España: un estado en proceso de autodestrucción
Orestes Martí
A continuación algunas noticias, comentarios, opiniones y posicionamientos de personalidades y fuerzas políticas y sociales contenidas en la "cobertura temática" sobre el
estado español y lo que algunos califican como un proceso de autodestrucción.
Alberto Garzón:
Canal de difusión de la actividad de Alberto Garzón, Coordinador Federal y Portavoz en el Congreso de los Diputados de Izquierda Unida
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Canal de difusión de la actividad de Alberto Garzón, Coordinador Federal y Portavoz en el Congreso de los Diputados de Izquierda Unida
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Nos encontramos ante un escenario terrible en términos de pobreza y de exclusión social. En nuestro país ha crecido la desigualdad como en casi ningún otro sitio, y muestra de ello es el hecho de que los salarios de las clases populares han bajado mucho más que los de las clases adineradas. Ante eso, el Gobierno de Rajoy habla de crecimiento económico, pero en lugar de aprovecharlo para corregir esos déficits, que son elementos fundamentales de la convivencia de un país y que tienen que ver con la seguridad en términos civiles, opta por no atenderlos.
Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, le he preguntado a Cristóbal Montoro de manera directa sobre esta cuestión con una pregunta muy simple: “¿Por qué siguen recortando en sanidad, educación y prestaciones sociales si hablan de recuperación económica?”. Como era de esperar, el ministro de Hacienda se ha dedicado a mezclar datos (él se ha referido a términos absolutos mientras sabía perfectamente que yo le había preguntado por crecimiento económico y en términos relativos) en un intento de desviar la atención, se ha ido por las ramas y, en algunos momentos, incluso se ha puesto a negar la realidad.
Una vez más ha quedado claro que al Gobierno le trae sin cuidado haber dejado este país hecho pedazos. Han destrozado ayuntamientos y comunidades autónomas, arruinándolas por completo y saqueándolas al estilo Gürtel cuando han podido. Han aplicado recortes en todas las áreas posibles y por eso, cuando experiencias como la gestión de nuestro compañero Carlos Sánchez Mato en el Ayuntamiento de Madrid demuestran que se pueden hacer las cosas de otra forma y que el dinero se puede invertir de otra manera, no dudan lo más mínimo en incluso intervenir sus cuentas para evitar que se sepa que por supuesto que sí existe una alternativa al modelo neoliberal de recortes y miseria que promueve el PP.
Luis Gonzalo Segura
En Alemania, la exaltación del fascismo es perseguida y penada, mientras que en España, a la vista está, es premiada y recompensada. Esta, no cabe duda, es una de las grandes diferencias que nos separa de los germanos.
Allí, en Alemania, donde el calor de nuestra corrupción y degradación no llega con tanta intensidad, los políticos dimiten por una tesis copiada. Aquí, ni decenas y decenas de casos de corrupción provocan que nuestros gobernantes abandonen el sillón. Y peor aún, se puede constatar con consternación cómo millones de españoles acuden a las urnas a votarles con febril 'patriotismo'.
En la desfachatez en la que vivimos, María Dolores de Cospedal, ese siniestro personaje que en Alemania ya conocería el mundo carcelario y el repudio social por tantas y tantas corruptelas, ha sido recientemente coronada como ministra de Defensa. Algo que en cualquier país avanzado habría supuesto un auténtico escándalo, que habría forzado dimisiones y abierto una crisis de considerable magnitud, en España no generó casi ninguna reacción de consideración. Tan acostumbrada está nuestra tierra a tales ultrajes que su nombramiento solo constituyó uno más que añadir a la interminable lista.
Una vez en el poder, Cospedal tenía que sacar lo mejor de sí misma: su recalcitrante franquismo. Así, hemos sido conocedores en fechas recientes de la subvención de los chicos y chicas de la ministra de Defensa a una asociación franquista, lo que se une a una interminable lista de arrebatos que recuerdan a una época anterior, producidos por Cospedal y otros exministros de Defensa (como Morenés, Chacón, Alonso, Bono, etc.).
Por ejemplo, este verano, supimos que la efeméride que se leyó el 18 de julio fue una exaltación de la sublevación militar; el año pasado, una charla de un historiador franquista llenó el auditorio del Centro Superior de Estudios de la Defensa de altos mandos militares; o hace dos años, en 2015, algunas unidades militares terminaron comiendo en Casa Pepe, un restaurante-museo que homenajea a Franco.
También hay unos cuantos 'gatillazos franquistas', como cuando se tuvo que cancelar, el año pasado, la presentación de un libro en el Museo del Ejército que iba de lo mismo, de alabar al amadísimo Caudillo.
Y eso por hablar solo de los últimos dos años, porque el que quiera encontrar más información, ahí tiene 'El libro negro del Ejército español', con sobrados datos para demostrar la filia franquista de nuestra cúpula militar y nuestro Ministerio de Defensa hasta acongojarse. Porque esto viene de lejos, de muy lejos. De hace ochenta años.
Una de las últimas grandes novedades de la exaltación franquista es su descaro, directamente proporcional a la persistencia de los votantes. Por ejemplo, el número dos de Cospedal, Agustín Conde, es un reconocido seguidor de Franco, especialmente desde que propuso la celebración de un pleno de la Comisión de Defensa en el Alcázar de Toledo un 18 de julio. No es un caso aislado, ya que bastaría recordar al anterior director de la Guardia Civil, el 'cadenero' Arsenio Fernández de Mesa. Y así le va al Ministerio de Defensa, ese que pagamos todos, de catástrofe en catástrofe y de disparate en disparate.
En definitiva, la exaltación franquista en las Fuerzas Armadas españolas es tan cotidiana y tan asumida socialmente que, por supuesto, nadie se plantearía investigar a los militares de esta filiación, como sí han hecho los alemanes con aquellos que demostraron tener ideologías nazi o comportamientos intolerantes (275 militares fueron investigados por ello). Mucho menos se proyectaría hacer una inspección a todos los cuarteles para realizar una limpieza de aquellos objetos y recuerdos de la época de Franco, como la que los alemanes hicieron este mismo año.
Así pues, como ha quedado constatado, uno de los grandes problemas de este país es la estructura franquista que subyace bajo la apariencia de edificio moderno, la misma que nos impide avanzar en muchos aspectos. Desgraciadamente, hasta que no encaremos el problema y consigamos desembarazarnos de esta mortaja, no podremos ser un país avanzado.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
Bernat Ollé i Romain Quidant, un ingeniero y un investigador galardonados con el premio de la Fundación Princesa de Girona, han decidido renunciar a los premios.
Los investigadores lo han hecho público tras constatar que "el trabajo que la Fundación ha llevado a cabo durante años para construir puentes quedó liquidada por el reciente posicionamiento de la Casa Real" ante la situación política en Catalunya. Los investigadores recuerdan el discurso del Borbón el pasado 3 de octubre dónde ignoró "la violencia policial del 1 de octubre".
Por ello, han decidido devolver el premio de 10.000 euros que en 2011 y el 2015, respectivamente, les concedió la Fundación. Los investigadores consideran que con la intervención del 3 de octubre, el rey ha dado su beneplácito a "la ola de represión" contra Catalunya que explicitan en "el encarcelamiento de líderes cívicos y del gobierno legítimamente elegido por los votantes catalanes".
Los investigadores solicitan que se les haga llegar el número de cuenta de la Fundación "para poder retornar el importe de los premios". Además, Ollé y Quidant avisan que devolverán las esculturas del premio y piden que se retire sus nombres como premiados de la Fundación de cualquier comunicación, web o red social.
Intervención de la Policía durante el referéndum del 1 de octubre Juan Medina / Reuters
"Un país muy autoritario y antidemocrático": arrecian las críticas a España por la crisis catalana
A pesar del apoyo institucional en Europa, la gestión de la crisis catalana por parte del Estado español recibe duras críticas desde instancias diversas.
Las críticas contra la gestión que hace el Gobierno de España de la crisis catalana se acumulan y llegan desde diversos frentes. Al estupor internacional que causaron las imágenes de la represión policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, y a la dureza con la que el Gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española, se suma ahora la consternación por el encarcelamiento de ocho exmiembros del cesado Gobierno catalán.
Así, el conjunto de medidas tomadas por el Estado español, tanto desde el Ejecutivo como desde la Audiencia Nacional, ha promovido en el extranjero un serio cuestionamiento acerca de la salud de la democracia española. Muestra de ello es este tuit de un programa de la radiotelevisión pública británica BBC, que pregunta a sus usuarios si están de acuerdo en que "España se está comportando como un estado fascista", tras aludir a la prisión incondicional de los 8 exconsejeros catalanes.
Mientras, en el plató de ese mismo programa también se ofrecían respuestas. Una de ellas, tremendamente crítica, fue la del columnista y escritor Owen James, que se refirió a España como "un país muy autoritario y antidemocrático, como mínimo".
Una violación del Estado de Derecho
Una de las críticas más contundentes y mejor articuladas que ha recibido el Estado español por su gestión del problema catalán tiene forma de carta abierta, firmada por un grupo de 188 personas –entre las que hay académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo– y remitida a dos de las máximas autoridades de la Unión Europea: el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Publicada inicialmente en el portal 'Open Democracy', la misiva pretende expresar la "preocupación" por la manera en que España, como Estado Miembro de la UE, está procediendo frente al independentismo catalán: "constituye una violación del Estado de Derecho", afirma el documento.
El texto critica duramente el arresto y encarcelamiento de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (presidentes, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural), calificándolo de "error judicial", y arremete también contra la actuación policial el día del referéndum.
Por todo ello, denuncian que "el Gobierno español, en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía del Estado y la indivisibilidad de la nación, ha violado las libertades y derechos básicos garantizados por la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por los artículos 2 y 6 de la ley marco de la UE (el Tratado de Lisboa)". Además, recuerdan que "la violación de libertades y derechos básicos protegidos por la legislación internacional y de la UE no puede ser un asunto interno de ningún gobierno".
Esa es la razón por la que instan "a la Comisión a que examine la situación de España bajo el marco del Estado de Derecho, del mismo modo que ha hecho anteriormente con otros Estados Miembros", ya que consideran que "una interpretación tan reduccionista y mutilada del Estado de Derecho no puede convertirse en el nuevo sentido común político de Europa".
Varios jueces también cuestionan a la Audiencia Nacional
Mientras tanto, desde el sector progresista del Poder Judicial español también se critica la decisión de Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional, de enviar a la cárcel al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros siete miembros del Gobierno catalán.
En concreto, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) emitió el pasado viernes un comunicado en el que muestra su preocupación por los autos de prisión incondicional dictados el día anterior por la magistrada.
La Asociación afirma a este respecto su "pleno respeto a la independencia de juezas y jueces", pero también reconoce que "el presente caso es excepcional" y por ello expresan su preocupación por "una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal".
En este sentido, recuerdan que "la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción". Asimismo, hacen hincapié en que "tales situaciones deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional".
Además, han señalado que "existen medidas menos gravosas para vincular al investigado al proceso penal, que van desde la prestación de fianza, retirada de documentos de viaje, vigilancia policial, o comparecencias periódicas".
Por último, en un párrafo que refleja la esencia de la mayoría de las críticas que el Estado español está encajando por su reacción frente al independentismo catalán, este colectivo de magistrados considera "que la mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual, por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Catalunya".
La tasa de mujeres con salarios bajos duplica a la de los hombres
Los datos del INE confirman una vez más la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como el descenso del salario medio mensual con respecto al año anterior. Más del 60% de los asalariados españoles gana menos del salario medio.
Uno de cada cinco gana menos de 1.000 euros brutos
A un nivel más general, un total de 3.056.500 asalariados (el 20%) ganaron menos de 1.002,8 euros brutos al mes durante el año 2016. De ellos, en torno a 1,5 millones de trabajadores ganaron menos de 710,1 euros mensuales.
Otro dato llamativo es la evolución del salario medio mensual en términos brutos: alcanzó los 1.878,1 euros en 2016, por debajo de los 1.893,7 euros de 2015 (-0,8%). Por primera vez desde 2006 (cuando comenzó a elaborarse esta estadística), el salario medio ha roto su tendencia alcista y ha registrado un descenso anual.
La Audiencia Nacional confirma la prisión de los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que el juez de Prada considera desproporcionada
JULIA PÉREZ
En la Audiencia Nacional se ha producido la primera ruptura de la unanimidad judicial que ha guiado las resoluciones de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional desde que el pasado 6 y 7 de septiembre el Parlament aprobara la ley de transitoriedad y el referéndum independentista del 1 de octubre, en contra de la minoría parlamentaria catalana que se ausentó del pleno.
El magistrado José Ricardo de Prada ha roto esta tendencia en la sección segunda de la Sala de lo Penal, al juzgar “desproporcionada” la prisión de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dictada por la juez instructora Carmen Lamela que los consideró directores del proceso de ruptura de la legalidad constitucional y por encabezar la multitud de 40.000 personas que el 20 de septiembre bloqueó la salida de una comisión judicial que registraba la consellería de Economía.
La sección ha confirmado la prisión de los Jordis por cuatro votos a favor y el voto en contra del juez De Prada. Y, aunque todos esperaban esta postura debido a la tendencia progresista de este enfant terrible de la judicatura, el hecho es que De Prada ha roto una tendencia: una a una, cada resolución judicial se ha adoptado hasta ahora por unanimidad, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Sólo él la rompió recientemente para oponerse inicialmente a que la Audiencia Nacional investigara a Sànchez y Cuixart, así como Josep Lluís Trapero, ex jefe
de los Mossos y su mano derecha, Teresa Laplana.
Esta decisión fue conocida el pasado viernes, pero este miércoles se han conocido los argumentos de los cinco magistrados que han revisado esta prisión y cuya decisión es firme.
El voto particular del magistrado De Prada abre la puerta de otra perspectiva que puede ser tenida en cuenta en futuras resoluciones judiciales ante los litigios abiertos por el proceso independentista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia proclamada el 27 de octubre. Litigios que pueden acabar acumulados en una única causa en el Tribunal Supremo, si su conexidad es constada por el instructor del alto tribunal, y que pueden desembocar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Argumentos del voto particular
De Prada tilda la prisión provisional de Sànchez y Cuixart de “innecesaria, inidónea como medida y desproporcionada” cuando existen otras medidas cautelares alternativas a la prisión con la suficiente eficacia como para conjurar los posibles riesgos de ocultación de pruebas, fuga o reiteración delictiva.
Este magistrado expone que en la deliberación los cinco jueces no llegaron a conclusiones unívocas respecto a si se produjo o no violencia y, por lo tanto, el delito de sedición o bien desórdenes públicos, coacciones, etcétera, “con muy distinto grado de gravedad”.
Además, razona que el caso es “sumamente complejo” en esta fase inicial de investigación, donde la hipótesis del juzgado sitúa a ambos jordis como líderes y máximos responsables de las movizaciones que desembocaron en episodios concretos de violencia.
Ahora bien, De Prada asume el relato de Cuixart, que sostiene que no hubo un convocante único de las protestas que el juez define como “pacífica y dentro de las vías legales”. Considera también que “no se impidió la salida de la comitiva judicial”, se buscaron soluciones para posibilitar su salida y “existen vídeos de Cuixart desgañitándose para que la gente se marche”.
El juez discrepante considera también que no existen los requisitos de motivación por el juzgado de la responsabilidad personal y concreta en la que incurrieron los investigados, dadas “las particulares dificultades del caso”.
La titular del juzgado central de instrucción 3 no tuvo en cuenta, sostiene De Prada, "las características personales y los fuertes elementos de arraigo" alegados por los Jordis ni el hecho de que acudieran a declarar cuando los medios de comunicación daban por seguro su ingreso en prisión, lo que probaría su "voluntario sometimiento al proceso".
"Tampoco se expresan, más allá de los estereotipos al uso, los elementos que permitan apreciar los riesgos de destrucción delictiva", afirma el juez, que opina que, teniendo en cuenta los motivos que alegaba la juez probar la reincidencia, ésta se podría haber evitado con otras medidas como vigilancias o prohibición de práctica de determinadas actividades.
Los otros cuatro jueces consideran que la juez Lamela es competente para investigar por un delito de sedición los disturbios del 20 de septiembre, cuando una comisión judicial registró la Conselleria de Economía.
El auto de la mayoría destaca que la competencia corresponde a Lamela, "no porque los delitos de sedición con carácter general sean competencia de la Audiencia Nacional, sino porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma de gobierno", delitos para los que es competente este tribunal según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Fractura social y deterioro económico
El auto recuerda que ya en 2015 la Audiencia Nacional abrió una causa por delitos de rebelión o sedición, tras las denuncias interpuestas por la Fiscalía contra ayuntamientos catalanes o concejales en relación con el proceso soberanista. Esta competencia se aceptó “sin objeción alguna” por la Sala de lo Penal.
Para este tribunal, "los hechos investigados, valorados provisionalmente, no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables institucionales del Gobierno y Parlamento catalán, en connivencia” con Sànchez y Cuixart "para subvertir el orden constitucional, desobedeciendo sistemáticamente las resoluciones de los Tribunales".
"Se trata –explica el auto- de un gravísimo desafío a las reglas del estado de derecho, provocando una situación de inestabilidad política, social y económica con la pretensión última de alcanzar la independencia de Cataluña".
Para conseguir esos fines, prosigue el auto, "no importaba provocar una profunda fractura de la sociedad y un grave deterioro de la situación económica, con gravísimas consecuencias para el interés general".
Los magistrados acusan a Sànchez y Cuixart de tratar de "minimizar" en sus recursos "las consecuencias de su comportamiento" al pretender "hacernos creer" que no existen indicios de que sus conductas "fueran encaminadas a cambiar la forma de Gobierno" y que se trató de "un hecho aislado y de una mera protesta ciudadana".
A este respecto, la Sala resalta que desde el día del registro del 20 de septiembre, en el que se llamó a la "movilización permanente" a favor del referéndum del 1-O, ambos líderes desempeñaron un papel "protagonista y dirigente" y se presentaron "como interlocutores de los alzados frente a la comitiva judicial y a los responsables de los Mossos".
El expresidente del Gobierno dice que si ganan los independentistas el 21-D será "el imperio de la anarquía". Sobre el caso Gürtel, asegura que no se siente responsable "pero tampoco indiferente"
PÚBLICO | AGENCIAS
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido este miércoles de que si los independentistas catalanes ganan las elecciones del próximo 21 de diciembre, Cataluny quedará sumida "en la ilegalidad, en la secesión, en la rebelión y en el imperio de la anarquía".
Preocupado porque "España vive su momento más difícil desde la transición", Aznar ha asegurado en una entrevista en la cadena SER que Catalunya "sólo vivirá en un Estado de derecho" si las fuerzas constitucionalistas "lo garantizan" y se impone el marco constitucional. "Si el 22 de diciembre estamos como antes de la intervención del artículo 155, estaremos todos peor y, sobre todo, los catalanes", ha augurado el exjefe del Ejecutivo.
Entrevista en la cadena SER
Aznar ha considerado "correcta" y "legítima" la aplicación del artículo 155 decretada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al considerar que era la forma de parar "el golpe de Estado de los secesionistas". El expresidente del Gobierno no ha querido ser muy duro con Mariano Rajoy, al que él nombró su sucesor —"Estamos donde estamos y no voy a criticar al Gobierno, es momento de apoyar a los constitucionalistas"—, pero sí ha reconocido que "ha faltado política" y ha dejado entrever que él hubiera utilizado antes el artículo 155, al igual que insinuó el exlíder del Ejecutivo Felipe González.
La tesis de Aznar es que los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, han dejado de hacer política en Catalunya, por lo que "deben aclarar que quieren hacer para el futuro de España". "Los partidos constitucionalistas han dejado un margen negativo al secesionismo y cuando los vacíos existen en política otros los cubren. Ha habido un déficit de política muy grande", ha incidido.
Al contrario que en otras ocasiones, Aznar ha evitado ser crítico con Rajoy, aunque ha reconocido que ni el PP ni el PSOE atraviesan un buen momento. "El de Ciudadanos es mejor", ha dicho entre risas antes de alabar a Albert Rivera: "Tiene unas condiciones políticas muy relevantes, otra cosa es que quiera aprovecharlas". Para Rajoy no hubo críticas, pero tampoco alabanzas.
Sobre Gürtel: "No me siento indiferente"
En su primera entrevista en la SER en 21 años, Aznar también habló de otras cuestiones, como la corrupción que atenaza al PP y la trama Gürtel. Por supuesto ha declinado cualquier responsabilidad y ha afirmado que no sabía "nada" de Gürtel, ni tampoco de la llamada Caja B del partido, si bien ha puntualizado que "no se siente indiferente" ante el daño causado.
Aznar ha afirmado que él no se ocupaba de la administración ordinaria del PP y que "tenía muy poca relación" con personas vinculadas con la trama Gürtel, como su cabecilla, Francisco Correa. "No me siento responsable, pero no me siento indiferente", ha repetido.
El expresidente del PP ha dicho comprender que haya ciudadanos "profundamente irritados y molestos y que no estén dispuestos a perdonar" y ha confesado que le causa "mucha perplejidad y dolor pensar" que haya personas con las que coincidió durante su etapa al frente del PP que se hayan visto involucradas en casos de corrupción.
No obstante, ha insistido en que "no era responsable de eso", ya que en septiembre de 2003 delegó la dirección del partido en su sucesor, Mariano Rajoy, y que fueron otros los que asumieron la gestión interna del PP.
En el caso de Rodrigo Rato, también envuelto en varios casos de corrupción, Aznar ha dicho no arrepentirse de que tuviera cargos en su Gobierno. "Por hacerle vicepresidente y ministro, seguro que no me equivoqué. Fue un político y un vicepresidente formidable", ha manifestado.
Irak, nada de lo que arrepentirse
Otro asunto del que ha hablado Aznar ha sido la guerra de Irak. En este asunto no se arrepiente de nada, ni rectifica a pesar de que ya se demostró hace tiempo que no había armas de destrucción masiva. Es más, ha zanjado la cuestión con una frase lapidaria: "No voy a pedir disculpas por defender el interés general de España".
Insiste en que no envió ni un solo soldado a aquella guerra y que las tropas española que acudieron al conflicto lo hicieron bajo el mandato de la ONU para "estabilizar" Irak. También ha criticado a Zapatero por retirarse de la coalición que encabezó Estados Unidos: "Fue un error retirarse de la coalición y fue un error retirar a la tropas españolas".
Cree Aznar que el mundo es tan inseguro ahora como lo era cuando él gobernaba y asegura que la guerra de Irak no ha acrecentado esa inseguridad, más bien al contrario: "Es cierto que hubo errores de inteligencia en Irak, pero a veces el coste de la no intervención es mayor que el de la no intervención. En Irak no había armas pero había un dictador y mire Siria: hay armas y hay un dictador. Mire el caso de los refugiados. Hay no decisiones que provocan efectos devastadores".
Los documentos publicados recientemente por la agencia de inteligencia revelan la preocupación de los norteamericanos por la sucesión de Franco, entre otros.
Dastis reprobado en el Congreso por mentir sobre la enseñanza en Cataluña
El Congreso de los Diputados ha reprobado a Alfonso Dastis por sus declaraciones a una televisión francesa. En estas afirmaba que no se enseña castellano en las escuelas públicas de Cataluña. Con el respaldo del PSOE, Podemos y parte del Grupo Mixto, Esquerra Republicana ha conseguido aprobar su moción contra el ministro de Exteriores al que acusa de mentir pública y deliberadamente. La Cámara ya reprobó a Dastis hace dos semanas junto a Juan Ignacio Zoido, por incumplir la acogida de refugiados.
Seguimiento masivo de la huelga en las universidades catalanas
Agencia Atlas
Las universidades catalanas han seguido de forma masiva la huelga general convocada para hoy. El seguimiento ha sido mucho menor en colegios e institutos. En general, el seguimiento en Educación ha sido del 31'5%. Ante esta situación, en un centro de Educación Secundaria de Sant Andreu de la Barca un grupo de padres se ha manifestado contra las continuas huelgas del profesorado que, aseguran, están afectado a la educación de sus hijos.
"Un país muy autoritario y antidemocrático": arrecian las críticas a España por la crisis catalana
A pesar del apoyo institucional en Europa, la gestión de la crisis catalana por parte del Estado español recibe duras críticas desde instancias diversas.
Las críticas contra la gestión que hace el Gobierno de España de la crisis catalana se acumulan y llegan desde diversos frentes. Al estupor internacional que causaron las imágenes de la represión policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, y a la dureza con la que el Gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española, se suma ahora la consternación por el encarcelamiento de ocho exmiembros del cesado Gobierno catalán.
Así, el conjunto de medidas tomadas por el Estado español, tanto desde el Ejecutivo como desde la Audiencia Nacional, ha promovido en el extranjero un serio cuestionamiento acerca de la salud de la democracia española. Muestra de ello es este tuit de un programa de la radiotelevisión pública británica BBC, que pregunta a sus usuarios si están de acuerdo en que "España se está comportando como un estado fascista", tras aludir a la prisión incondicional de los 8 exconsejeros catalanes.
Ver imagen en Twitter
.Our next question comes as eight leaders are jailed amid the ongoing Catalan crisis #bbcqt pic.twitter.com/ewmZyZyxGi— BBC Question Time (@bbcquestiontime) 2 de noviembre de 2017
Mientras, en el plató de ese mismo programa también se ofrecían respuestas. Una de ellas, tremendamente crítica, fue la del columnista y escritor Owen James, que se refirió a España como "un país muy autoritario y antidemocrático, como mínimo".
"Creo que los catalanes tienen un derecho democrático básico a decidir si quieren un Estado independiente o no", explicó Jones.Merece la pena que escucheis a @OwenJones84 en la BBC sobre Catalunya. Verdades como puños.. pic.twitter.com/u7q1XVPRgO— Sayonaratroika (@rcabrero75) 4 de noviembre de 2017
Una violación del Estado de Derecho
Una de las críticas más contundentes y mejor articuladas que ha recibido el Estado español por su gestión del problema catalán tiene forma de carta abierta, firmada por un grupo de 188 personas –entre las que hay académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo– y remitida a dos de las máximas autoridades de la Unión Europea: el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante una conferencia de prensa el pasado 20 de octubre/ Dario Pignatelli / Reuters
Publicada inicialmente en el portal 'Open Democracy', la misiva pretende expresar la "preocupación" por la manera en que España, como Estado Miembro de la UE, está procediendo frente al independentismo catalán: "constituye una violación del Estado de Derecho", afirma el documento.
El texto critica duramente el arresto y encarcelamiento de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (presidentes, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural), calificándolo de "error judicial", y arremete también contra la actuación policial el día del referéndum.
Por todo ello, denuncian que "el Gobierno español, en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía del Estado y la indivisibilidad de la nación, ha violado las libertades y derechos básicos garantizados por la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por los artículos 2 y 6 de la ley marco de la UE (el Tratado de Lisboa)". Además, recuerdan que "la violación de libertades y derechos básicos protegidos por la legislación internacional y de la UE no puede ser un asunto interno de ningún gobierno".
Mariano Rajoy durante una declaración en el Palacio de la Moncloa en Madrid el pasado 27 de octubre. / Susana Vera
Esa es la razón por la que instan "a la Comisión a que examine la situación de España bajo el marco del Estado de Derecho, del mismo modo que ha hecho anteriormente con otros Estados Miembros", ya que consideran que "una interpretación tan reduccionista y mutilada del Estado de Derecho no puede convertirse en el nuevo sentido común político de Europa".
Varios jueces también cuestionan a la Audiencia Nacional
Mientras tanto, desde el sector progresista del Poder Judicial español también se critica la decisión de Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional, de enviar a la cárcel al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros siete miembros del Gobierno catalán.
La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. / YouTube / Noticias 247
En concreto, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) emitió el pasado viernes un comunicado en el que muestra su preocupación por los autos de prisión incondicional dictados el día anterior por la magistrada.
La Asociación afirma a este respecto su "pleno respeto a la independencia de juezas y jueces", pero también reconoce que "el presente caso es excepcional" y por ello expresan su preocupación por "una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal".
En este sentido, recuerdan que "la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción". Asimismo, hacen hincapié en que "tales situaciones deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional".
Los ex miembros del Gobierno catalán llegan a la Audiencia Nacional. / YouTube / LibertadDigital
Por último, en un párrafo que refleja la esencia de la mayoría de las críticas que el Estado español está encajando por su reacción frente al independentismo catalán, este colectivo de magistrados considera "que la mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual, por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Catalunya".
Los datos del INE confirman una vez más la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como el descenso del salario medio mensual con respecto al año anterior. Más del 60% de los asalariados españoles gana menos del salario medio.
EUROPA PRESS
La tasa de mujeres con salarios bajos duplica a la de los hombres. Esa es una de las principales conclusiones del decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Mientras que el 40,3% de las mujeres tuvo un salario inferior a 1.229,3 euros brutos al mes en 2016, sólo el 20,7% de los hombres cobró esa cantidad o menos.
Para elaborar esta estadística, el INE ordena a todos los asalariados —15.282.361 personas durante el pasado año— según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales. En los tres tramos más bajos — con ingresos de hasta 1.229,3 euros brutos al mes—, están incluidos el 30% de los asalariados españoles (4,58 millones); en los intermedios —con ingresos que van de 1.229,3 a 2.137,5 euros brutos al mes— está el 40% (6,1 millones); y en los tres más altos —más de 2.137,5 euros al mes— se encuadra el 30% restante de los asalariados (4,58 millones).
El INE vuelve a certificar una vez más la brecha salarial entre hombres y mujeres. Los hombres tuvieron una mayor concentración relativa en salarios altos que las mujeres. Así, el 34,6% de los varones ingresaron más de 2.137,5 euros en 2016, frente al 24,9% de las mujeres. Ocurre lo contrario con el tramo más bajo de los salarios: ahí están 40% de las mujeres asalariadas frente al 20% de los hombres.
Además, el 15,5% de las mujeres ganaron menos de 710,1 euros brutos mensuales —la escala más baja que recoge el INE— el año pasado y el 13% percibió un sueldo bruto de entre 710,1 y 1.002,8 euros al mes. En los hombres, estos porcentajes descienden hasta el 5% y el 7,3%, respectivamente.
En cuanto al salario medio, el de las mujeres en 2016 fue de 1.661,0 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.075,7 euros, un 25% más. Una de las razones principales de estas desigualdades en salario medio y distribución salarial entre hombres y mujeres es que ellas trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los varones.
En cuanto al salario medio, el de las mujeres en 2016 fue de 1.661,0 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.075,7 euros, un 25% más. Una de las razones principales de estas desigualdades en salario medio y distribución salarial entre hombres y mujeres es que ellas trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los varones.
Uno de cada cinco gana menos de 1.000 euros brutos
A un nivel más general, un total de 3.056.500 asalariados (el 20%) ganaron menos de 1.002,8 euros brutos al mes durante el año 2016. De ellos, en torno a 1,5 millones de trabajadores ganaron menos de 710,1 euros mensuales.
Otro dato llamativo es la evolución del salario medio mensual en términos brutos: alcanzó los 1.878,1 euros en 2016, por debajo de los 1.893,7 euros de 2015 (-0,8%). Por primera vez desde 2006 (cuando comenzó a elaborarse esta estadística), el salario medio ha roto su tendencia alcista y ha registrado un descenso anual.
El salario mediano, que divide al total de los trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, se situó en 2016 en 1.594,5 euros brutos mensuales, 2,3 euros menos que en 2015 y casi 284 euros menos que el salario medio de 2016 (1.878,1 euros). Más de un 60% de los asalariados españoles perciben menos del salario medio.
Con el recorte registrado en 2016, el salario mediano encadena dos años de descensos, ya que en 2015 bajó por primera vez en varios ejercicios. En 2011, el salario mediano era de 1.577,1 euros brutos al mes y escaló en años siguientes hasta cerrar 2014 en 1.602,5 euros. En 2015 la tendencia se invirtió y se situó por debajo de los 1.600 euros brutos al mes.
Según los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales presentan los salarios más bajos.
Así, el 50,9% de los asalariados con contrato temporal ganaron menos de 1.229,3 euros en 2016, frente al 22,6% de los indefinidos que se encontraban en esta misma situación. En las mujeres, cuatro de cada diez percibió un sueldo inferior a 1.229,3 euros, frente a dos de cada diez varones, y en los jóvenes menores de 25 años, el porcentaje que cobra menos de 1.229,3 euros al mes alcanza el 71,2%.
Con el recorte registrado en 2016, el salario mediano encadena dos años de descensos, ya que en 2015 bajó por primera vez en varios ejercicios. En 2011, el salario mediano era de 1.577,1 euros brutos al mes y escaló en años siguientes hasta cerrar 2014 en 1.602,5 euros. En 2015 la tendencia se invirtió y se situó por debajo de los 1.600 euros brutos al mes.
Según los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales presentan los salarios más bajos.
Así, el 50,9% de los asalariados con contrato temporal ganaron menos de 1.229,3 euros en 2016, frente al 22,6% de los indefinidos que se encontraban en esta misma situación. En las mujeres, cuatro de cada diez percibió un sueldo inferior a 1.229,3 euros, frente a dos de cada diez varones, y en los jóvenes menores de 25 años, el porcentaje que cobra menos de 1.229,3 euros al mes alcanza el 71,2%.
La Audiencia Nacional confirma la prisión de los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que el juez de Prada considera desproporcionada
JULIA PÉREZ
En la Audiencia Nacional se ha producido la primera ruptura de la unanimidad judicial que ha guiado las resoluciones de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional desde que el pasado 6 y 7 de septiembre el Parlament aprobara la ley de transitoriedad y el referéndum independentista del 1 de octubre, en contra de la minoría parlamentaria catalana que se ausentó del pleno.
El magistrado José Ricardo de Prada ha roto esta tendencia en la sección segunda de la Sala de lo Penal, al juzgar “desproporcionada” la prisión de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dictada por la juez instructora Carmen Lamela que los consideró directores del proceso de ruptura de la legalidad constitucional y por encabezar la multitud de 40.000 personas que el 20 de septiembre bloqueó la salida de una comisión judicial que registraba la consellería de Economía.
La sección ha confirmado la prisión de los Jordis por cuatro votos a favor y el voto en contra del juez De Prada. Y, aunque todos esperaban esta postura debido a la tendencia progresista de este enfant terrible de la judicatura, el hecho es que De Prada ha roto una tendencia: una a una, cada resolución judicial se ha adoptado hasta ahora por unanimidad, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Sólo él la rompió recientemente para oponerse inicialmente a que la Audiencia Nacional investigara a Sànchez y Cuixart, así como Josep Lluís Trapero, ex jefe
de los Mossos y su mano derecha, Teresa Laplana.
Esta decisión fue conocida el pasado viernes, pero este miércoles se han conocido los argumentos de los cinco magistrados que han revisado esta prisión y cuya decisión es firme.
El voto particular del magistrado De Prada abre la puerta de otra perspectiva que puede ser tenida en cuenta en futuras resoluciones judiciales ante los litigios abiertos por el proceso independentista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia proclamada el 27 de octubre. Litigios que pueden acabar acumulados en una única causa en el Tribunal Supremo, si su conexidad es constada por el instructor del alto tribunal, y que pueden desembocar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Argumentos del voto particular
De Prada tilda la prisión provisional de Sànchez y Cuixart de “innecesaria, inidónea como medida y desproporcionada” cuando existen otras medidas cautelares alternativas a la prisión con la suficiente eficacia como para conjurar los posibles riesgos de ocultación de pruebas, fuga o reiteración delictiva.
Este magistrado expone que en la deliberación los cinco jueces no llegaron a conclusiones unívocas respecto a si se produjo o no violencia y, por lo tanto, el delito de sedición o bien desórdenes públicos, coacciones, etcétera, “con muy distinto grado de gravedad”.
Además, razona que el caso es “sumamente complejo” en esta fase inicial de investigación, donde la hipótesis del juzgado sitúa a ambos jordis como líderes y máximos responsables de las movizaciones que desembocaron en episodios concretos de violencia.
Ahora bien, De Prada asume el relato de Cuixart, que sostiene que no hubo un convocante único de las protestas que el juez define como “pacífica y dentro de las vías legales”. Considera también que “no se impidió la salida de la comitiva judicial”, se buscaron soluciones para posibilitar su salida y “existen vídeos de Cuixart desgañitándose para que la gente se marche”.
El juez discrepante considera también que no existen los requisitos de motivación por el juzgado de la responsabilidad personal y concreta en la que incurrieron los investigados, dadas “las particulares dificultades del caso”.
La titular del juzgado central de instrucción 3 no tuvo en cuenta, sostiene De Prada, "las características personales y los fuertes elementos de arraigo" alegados por los Jordis ni el hecho de que acudieran a declarar cuando los medios de comunicación daban por seguro su ingreso en prisión, lo que probaría su "voluntario sometimiento al proceso".
"Tampoco se expresan, más allá de los estereotipos al uso, los elementos que permitan apreciar los riesgos de destrucción delictiva", afirma el juez, que opina que, teniendo en cuenta los motivos que alegaba la juez probar la reincidencia, ésta se podría haber evitado con otras medidas como vigilancias o prohibición de práctica de determinadas actividades.
Los otros cuatro jueces consideran que la juez Lamela es competente para investigar por un delito de sedición los disturbios del 20 de septiembre, cuando una comisión judicial registró la Conselleria de Economía.
El auto de la mayoría destaca que la competencia corresponde a Lamela, "no porque los delitos de sedición con carácter general sean competencia de la Audiencia Nacional, sino porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma de gobierno", delitos para los que es competente este tribunal según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Fractura social y deterioro económico
El auto recuerda que ya en 2015 la Audiencia Nacional abrió una causa por delitos de rebelión o sedición, tras las denuncias interpuestas por la Fiscalía contra ayuntamientos catalanes o concejales en relación con el proceso soberanista. Esta competencia se aceptó “sin objeción alguna” por la Sala de lo Penal.
Para este tribunal, "los hechos investigados, valorados provisionalmente, no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables institucionales del Gobierno y Parlamento catalán, en connivencia” con Sànchez y Cuixart "para subvertir el orden constitucional, desobedeciendo sistemáticamente las resoluciones de los Tribunales".
"Se trata –explica el auto- de un gravísimo desafío a las reglas del estado de derecho, provocando una situación de inestabilidad política, social y económica con la pretensión última de alcanzar la independencia de Cataluña".
Para conseguir esos fines, prosigue el auto, "no importaba provocar una profunda fractura de la sociedad y un grave deterioro de la situación económica, con gravísimas consecuencias para el interés general".
Los magistrados acusan a Sànchez y Cuixart de tratar de "minimizar" en sus recursos "las consecuencias de su comportamiento" al pretender "hacernos creer" que no existen indicios de que sus conductas "fueran encaminadas a cambiar la forma de Gobierno" y que se trató de "un hecho aislado y de una mera protesta ciudadana".
A este respecto, la Sala resalta que desde el día del registro del 20 de septiembre, en el que se llamó a la "movilización permanente" a favor del referéndum del 1-O, ambos líderes desempeñaron un papel "protagonista y dirigente" y se presentaron "como interlocutores de los alzados frente a la comitiva judicial y a los responsables de los Mossos".
El expresidente del Gobierno dice que si ganan los independentistas el 21-D será "el imperio de la anarquía". Sobre el caso Gürtel, asegura que no se siente responsable "pero tampoco indiferente"
PÚBLICO | AGENCIAS
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido este miércoles de que si los independentistas catalanes ganan las elecciones del próximo 21 de diciembre, Cataluny quedará sumida "en la ilegalidad, en la secesión, en la rebelión y en el imperio de la anarquía".
Preocupado porque "España vive su momento más difícil desde la transición", Aznar ha asegurado en una entrevista en la cadena SER que Catalunya "sólo vivirá en un Estado de derecho" si las fuerzas constitucionalistas "lo garantizan" y se impone el marco constitucional. "Si el 22 de diciembre estamos como antes de la intervención del artículo 155, estaremos todos peor y, sobre todo, los catalanes", ha augurado el exjefe del Ejecutivo.
Aznar ha considerado "correcta" y "legítima" la aplicación del artículo 155 decretada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al considerar que era la forma de parar "el golpe de Estado de los secesionistas". El expresidente del Gobierno no ha querido ser muy duro con Mariano Rajoy, al que él nombró su sucesor —"Estamos donde estamos y no voy a criticar al Gobierno, es momento de apoyar a los constitucionalistas"—, pero sí ha reconocido que "ha faltado política" y ha dejado entrever que él hubiera utilizado antes el artículo 155, al igual que insinuó el exlíder del Ejecutivo Felipe González.
La tesis de Aznar es que los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, han dejado de hacer política en Catalunya, por lo que "deben aclarar que quieren hacer para el futuro de España". "Los partidos constitucionalistas han dejado un margen negativo al secesionismo y cuando los vacíos existen en política otros los cubren. Ha habido un déficit de política muy grande", ha incidido.
Al contrario que en otras ocasiones, Aznar ha evitado ser crítico con Rajoy, aunque ha reconocido que ni el PP ni el PSOE atraviesan un buen momento. "El de Ciudadanos es mejor", ha dicho entre risas antes de alabar a Albert Rivera: "Tiene unas condiciones políticas muy relevantes, otra cosa es que quiera aprovecharlas". Para Rajoy no hubo críticas, pero tampoco alabanzas.
Sobre Gürtel: "No me siento indiferente"
En su primera entrevista en la SER en 21 años, Aznar también habló de otras cuestiones, como la corrupción que atenaza al PP y la trama Gürtel. Por supuesto ha declinado cualquier responsabilidad y ha afirmado que no sabía "nada" de Gürtel, ni tampoco de la llamada Caja B del partido, si bien ha puntualizado que "no se siente indiferente" ante el daño causado.
Aznar ha afirmado que él no se ocupaba de la administración ordinaria del PP y que "tenía muy poca relación" con personas vinculadas con la trama Gürtel, como su cabecilla, Francisco Correa. "No me siento responsable, pero no me siento indiferente", ha repetido.
El expresidente del PP ha dicho comprender que haya ciudadanos "profundamente irritados y molestos y que no estén dispuestos a perdonar" y ha confesado que le causa "mucha perplejidad y dolor pensar" que haya personas con las que coincidió durante su etapa al frente del PP que se hayan visto involucradas en casos de corrupción.
No obstante, ha insistido en que "no era responsable de eso", ya que en septiembre de 2003 delegó la dirección del partido en su sucesor, Mariano Rajoy, y que fueron otros los que asumieron la gestión interna del PP.
En el caso de Rodrigo Rato, también envuelto en varios casos de corrupción, Aznar ha dicho no arrepentirse de que tuviera cargos en su Gobierno. "Por hacerle vicepresidente y ministro, seguro que no me equivoqué. Fue un político y un vicepresidente formidable", ha manifestado.
Irak, nada de lo que arrepentirse
Otro asunto del que ha hablado Aznar ha sido la guerra de Irak. En este asunto no se arrepiente de nada, ni rectifica a pesar de que ya se demostró hace tiempo que no había armas de destrucción masiva. Es más, ha zanjado la cuestión con una frase lapidaria: "No voy a pedir disculpas por defender el interés general de España".
Insiste en que no envió ni un solo soldado a aquella guerra y que las tropas española que acudieron al conflicto lo hicieron bajo el mandato de la ONU para "estabilizar" Irak. También ha criticado a Zapatero por retirarse de la coalición que encabezó Estados Unidos: "Fue un error retirarse de la coalición y fue un error retirar a la tropas españolas".
Cree Aznar que el mundo es tan inseguro ahora como lo era cuando él gobernaba y asegura que la guerra de Irak no ha acrecentado esa inseguridad, más bien al contrario: "Es cierto que hubo errores de inteligencia en Irak, pero a veces el coste de la no intervención es mayor que el de la no intervención. En Irak no había armas pero había un dictador y mire Siria: hay armas y hay un dictador. Mire el caso de los refugiados. Hay no decisiones que provocan efectos devastadores".
EN VÍDEOS
Los documentos publicados recientemente por la agencia de inteligencia revelan la preocupación de los norteamericanos por la sucesión de Franco, entre otros.
BREVES
El Congreso de los Diputados ha reprobado a Alfonso Dastis por sus declaraciones a una televisión francesa. En estas afirmaba que no se enseña castellano en las escuelas públicas de Cataluña. Con el respaldo del PSOE, Podemos y parte del Grupo Mixto, Esquerra Republicana ha conseguido aprobar su moción contra el ministro de Exteriores al que acusa de mentir pública y deliberadamente. La Cámara ya reprobó a Dastis hace dos semanas junto a Juan Ignacio Zoido, por incumplir la acogida de refugiados.
Agencia Atlas
Las universidades catalanas han seguido de forma masiva la huelga general convocada para hoy. El seguimiento ha sido mucho menor en colegios e institutos. En general, el seguimiento en Educación ha sido del 31'5%. Ante esta situación, en un centro de Educación Secundaria de Sant Andreu de la Barca un grupo de padres se ha manifestado contra las continuas huelgas del profesorado que, aseguran, están afectado a la educación de sus hijos.
INFOREF
(información Referativa)
El ministro del Interior fue grabado con un sistema que Pino y Gago compraron en Israel
El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía y su jefe de la Gabinete tramitaron ilegalmente la adquisición con fondos reservados de Sprinter e InterApp, diseñados por el Grupo Rayzone para "que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto". Ese fue el mismo sistema de alta tecnología que el comisario Villarejo empleó para la Operación Cataluña y con el que se grabó la conversación de agentes del CNI en el caso Nicolás.
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