, una dirección de internet y un teléfono con acceso a fibra óptica para efectuarla por Skype u otro medio, cosa a la que tiene derecho según la nueva ley.
En esas circunstancias, hay que cursar primero una citación para entregar en persona. No vale con pretender que Puigdemont puede ser citado por los medios de comunicación. Todo el mundo tiene derecho a una primera citación personal, intentada seriamente, y sólo se puede cursar orden de captura cuando se demuestra que no ha sido atendida. Cosa que no es el caso, porque el expresident ha pedido declarar por videoconferencia y todavía no consta –jurídicamente hablando– que pretenda evadir la acción de la Justicia. Pese a lo cual se ha ordenado ya su detención y entrega mediante los mecanismos internacionales de Europol, como si fuera un fugitivo.
8. A Puigdemont se le niega el derecho de defensa
Como consecuencia de lo anterior, se ha cometido una nueva vulneración del derecho de defensa de Puigdemont: la de negar que estuvieran presentes sus abogados en las declaraciones de los otros encausados. Eso es totalmente irregular, ya que cuando finalmente declare –sea por videoconferencia, detenido, extraditado o tras regresar voluntariamente– tendrá que hacerlo sin saber lo que han dicho los demás sobre él.
Por ejemplo, Junqueras podría haberle incriminado en su declaración, alegando que le forzó a ejecutar determinados actos, sin que los letrados de Puigdemont hayan tenido conocimiento de esa acusación por parte de otro de los acusados. Una situación que es de evidente indefensión para los investigados que la padecen.
Además, con la última reforma legal de 2015 cualquier investigado puede fijar su residencia en un país del espacio Schengen –sea Dinamarca, Alemania, Francia o Bélgica– y pedir que todas las diligencias le sean remitidas a ese domicilio.
9. La juez decreta prisión sin valorar el "arraigo"
La magistrada Lamela ha dictado con gran celeridad órdenes de prisión para Junqueras y ocho exconsellers sin valorar el "arraigo" de los encausados, un criterio que siempre se tiene en cuenta antes de decretar encarcelamientos. Puede parecer clasista, y probablemente lo es, pero el "arraigo" siempre evita el encarcelamiento de los encausados aun en el caso de empresarios con desfalcos importantísimos que podrían darles medios económicos suficientes para evadir la acción de la Justicia.
Es decir, si se demuestra que el acusado tiene un arraigo social; o sea, hijos que van a un instituto o a un colegio, que participa en la asociación de padres, que pertenece a organizaciones culturales a las que asiste todas las semanas, que cuenta con arraigo patrimonial, laboral, social… en ese caso, los jueces no meten al acusado en prisión, porque consideran que va a ir al juicio.
Y, si existen dudas, siempre se pueden aplicar medidas cautelares sin detención: vigilancia policial, obligación de presentación diaria en comisaría, métodos electrónicos de seguimiento... Sólo se decreta el ingreso en prisión inmediato para delincuentes sin arraigo alguno. ¿Piensan Lamela y Maza que Junqueras y los exconsellers van a abandonar su familia, sus bienes, su arraigo en Catalunya, para darse a la fuga? ¿Todos ellos?
10. Violación del secreto de las comunicaciones
Finalmente, existe una irregularidad procesal que algunos juristas estiman definitiva. Incluso creen que podría llevar a la nulidad de toda la causa, como ocurrió en el caso Naseiro de financiación ilegal del PP en el inicio de esa formación.
Se trata de las peticiones de escuchas telefónicas al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que lleva nueve meses tramitando en secreto la denuncia del partido ultraderechista VOX contra el juez Santi Vidal por haber dicho que tenía todos los datos fiscales de los catalanes.
A raíz de esa presunta violación de la ley de protección de datos, Sunyer ha ordenado 14 detenciones, una docena de registros e innumerables escuchas telefónicas de relevantes dirigentes independentistas, como los dos Jordis (Sánchez y Cuixart, de la ANC y Ómnium, hoy presos) o incluso consellers. El problema es que la jueza Lamela le ha solicitado muchas de esas grabaciones, bajo secreto de sumario, pero no ha pedido también los autos de Sunyer que deben justificar esa vulneración del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones privadas.
El contenido de esas comunicaciones ha sido, por tanto, empleado para acusar a los imputados, sin que se haya verificado si los atestados de Sunyer –quien ya cuenta más de 70 años y tiene en su haber diversas actuaciones imprudentes, como enviar a prisión incondicional a independentistas que luego han tenido que ser absueltos e indemnizados por el tiempo de encarcelamiento– avalan con la suficiente motivación jurídica esa vulneración de un derecho fundamental.
Tras la reforma de 2015, ahora la legislación es mucho más restrictiva y clara que antes: establece los principios de necesidad, de subsidiariedad, de proporcionalidad... el traslado al Ministerio Fiscal y muchas otras prevenciones. Así que Maza y Lamela deberían extremar el cuidado en emplear esas escuchas, quizá envenenadas por falta de justificación legal y por haber sido recomendadas por la Guardia Civil que ya las conocía por su empleo en una causa totalmente ajena.
Ése podría ser el último"árbol envenenado" que intoxique mortalmente la causa contra los líderes independentistas catalanes. Pero, en cualquier caso, la construcción jurídica levantada por Maza y Lamela tiene los cimientos en el fango... y los tribunales europeos no juzgarán ese edificio legal con los evidentes criterios políticos que están guiando una actuación judicial claramente teledirigida por la Fiscalía General del Estado que depende jerárquicamente del Gobierno de Rajoy.
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NOVIEMBRE 3, 2017 SOBESP
Por Carla Tog, SoB Estado español
Para los catalanes, el viernes 27 de octubre quedará en la memoria y pasará a la historia. Ese día, a pesar de las amenazas del Gobierno de activar el 155, se proclamó la República, producto de la inmensa movilización previa y posterior al referéndum del 1-O. Ese día, miles y miles llegamos al Parlament para escuchar por altavoz el pleno en el que se votaría la Declaración de la República. En un clima de alegría, tensión y mucha expectativa, uno a uno se vivaban los votos positivos y se abucheaban los negativos. Saltos, gritos, abrazos, lágrimas y festejos, cuando finalmente por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, se aprobaba declarar la independencia y “abrir un proceso constituyente que acabe con la redacción y aprobación de la Constitución de la República” (....).
José Manzaneda, coordinador de Cubainformación TV.- Para el linchamiento a políticos del proceso independentista catalán, la prensa española utiliza un viejo método de manipulación: conectarlos –por muy dispares que sean sus posiciones- con otros enemigos previamente demonizados (1).
“El letrado de Puigdemont: abogado de etarras, espías cubanos y terroristas turcos”, leíamos en uno de tantos titulares: el de los diarios del grupo Vocento “El Correo” (2) y “Diario Vasco” (3). A falta de Venezuela o de Rusia, el reportaje reunía al resto de “demonios” del establishment político-mediático español: el independentismo catalán, ETA, el Gobierno cubano y una supuesta “extrema izquierda” internacional.
En un especial a doble página, se hacía una interesada reducción de la biografía de Paul Bekaert, prestigioso letrado experto en asilo y derechos humanos, que hoy asesora a Carles Puigdemont, President de la Generalitat catalana, intervenida por el gobierno español. La carrera profesional de 40 años de este abogado quedaba reducida a su defensa -leemos- de “grupos de extrema izquierda a lo largo del mundo” y “militantes violentos de células marxistas” (4).
El reportaje lo relacionaba con otro de los “demonios” mediáticos más clásicos, Cuba: “uno de los casos con más repercusión global en los que participó Bekaert –seguía el texto- es el de los denominados 'Cinco de Cuba'”. Recordemos que este letrado asesoró en la defensa de los llamados Cinco Héroes cubanos (5), que durante años se infiltraron en grupos armados de la ultraderecha de Miami y llegaron a evitar al menos 170 atentados (6). Jamás espiaron al Gobierno de EEUU, pero pagaron con 16 años de cárcel, hasta su puesta en libertad por Barack Obama en 2014 (7). Los diarios de Vocento, sin embargo, se limitaban a repetir las mentiras de la versión oficial de la Casa Blanca: entre otras cosas, que eran “un grupo de espías cubanos” que fueron “acusados de terrorismo”.
Pero si hay un “demonio” que la prensa española trata de resucitar una y otra vez, ese es ETA, la organización vasca ya desarmada. “Puigdemont contrata en Bélgica a un abogado que defendió a miembros de ETA”, titulaba El País (8); “El abogado experto en ETA que defiende a Puigdemont”, leíamos en ABC (9). Y es que la prensa de Madrid no perdona a Paul Bekaert que obtuviera la excarcelación en Bélgica de dos presos vascos porque su confesión a la policía española había sido obtenida mediante "malos tratos y golpes". O que consiguiera paralizar varios casos de extradición ante el riesgo de "torturas" en España.
Pero ¿”malos tratos”, “tortura” en España (10)? Tan absurdo como hablar de “represión policial” en Catalunya (11). Aunque esta no se haya producido en comisarías sin abogados ni testigos, sino ante las cámaras de medio mundo, la prensa del régimen seguirá negándolo todo
O tapándolo con su particular "arroz con mango"... a la española.
eldiario.es
Ferraz calla sobre el envío a prisión de Junqueras y siete exconsellers mientras el PSC lo ve "desproporcionado"
- "El PSOE no comenta decisiones judiciales" es la respuesta oficial del partido que dirige Pedro Sánchez
- El PSC ve "desproporcionadas" las medidas cautelares adoptadas por la jueza de la Audiencia Nacional
- Fuentes socialistas admiten que la decisión judicial da alas a los independentistas ante el 21D: "Les han regalado la campaña"
Irene Castro
+ El PSOE se niega a valorar la decisión de la Audiencia Nacional y señala que la del Supremo será "clave"
DESDE LA TRAMOYA
Qué podría pasar en Cataluña
Luis Arroyo
Es difícil hacer predicción alguna, porque los acontecimientos suceden de manera improvisada, pero echando un vistazo a las tendencias y a las leyes de la dinámica política universal, podemos dibujar algún escenario verosímil para el enero catalán.
Unas elecciones aceptadas por todos. Hubo dudas al principio, pero todos los partidos estarán el 21 de diciembre en las elecciones autonómicas. Hasta la CUP, que rechazaba la convocatoria incluso si hubiera sido convocada por la Generalitat, ha dado señales de estar en disposición de presentarse, aunque quiera consultarlo con la militancia. Puede que sea solo “por imperativo legal”, pero habrá urnas legitimadas por todos y unos resultados por todos aceptados. De forma que si gana el independentismo, el proceso hoy fracasado renacerá con justificada virulencia. Y si gana el unionismo, siquiera por un voto, el proceso quedará sin remedio en vía muerta. La legitimidad concedida a las elecciones autonómicas podría sin embargo revocarse ahora que uno de sus principales protagonistas, Oriol Junqueras, ha sido encarcelado. “¿Qué elecciones son estas que obligan al candidato favorito en los sondeos a hacer campaña desde la cárcel?”, podrían preguntar los secesionistas.
Una alta participación. Las encuestas aún no lo detectan, pero habrá muy alta participación. Siempre que en las urnas se dirimen asuntos cruciales, los electores se movilizan. No ha habido en la historia reciente de España un momento electoralmente más importante. Los catalanes saldrán a votar en masa. Ayudará algo que la jornada sea laborable. La ley obliga a permitir a los trabajadores que cuenten con tiempo para votar, si es necesario retribuido. A menos que pase por allí un huracán, la participación sobrepasará con seguridad el 70 por ciento. Es muy probable que muchos de esos votantes movilizados para la ocasión sean del lado unionista, porque los independentistas han sido tradicionalmente más locuaces, más disciplinados y más activos.
Un plebiscito. No hacía falta que lo planteara de modo desafiante Puigdemont desde Bruselas. Estas elecciones serán un plebiscito, por supuesto. El asunto que absorbe por completo la atención y sobre el que las catalanas y los catalanes se sentirán motivados a decidir es si el proceso debe seguir o no. Votar a ERC, al PDeCAT, o a las CUP significa “sí”. Votar al Ciudadanos, el PSC o el PP significa “no”. El asunto afecta directamente ya a la vida cotidiana de los catalanes. Las manifestaciones, las banderas, las conversaciones, la cobertura mundial del asunto… El único pero trascendental asunto que regirá la campaña electoral será si se permite que la conversación siga por ahí, o se cancela. Catalunya Sí que es Pot, la franquicia de Podemos allí, se sitúa en un peligroso relato de mediación, por un referéndum acordado con el Estado. Es una posición peligrosa en un panorama tan polarizado como el catalán, que reclama hoy propuestas claras y contundentes. Y es peligrosa también porque nadie compra camisetas del árbitro. Se prefieren las de los equipos que compiten. El PSC sabe muy bien lo poco rentable que es electoralmente situarse en medio de dos posiciones tan nítidamente enfrentadas, y es previsible que salga beneficiado de su clarificado relato unionista.
No habrá lista conjunta. El plazo para registrar una coalición termina el martes. Mas está presionando para que ERC reedite la lista de Junts Pel Sí con el PDeCAT, el maltrecho partido que nació de los escombros de CiU. Pero eso no interesa para nada a ERC, que sería según todas las encuestas el partido más votado, dando opciones para que Oriol Junqueras, tan discreto estos últimos días, y hoy mundialmente famoso, sea president de la Generalitat por el bloque independentista. El partido de Puigdemont y de Mas, siempre primer partido en Cataluña, por el contrario, quedaría relegado a un penoso cuarto puesto. No es de extrañar que Mas quiera evitar ese desastre, ni que Junqueras facilite que suceda.
Dos posibles presidentes. Todas las encuestas coinciden en que hay dos partidos liderando. ERC con un 27 por ciento del voto de promedio, y Ciudadanos, con un 18. El tercero, el PSC, queda cinco puntos por debajo del segundo. Hay entonces dos líderes que, en función de cómo quede al final la suma de escaños, pueden ser presidentes. Oriol Junqueras e Inés Arrimadas. El PDeCAT y la CUP no tendrán más remedio que apoyar al primero en su investidura si suman mayoría. El PSC y el PP no podrán dejar de apoyar a la segunda. Paradójicamente, la decisión final podría recaer en quien más ambigüedad ha mostrado hasta la fecha: Catalunya Sí que es Pot.
… A menos que funcionen las sobreactuaciones. Todas estas previsiones podrían no cumplirse si los acontecimientos que están por venir cambian las tendencias. Si el Estado sigue sobreactuando, alimentará el victimismo. Por ejemplo, la prisión provisional de Junqueras y los consejeros decretada ayer jueves, o que se produjeran excesos en la aplicación del artículo 155, o que hubiera altercados en las calles y excesos policiales. La puesta en escena de Puigdemont como president legítimo de Cataluña en el exilio ha sido ridícula hasta ahora. Pero el ridículo podría convertirse en épica de la resistencia ante la opresión, si los tribunales y el Gobierno y los partidos españoles cometieran el error de sobreactuar. Tener en la cárcel ya a una decena de líderes políticos catalanes puede ser jurídicamente impecable, pero electoralmente muy poco conveniente para la causa de la unidad de España.
Catalunya: Franco ha vuelto
Carlos Aznarez
TeleSUR
Las peores pesadillas del franquismo que durante 80 años se instalaron en Euskal Herria para combatir a sangre, tortura y cárcel las ansias independentistas de vascos y vascas, ahora sobrevuelan el escenario catalán. Se pudo ver como el pasado 1 de octubre sus “ ruzados" de la Guardia Civil y la Policía española fuertemente armados, operaban con violencia contra ciudadanos pacíficos que solo deseaban poner un voto en las urnas. Se los volvió a vislumbrar cuando apenas proclamada la Independencia y puesta en marcha la República Catalana, el hijo putativo de Francisco Franco, Mariano Rajoy, junto con sus aliados del PSOE, y algunos pseudo izquierdistas amantes de la “unidad territorial" pusieron en marcha (o no se opusieron debidamente) el artículo 155 de intervención directa contra el nuevo gobierno catalán independiente.
Catalunya: Franco ha vuelto
Pero faltaba algo más para demostrar de qué se trata cuando se habla de continuismo franquista, monárquico y cada vez más cercano al fascismo, y llegaron las detenciones para que el círculo represivo cerrara con perfección. Una jueza de ultra derecha, amante de los toros y admiradora de sus antecesores en ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, ha enviado a la cárcel a todos los integrantes del gobierno catalán que habían sido citados ante su Juzgado y ha lanzado una orden de captura internacional para el presidente legítimo de Catalunya, Carles Puigdemont y otros consejeros que permanecen con él en Bruselas. No contentos con esta afrenta, el ministerio del Interior ha separado a los encarcelados en distintos establecimientos, algo que desde que gobernara Felipe González se viene practicando con los prisioneros vascos. No solo presos sino también dispersos por todo el mapa español.
"Franco ha vuelto” escriben manos juveniles en las paredes de Barcelona, mientras miles de personas rodean el Palacio de Gobierno proclamando que no están dispuestos a dar ni un paso atrás. Tienen la razón de su lado prácticamente desde 1714 cuando otros conquistadores como los actuales, invadían el territorio catalán y le hacían pagar caro su resistencia. Porque esta es una lucha que no comenzó ni con Puigemont ni con la valerosa CUP ni siquiera con un partido que luchó duramente contra el franquismo como es Esquerra Catalana, y que hoy sigue bregando por lo mismo que todos, la Independencia. Estos vientos de rebelión anidan en cada madre o padre catalán que crían a sus hijos e hijas en su propia cultura y no en la de los invasores. Les hablan la lengua que proviene de sus ancestros y los educan en sentimientos de paz y amor, pero sin dejar de resistir a los que desde siempre les han intentado imponer la cultura colonial, con humillaciones y golpes de fusil cuando cuadrara. Estas heroicas gentes se proclaman ante el mundo como catalanes, y no quieren ser ni españoles ni franceses (porque existe una parte pequeña de su territorio en manos de los “gabachos”), y al igual que los vascos y vascas, están dispuestos hasta lo inimaginable para que Madrid no les siga arrebatando el territorio y sus costumbres.
Esto es lo que no entiende el gobierno franquista y cree que la receta de la mano dura, que tan bien aplicaran Franco y sus legiones de camisas azules, valen para esta ocasión. Los nostálgicos de la matanza de Guernica, los encubridores de los crímenes cometidos contra todo aquel que se rebelara contra el fascismo, no van a poder quebrantar la moral de lucha de esta parte consciente del pueblo catalán que resistirá a la Virreina nombrada por Rajoy, la señora Saenz de Santa María, hija de un general golpista, y también se opondrán a los interventores nombrados en cada una de las áreas de gobierno. "Desobediencia civil es la consigna”, cantan los muros en Tarragona, mientras que Valencia (también perteneciente a los Países Catalanes) proclama en sus calles que “Catalunya somos todos y todas”. Habrá sin duda dos poderes, uno el de los defensores del Reino y otros el de quienes, aunque estén en prisión o defendiendo sus ideas en las calles, seguirán siendo libres y orgullosamente independentistas.
De hecho, las encuestas de cara a las elecciones impuestas por el gobierno español para el 21 de diciembre, señalan que cada vez crece más el voto por el SI a la República Catalana. Es evidente que cuanto mas cercados estén por el poder colonial, los hombres y mujeres que protagonizaron el 1/O más se crecen en su voluntad emancipadora. Mientras tanto, la calle como respuesta. La calle y la orgullosa “senyera” catalana, bandera de mil combates que el Imperio español no ha podido jamás arriar. Ni podrá.
Silencio. Es lo que emite el PSOE tras la decisión de la jueza Carmen Lamela de enviar a prisión incondicional al exvicepresidente de la Generalitat y siete exconsellers en la causa que les investiga por rebelión, sedición y malversación de fondos por el proceso independentista. "El PSOE no comenta decisiones judiciales", responden las fuentes oficiales de la dirección de Pedro Sánchez.
Ferraz evita pronunciarse sobre los movimientos judiciales que se han producido a instancias de la Fiscalía en las últimas fechas, aunque la dirección sí aplaudió que la Fiscalía se querellara contra el Govern y la Mesa del Parlament a principios de septiembre.
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, se ha negado a comentar este viernes la decisión de la jueza Carmen Lamela de mandar a prisión a Oriol Junqueras y siete exconsellers catalanes. En una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, Robles ha reiterado que "desde el PSOE confiamos en la justicia y no vamos a comentar esta decisión".
Desde ayer, el Partido Socialista guarda silencio, mientras el PSC ha afirmado que ve "desproporcionada" la medida acordada por la magistrada. La portavoz ha afirmado que respeta la postura del PSC, que asume la decisión judicial pese a considerarla "desproporcionada", aunque el PSOE no va a expresar ningún comentario sobre las medidas dictadas por Lamela.
Robles ha destacado que en el partido esperan la decisión del Tribunal Supremo sobre el delito de rebelión: "Va a ser clave la posición del Triubunal Supremo", ha repetido en varias ocasiones. La Audiencia decide sobre este delito, penado con hasta 30 años de cárcel, para las querellas presentadas por la Fiscalía contra los exmiembros del Govern, y el Supremo, respecto a las presentadas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.
Tras recordar que el Supremo "habla de otras figuras jurídicas" diferentes a la de rebelión, Robles ha dicho que se queda "muy tranquila sabiendo que el Supremo dará su posicionamiento jurídico" sobre este delito. "En un Estado de Derecho como el que tenemos, la última palabra la tiene siempre el Tribunal Supremo".
Qué podría pasar en Cataluña
Luis Arroyo
Es difícil hacer predicción alguna, porque los acontecimientos suceden de manera improvisada, pero echando un vistazo a las tendencias y a las leyes de la dinámica política universal, podemos dibujar algún escenario verosímil para el enero catalán.
Unas elecciones aceptadas por todos. Hubo dudas al principio, pero todos los partidos estarán el 21 de diciembre en las elecciones autonómicas. Hasta la CUP, que rechazaba la convocatoria incluso si hubiera sido convocada por la Generalitat, ha dado señales de estar en disposición de presentarse, aunque quiera consultarlo con la militancia. Puede que sea solo “por imperativo legal”, pero habrá urnas legitimadas por todos y unos resultados por todos aceptados. De forma que si gana el independentismo, el proceso hoy fracasado renacerá con justificada virulencia. Y si gana el unionismo, siquiera por un voto, el proceso quedará sin remedio en vía muerta. La legitimidad concedida a las elecciones autonómicas podría sin embargo revocarse ahora que uno de sus principales protagonistas, Oriol Junqueras, ha sido encarcelado. “¿Qué elecciones son estas que obligan al candidato favorito en los sondeos a hacer campaña desde la cárcel?”, podrían preguntar los secesionistas.
Una alta participación. Las encuestas aún no lo detectan, pero habrá muy alta participación. Siempre que en las urnas se dirimen asuntos cruciales, los electores se movilizan. No ha habido en la historia reciente de España un momento electoralmente más importante. Los catalanes saldrán a votar en masa. Ayudará algo que la jornada sea laborable. La ley obliga a permitir a los trabajadores que cuenten con tiempo para votar, si es necesario retribuido. A menos que pase por allí un huracán, la participación sobrepasará con seguridad el 70 por ciento. Es muy probable que muchos de esos votantes movilizados para la ocasión sean del lado unionista, porque los independentistas han sido tradicionalmente más locuaces, más disciplinados y más activos.
Un plebiscito. No hacía falta que lo planteara de modo desafiante Puigdemont desde Bruselas. Estas elecciones serán un plebiscito, por supuesto. El asunto que absorbe por completo la atención y sobre el que las catalanas y los catalanes se sentirán motivados a decidir es si el proceso debe seguir o no. Votar a ERC, al PDeCAT, o a las CUP significa “sí”. Votar al Ciudadanos, el PSC o el PP significa “no”. El asunto afecta directamente ya a la vida cotidiana de los catalanes. Las manifestaciones, las banderas, las conversaciones, la cobertura mundial del asunto… El único pero trascendental asunto que regirá la campaña electoral será si se permite que la conversación siga por ahí, o se cancela. Catalunya Sí que es Pot, la franquicia de Podemos allí, se sitúa en un peligroso relato de mediación, por un referéndum acordado con el Estado. Es una posición peligrosa en un panorama tan polarizado como el catalán, que reclama hoy propuestas claras y contundentes. Y es peligrosa también porque nadie compra camisetas del árbitro. Se prefieren las de los equipos que compiten. El PSC sabe muy bien lo poco rentable que es electoralmente situarse en medio de dos posiciones tan nítidamente enfrentadas, y es previsible que salga beneficiado de su clarificado relato unionista.
No habrá lista conjunta. El plazo para registrar una coalición termina el martes. Mas está presionando para que ERC reedite la lista de Junts Pel Sí con el PDeCAT, el maltrecho partido que nació de los escombros de CiU. Pero eso no interesa para nada a ERC, que sería según todas las encuestas el partido más votado, dando opciones para que Oriol Junqueras, tan discreto estos últimos días, y hoy mundialmente famoso, sea president de la Generalitat por el bloque independentista. El partido de Puigdemont y de Mas, siempre primer partido en Cataluña, por el contrario, quedaría relegado a un penoso cuarto puesto. No es de extrañar que Mas quiera evitar ese desastre, ni que Junqueras facilite que suceda.
Dos posibles presidentes. Todas las encuestas coinciden en que hay dos partidos liderando. ERC con un 27 por ciento del voto de promedio, y Ciudadanos, con un 18. El tercero, el PSC, queda cinco puntos por debajo del segundo. Hay entonces dos líderes que, en función de cómo quede al final la suma de escaños, pueden ser presidentes. Oriol Junqueras e Inés Arrimadas. El PDeCAT y la CUP no tendrán más remedio que apoyar al primero en su investidura si suman mayoría. El PSC y el PP no podrán dejar de apoyar a la segunda. Paradójicamente, la decisión final podría recaer en quien más ambigüedad ha mostrado hasta la fecha: Catalunya Sí que es Pot.
… A menos que funcionen las sobreactuaciones. Todas estas previsiones podrían no cumplirse si los acontecimientos que están por venir cambian las tendencias. Si el Estado sigue sobreactuando, alimentará el victimismo. Por ejemplo, la prisión provisional de Junqueras y los consejeros decretada ayer jueves, o que se produjeran excesos en la aplicación del artículo 155, o que hubiera altercados en las calles y excesos policiales. La puesta en escena de Puigdemont como president legítimo de Cataluña en el exilio ha sido ridícula hasta ahora. Pero el ridículo podría convertirse en épica de la resistencia ante la opresión, si los tribunales y el Gobierno y los partidos españoles cometieran el error de sobreactuar. Tener en la cárcel ya a una decena de líderes políticos catalanes puede ser jurídicamente impecable, pero electoralmente muy poco conveniente para la causa de la unidad de España.
Carlos Aznarez
TeleSUR
Las peores pesadillas del franquismo que durante 80 años se instalaron en Euskal Herria para combatir a sangre, tortura y cárcel las ansias independentistas de vascos y vascas, ahora sobrevuelan el escenario catalán. Se pudo ver como el pasado 1 de octubre sus “ ruzados" de la Guardia Civil y la Policía española fuertemente armados, operaban con violencia contra ciudadanos pacíficos que solo deseaban poner un voto en las urnas. Se los volvió a vislumbrar cuando apenas proclamada la Independencia y puesta en marcha la República Catalana, el hijo putativo de Francisco Franco, Mariano Rajoy, junto con sus aliados del PSOE, y algunos pseudo izquierdistas amantes de la “unidad territorial" pusieron en marcha (o no se opusieron debidamente) el artículo 155 de intervención directa contra el nuevo gobierno catalán independiente.
Catalunya: Franco ha vuelto
Pero faltaba algo más para demostrar de qué se trata cuando se habla de continuismo franquista, monárquico y cada vez más cercano al fascismo, y llegaron las detenciones para que el círculo represivo cerrara con perfección. Una jueza de ultra derecha, amante de los toros y admiradora de sus antecesores en ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, ha enviado a la cárcel a todos los integrantes del gobierno catalán que habían sido citados ante su Juzgado y ha lanzado una orden de captura internacional para el presidente legítimo de Catalunya, Carles Puigdemont y otros consejeros que permanecen con él en Bruselas. No contentos con esta afrenta, el ministerio del Interior ha separado a los encarcelados en distintos establecimientos, algo que desde que gobernara Felipe González se viene practicando con los prisioneros vascos. No solo presos sino también dispersos por todo el mapa español.
"Franco ha vuelto” escriben manos juveniles en las paredes de Barcelona, mientras miles de personas rodean el Palacio de Gobierno proclamando que no están dispuestos a dar ni un paso atrás. Tienen la razón de su lado prácticamente desde 1714 cuando otros conquistadores como los actuales, invadían el territorio catalán y le hacían pagar caro su resistencia. Porque esta es una lucha que no comenzó ni con Puigemont ni con la valerosa CUP ni siquiera con un partido que luchó duramente contra el franquismo como es Esquerra Catalana, y que hoy sigue bregando por lo mismo que todos, la Independencia. Estos vientos de rebelión anidan en cada madre o padre catalán que crían a sus hijos e hijas en su propia cultura y no en la de los invasores. Les hablan la lengua que proviene de sus ancestros y los educan en sentimientos de paz y amor, pero sin dejar de resistir a los que desde siempre les han intentado imponer la cultura colonial, con humillaciones y golpes de fusil cuando cuadrara. Estas heroicas gentes se proclaman ante el mundo como catalanes, y no quieren ser ni españoles ni franceses (porque existe una parte pequeña de su territorio en manos de los “gabachos”), y al igual que los vascos y vascas, están dispuestos hasta lo inimaginable para que Madrid no les siga arrebatando el territorio y sus costumbres.
Esto es lo que no entiende el gobierno franquista y cree que la receta de la mano dura, que tan bien aplicaran Franco y sus legiones de camisas azules, valen para esta ocasión. Los nostálgicos de la matanza de Guernica, los encubridores de los crímenes cometidos contra todo aquel que se rebelara contra el fascismo, no van a poder quebrantar la moral de lucha de esta parte consciente del pueblo catalán que resistirá a la Virreina nombrada por Rajoy, la señora Saenz de Santa María, hija de un general golpista, y también se opondrán a los interventores nombrados en cada una de las áreas de gobierno. "Desobediencia civil es la consigna”, cantan los muros en Tarragona, mientras que Valencia (también perteneciente a los Países Catalanes) proclama en sus calles que “Catalunya somos todos y todas”. Habrá sin duda dos poderes, uno el de los defensores del Reino y otros el de quienes, aunque estén en prisión o defendiendo sus ideas en las calles, seguirán siendo libres y orgullosamente independentistas.
De hecho, las encuestas de cara a las elecciones impuestas por el gobierno español para el 21 de diciembre, señalan que cada vez crece más el voto por el SI a la República Catalana. Es evidente que cuanto mas cercados estén por el poder colonial, los hombres y mujeres que protagonizaron el 1/O más se crecen en su voluntad emancipadora. Mientras tanto, la calle como respuesta. La calle y la orgullosa “senyera” catalana, bandera de mil combates que el Imperio español no ha podido jamás arriar. Ni podrá.
Germán Gorraiz López
TeleSUR
El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso, en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad (habeas corpus) de las personas, síntomas evidentes de una peligrosa deriva totalitaria del sistema democrático.
¿Práctica España "el terrorismo jurídico" contra Cataluña?
La deriva autoritaria de la sui generis democracia española
Para entender la actual situación distópica, se antoja necesario repasar la silente deriva involucionista de la actual democracia española. Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficticia) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.
La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima) y en el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá (artículo 573.1)
La juez Lamela y la Doctrina Aznar
En el paroxismo de la deriva involucionista del Estado español, asistimos a la implementación de la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la "derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa" y el mantenimiento de la "unidad indisoluble de España " y el objetivo último sería criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”. Dicho término fue empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y que tendría a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela como brazo ejecutor. Así, dicha juez sería la encargada del llamado “affaire Alsasua”, en el que siete jóvenes de la localidad navarra de Alsasua podrían ser condenados a penas estratosféricas de 52 años de prisión al ser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”. Asimismo, Lamela sería la responsable de ordenar el ingreso en prisión incondicional del Vicepresidente Oriol Junqueras y ocho Consellers de la Generalitat por presunto delito de rebelión que podría acarrearles penas estratosféricas de 30 años para cada uno de ellos, todo lo cual representaría un auténtico ejercicio de “terrorismo jurídico” que generará una inmediata reacción de repulsa popular e institucional y que será un proceso judicial de largo recorrido que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.
La espiral del silencio de la mass media del establishment español
La mencionada deriva totalitaria del Estado español estaría amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977). Dicha teoría simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva.
Sin embargo, la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris democracia española, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia”.
Por Rafael Silva Martínez
“La ley es lo que conviene al más fuerte”
(Trasímaco de Calcedonia, Filósofo griego)
“La democracia es un sistema donde se le hace creer a la gente que decide algo en los asuntos de su incumbencia sin que, en realidad, decida nada”
(Paul Valéry)
Al momento de escribir el presente artículo, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart llevan ya 15 días en prisión preventiva. El cinismo de las fuerzas políticas autodenominadas “constitucionalistas” en Cataluña es monumental. Se puede comprobar a cada paso, en cada momento, en cada declaración. Los mismos que llevan denunciando la existencia de presos políticos en Venezuela, para referirse a Leopoldo López y compañía, son los mismos que niegan aquí en nuestro país, en Cataluña, que Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) lo sean. La comparación ya es odiosa en sí misma, pues mientras los Jordi’s son líderes sociales de entidades independentistas, Leopoldo López y su tropa son unos golpistas que no han dudado en intentar revertir por la fuerza el orden constitucional bolivariano. Las actuaciones avaladas e instigadas por Leopoldo López y sus compinches han causado varias decenas de muertos, mientras que en Cataluña no ha muerto nadie a pesar de la supuesta “rebelión” por la que acusan a estos líderes de la sociedad civil. Y es verdad que han liderado una rebelión, pero una rebelión pacífica y democrática, pensada para superar el marco de prisión fáctica en la que se encuentran los diversos pueblos del Estado Español, en este caso Cataluña. Remito a los lectores y lectoras al completo análisis comparativo que ha realizado el escritor y periodista Pascual Serrano en este artículo para el medio Publico, que vamos a resumir a continuación, para que se vean claramente las diferencias entre unos y otros, y pueda comprobarse por tanto la doble vara de medir de la derecha política, social y mediática españolista, esa que ha finalizado enarbolando la bandera del peligroso artículo 155 de la Carta Magna del régimen del 78.
Pascual Serrano destaca que el argumento de que los “rebeldes” soberanistas catalanes se habían situado fuera de la legalidad constitucional en España (que para nuestro país ven muy lógico), era el mismo argumento esgrimido en Venezuela por los defensores del chavismo (pero allí se veía en cambio muy mal). Para la derecha española los chavistas son los golpistas y los dictadores, por querer respetar el orden constitucional vigente, pero en cambio aquí en nuestro país los golpistas son los soberanistas catalanes, que se niegan a acatarlas. Pero tenemos una diferencia fundamental, que se refiere a que las manifestaciones catalanas siempre fueron pacíficas (la única violencia la practicaron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O), mientras que las venezolanas resultaron tremendamente violentas. En cuanto a ambos referéndums, celebrados con muy poca distancia en el tiempo, el Gobierno bolivariano del Presidente Maduro, pese a no estar conforme con él, lo toleró y no desplegó contra su celebración ninguna fuerza represora. El Gobierno del PP en nuestro país no sólo habilitó todas las vías legales a su alcance para prohibirlo, desacreditarlo y deslegitimarlo, sino que además lo reprimió por la fuerza. Pero curiosamente, el referéndum venezolano fue jaleado y apoyado por la derecha española, la misma que catalogaba el referéndum catalán como ilegal, ilegítimo, sin garantías, ni riguroso, ni fiable, etc. Y en cuanto a las detenciones, Pascual Serrano se expresa con meridiana claridad: “Tanto en Venezuela como en Cataluña, algunos líderes han terminado en la cárcel. En ambos casos no los ha encarcelado el Gobierno, sino los jueces. Por tanto, no es lícito que la casi unanimidad mediática que afirma que Maduro encarcela políticos opositores e ignora que se trataba de una decisión judicial, ahora insista en que los líderes catalanes de Ómnium y ANC han ido a prisión por una orden judicial y no por decisión gubernamental”. Y concluye: “No es de recibo que en Venezuela Leopoldo López y Antonio Ledezma sean “presos políticos” y en España Jordi Cuixart y Jordi Sánchez sean “políticos presos”.
Y para poner más elementos diferenciadores sobre la mesa, podemos recordar que mientras las movilizaciones lideradas por los “Jordi’s” no causaron ningún tipo de daño más allá de unos vehículos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sin por supuesto suponer muertos ni heridos, las agitadas en Venezuela contra el Gobierno bolivariano fueron violentas y provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos, además de la destrucción de numerosas infraestructuras públicas y privadas. Mientras los golpistas venezolanos persiguen el derrocamiento de un Gobierno legítimo por la fuerza, el independentismo catalán ha actuado siempre mediante la palabra, el diálogo y la democracia. Jamás han instigado a la violencia para conseguir sus fines políticos. Pero cuando esos ideales políticos, apoyados por una gran parte del pueblo, son sistemáticamente aplastados por un búnker que se ampara en una legalidad pensada para protegerlos, no queda otro camino que la desobediencia civil, como tantas otras veces ha ocurrido en la historia. Porque en nuestro país, ante el búnker representado por el bipartidismo (PP y PSOE, ahora apoyados también por Ciudadanos, que han declarado recientemente que nacieron para esto), una Constitución intocable considerada como un texto sagrado, una Ley Electoral pensada para favorecerlos (mediante una traslación no proporcional de los votos en escaños), y todo ello apoyado por los demás estamentos de poder (judicatura, medios de comunicación, incluso la Iglesia Católica y la Casa Real, que también se ha decantado claramente en este conflicto), está claro que la única vía es la desobediencia civil. Incluso la Unión Europea se ha puesto claramente a favor de la “democracia” española, y al igual que a Grecia le dijeron que “no existía la democracia frente a los tratados europeos”, a Cataluña le han dicho “gane quien gane en las próximas elecciones, la independencia no es posible” (palabras de Antonio Tajani, Presidente de la Eurocámara).
Los “Jordi’s” sufren acusaciones que relatan y se basan únicamente en hechos políticos. Unas acusaciones que ignoran y desprecian la democracia, y tratan a los acusados como si fueran una banda de criminales desalmados. Unas acusaciones que no persiguen delitos, sino a determinadas ideas (que por lo visto no caben en la Unión Europea, ese remanso de democracia y modelo mundial a seguir) y a determinadas personas que las difunden. Ante todo ello, es fácil concluir que los “Jordi’s” son, evidentemente, presos políticos. ¿Pero qué vamos a esperar de un Gobierno que aplica un determinado artículo de la Constitución, el 155, que no se había aplicado nunca, y que por tanto no tenía desarrollada su propia normativa ulterior, para adaptarlo ad hoc al caso catalán? El 155 ha sido “un Golpe de Estado impulsado por el propio Estado”, en expresión de Josep María Antentas. Un 155 que ha desmantelado toda la estructura política catalana, y la ha puesto al servicio del Estado Español. Un 155, como muy bien señalaba Pablo Iglesias, que ha hecho gobernar Cataluña a la fuerza política que había obtenido sólo un 8% de los votos en las últimas elecciones autonómicas. Esa “Troika del 155” (en expresión de Julio Anguita) que se pregunta en su artículo: “El que haya un vacío legal no puede servir de excusa para extralimitarse y aplicar acciones que la Constitución no contiene expresamente. ¿Acaso las ilegalidades hechas en Cataluña pueden ser combatidas con otras?”. Un 155 dictado a continuación de afirmar que el referéndum no había existido, pero que destituye a 52 cargos públicos de la Generalitat, desmantela oficinas del Govern en el exterior, se hace con el control de los Mossos d’Esquadra, clausura el Parlamento catalán, y convoca elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre, ante las cuales el CIS catalán ya ha pronosticado en base a la elaboración de una serie de encuestas que el soberanismo catalán continuaría su mayoría absoluta. ¿Qué va a hacer entonces el Presidente Rajoy? ¿Va a ilegalizar a los partidos soberanistas? ¿Va a volver a aplicar el 155 al día siguiente de las elecciones?
Ramón Cotarelo lo ha explicado en los siguientes términos: “El 155 es deliberadamente impreciso para dejar manos libres al gobernante y que haga de mangas capirotes con las libertades y derechos de los ciudadanos, la democracia y el mismo Estado de Derecho. Habla de adoptar las “medidas necesarias” para los fines del gobierno, en el entendido de que por “medidas necesarias” entenderá lo que le dé la gana; por ejemplo, convocar elecciones cuando le plazca, pero permitir que se presenten solamente partidos de su bola y no otros. Por ejemplo: elecciones en Cataluña habiendo prohibido los partidos independentistas”. El choque de legalidades y de legitimidades continuará, porque el soberanismo (los que desean decidir) y el independentismo (los que desean separarse de España) no va a desaparecer por muchos artículos 155 que se apliquen. Aún no se han enterado que no se puede poner puertas al campo, ni acabar por la fuerza represora con la fuerza de la democracia. Toda la estrategia desplegada (desde los recortes del Estatut de 2006 en adelante), incluida la usada para reprimir el referéndum del 1-O y todas las medidas posteriores, con el encarcelamiento preventivo de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, obedece al intento de perpetrar un furibundo ataque contra un pueblo que lucha por su emancipación de forma democrática y pacífica. Que los demás no la compartamos, o que apostemos por otros modelos (como el federalista), no quita que sea una lucha popular, democrática, pacífica y revolucionaria. Que las instituciones y los medios catalanes manipulen sus audiencias no les da derecho a intervenir dicha Comunidad, pues entonces habría que hacerlo también a nivel de todo el Estado, pues la manipulación a que nos someten TVE y los medios de comunicación dominantes es realmente de libro. Pues ya sabemos: en España existen, entre otras muchas cosas, impunidad para el franquismo (Ley de Amnistía), racismo institucional (CIE’s, no acogida de refugiados, devoluciones en caliente…), privatización de los servicios públicos, manipulación mediática, recortes sociales, culturales, laborales, en derechos y libertades públicas, involución educativa, precariedad laboral, desigualdad creciente…y ahora, también, presos políticos.
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