 | Cobertura con actualización periódica.Orestes Martí |
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A continuación algunas notas y otros materiales contenidos en la "cobertura temática" sobre
las próximas elecciones en Honduras y temas vinculados a aquel país.
¿En qué condiciones “elegirán” los hondureños a su
gobernante número 127?
Ollantay Itzamná |
El próximo domingo, 26 de noviembre, seis millones de
hondureños votarán por un Presidente de la República, tres vicepresidentes,
128 diputados/as al Congreso, 20 diputados/as al Parlamento Centroamericano,
y 298 alcaldes/as.
Compiten 9 candidatos para ocupar la silla presidencial. Pero, sólo los dos partidos tradicionales (Nacional y Liberal) y la inédita alianza de la oposición tienen posibilidades reales de ocupar la presidencia.
Según el Art. 236 de la Constitución Política de la República de Honduras, el Presidente y los tres designados presidenciales (vicepresidentes) son electos por simple mayoría de votos válidos. Es decir, en Honduras no existe la figura de segunda vuelta electoral, ni de la básica mayoría absoluta electoral.
En sus 196 años, el Estado hondureño tuvo nada menos que 126 presidentes (incluido los provisionales). Con un promedio de año y medio de duración por cada gobierno. Quizás esta volatilidad política sea una de las causas/efectos de la actual ausencia de institucionalidad pública y/o de una básica cultura democrática en Honduras.
Fue el miedo a las “intenciones” de reelección, del entonces Presidente Manuel Zelaya, el que aparentemente empujó al sector conservador del país a ejecutar el Golpe de Estado, en junio del 2009. Se puede entregar la soberanía y el territorio nacional a fuerzas extranjeras, pero jamás permitir que se quebrante el principio constitucional de la “no reelección”. Ésta es una premisa reiterada en el imaginario político hondureño.
El Art. 239 de la Constitución de la República prohíbe expresamente la reelección presidencial. Es más, la sola intencionalidad de romper con este artículo pétreo de la Constitución inhabilita al autor, por diez años, de la posibilidad de ocupar la función pública. Pero, paradójicamente, el actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con la venia de la Embajada de los EEUU, va a la reelección inmediata. Y allí va la “ciudadanía catracha”, evidenciando sus contradicciones de su frágil conciencia política.
Incluso, en los países donde existe la figura de la reelección presidencial, los gobernantes, para realizar la campaña electoral correspondiente, renuncian al cargo que desempeñan mientras dure el período de la campaña electoral. En Honduras, el actual Presidente fue simultáneamente candidato presidencial y Presidente de la República.
Otra de las estampas de la democracia “a la hondureña” es la “identidad” del Tribunal Supremo Electoral. Una entidad conformada en su totalidad por magistrados militantes del partido político Nacional y Liberal. En otras democracias elementales se exige la no militancia partidaria a los jueces electorales.
Una década de retrocesos flagrantes en los derechos humanos
Según el Banco Mundial, en la actualidad, el 65% de las y los hondureños sobreviven en situación de pobreza. Y el 42%, en extrema pobreza. En 2007, la pobreza alcanzaba al 58% de la población.
En la actualidad, más del 15% del total de la población nacional se encuentra en el extranjero, y envía una remesa anual que supera el 18% del Producto Interno Bruto de Honduras.
Un país con una deuda pública que supera los 10 mil millones de dólares (cada hondureño nace con una deuda de más de mil dólares). En 2007, la deuda externa no superaba los 2 mil millones de dólares. Un país más empobrecido y más endeudado que hace una década atrás.
Honduras es país marca mundial en asesinatos (60 asesinatos por cada 100 mil habitantes). Hace una década atrás, el país aún no había perdido el amor a la vida como en la actualidad. Mucho menos la “industria de la muerte” había adquirido la actual carta de ciudadanía legítima en el país.
De cada 10 niños hondureños, menores de cinco años, 7 sobrevive en la desnutrición crónica. El porcentaje de la población obesa/desnutrida (producto de la comida chatarra) crece imparable.
País ocupado/controlado por carteles de narcotráfico, más organizados/apertrechados que las fuerzas del orden. Bolsones territoriales bajo el dominio total de las maras (padillas juveniles). País con doble régimen impositivo fiscal socialmente permitido (hasta los funcionarios públicos pagan impuestos de guerra a las maras).
Políticamente, país bajo la tutela permanente de los gobiernos de los EEUU. Honduras es el país que más porcentaje de su territorio cede para el asentamiento de las bases militares norteamericanas en América Latina.
La corrupción, el crimen organizado y agentes del narcotráfico tienen ocupado/controlado casi todo el aparato estatal aparente. El gobierno norteamericano no puede frontalmente emprender “su lucha teatral” contra estos males porque de hacerlo el aparente Estado se desplomaría, y la disputa balcánica por el control de los territorios entre los narcopoderes cobraría legitimidad/legalidad, más de lo que ya consiguieron.
Es en estas condiciones que la disminuida ciudadanía hondureña va a las urnas este próximo domingo para votar por el número 127 de los gobernantes en su historia nacional. Ellos saben que las elecciones no cambiarán nada de la realidad porque no tienen más opción que continuar languideciendo en el dictatorial régimen neoliberal. Las tres principales opciones políticas son neoliberales y electoralistas. Pero, también es más que evidente la esperanza y el sueño por cambios estructurales en algunos nichos sociales.
Honduras: Más crímenes contra la comunidad LGBTI
Giorgio Trucchi
Son cuatro las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI asesinadas en las últimas semanas en la zona norte de Honduras, y las primeras investigaciones sugieren que fueron todas muertes violentas.
En algunos de estos casos, las víctimas habrían sido secuestradas y sufrido violencia física antes de su asesinato, informa la OACNUDH Honduras en un comunicado publicado el pasado 16 de noviembre [1], a pocos días de las elecciones generales del domingo próximo.
La Oficina deploró estas muertes y expresó solidaridad con los familiares y amigos de las personas asesinadas.
Además, alertó sobre la desaparición de otra persona e instó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para dar con su paradero.
Se dispara la violencia
Comunidad LGBT en la mira
De acuerdo con datos brindados por las principales organizaciones defensoras de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y avalados por la OACNUDH, son 31 los integrantes de la comunidad LGBTI asesinados en lo que va del año.
En julio de 2017, en ocasión de la segunda revisión periódica de la situación de los derechos humanos en Honduras, el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su inquietud por la situación de discriminación que sufren estas personas.
“Discriminación de la cual estas muertes son la más dramática manifestación”, aseveró en su comunicado la Oficina del Alto Comisionado en Honduras.
Esta instancia de Naciones Unidas manifestó su preocupación ante la actitud mostrada por las autoridades hondureñas de reproducir elementos de discriminación a través de un discurso público “que alienta la diferencia y la exclusión por razón de la orientación sexual e identidad de género”.
En este sentido, urgió a dichas autoridades a adoptar medidas legales, políticas y administrativas contra el discurso marginalizador “que alimenta los crímenes de odio” y aseguren “el pleno reconocimiento de la igualdad de la parejas del mismo sexo y de la identidad de las personas transgénero”.
La OACNUDH instó al Estado de Honduras a acabar con la impunidad, continuando las investigaciones, en una forma imparcial, pronta y eficaz, sobre la muerte de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, “como premisa para evitar su reproducción en el futuro”.
Campaña de odio
Candidatos fundamentalistas
Ante los últimos trágicos acontecimientos, la Red Lésbica Cattrachas, a través de su Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI, aseguró que este incremento de las muertes surge “como consecuencia de la generación de un clima de odio y de violencia suscitado en el marco de las elecciones nacionales” del próximo domingo 26 de noviembre.
Sería también el resultado de los discursos de campañas altamente fundamentalistas que únicamente promueven al rechazo colectivo hacia un grupo poblacional determinado.
“Las declaraciones o manifestaciones de apología de odio, surgidas de las propuestas electorales de candidatos y candidatas a cargos de elección popular, atentan contra las garantías fundamentales”, explica un comunicado de esta organización.
Los hechos señalados fueron denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en cuanto constituyen figura de delito con responsabilidad penal por incentivar, a través de medios de comunicación y de difusión social, a la discriminación, al odio y al desprecio en contra de las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género.
Nota
[1]- https://app.box.com/s/6gznwksbc95lauoq8k0x67bto3nxu6lv
Fuente: Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/honduras/mas-crimenes-la-comunidad-lgbt/
¿Salvador Nasralla cambiará libreto neoliberal de JOH?
Javier Suazo
En política, lo que funcionó antes, no necesariamente funciona hoy. Un argumento en contra de esta aseveración, es que los partidos políticos cambian con los circunstancias y, por tanto, sus estrategias para alcanzar el poder no son las mismas; hay innovación.
En Honduras, con la llamada vuelta a la democracia en 1982, después de 15 años de gobiernos de facto, resurgió de nuevo el bipartidismo que, a decir de algunos analistas políticos, había permanecido entre bastidores pero dentro de las botas de los militares; o sea, ambos partidos tradicionales: Nacional y Liberal y sus dirigentes, también se beneficiaron de los gobiernos de facto; los primeros más que los segundos según registra la historia.
Sin embargo, las estrategias para alcanzar el poder no cambiaron mucho. Se trata de presentar una mejor propuesta política y plan de gobierno, sobre la base de las debilidades del inquilino de gobierno y las manifestaciones de la crisis económica y social, aunque ya en el poder esta propuesta sea abandonada y sustituida por la improvisación y “sabiduría” de los funcionarios públicos nombrados y diputados electos, contando con el apoyo de los OFIs y empresa privada.
La estrategia fue más que evidente en las elecciones de 1989, donde el presidenciable por el Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas, propuso un gobierno del Cambio, contra el Estado interventor e ineficiente de los gobiernos del Partido Liberal (1982-1989), incapaces de enfrentar la crisis económica y social y demás calamidades del país y población. Este cambio, no era más que la instauración del modelo neoliberal al estilo del General Pinochet en Chile, ya que algunos de los funcionarios de aquel gobierno vinieron a Honduras a mostrar las bondades de dicho modelo, con apoyo financiero de la AID; entre ellos, incluso, se encontraba el Dr. Arnold Harberger, profesor de la Universidad de Chicago, amigo y colega de Milton Friedman.
Curiosamente, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), mostró logros en materia de infraestructura vial y reducción de la pobreza, pero no pudo con los desequilibrios fiscales y monetarios, y fue acusado de corrupto. Los dos (2) gobiernos del Partido Liberal que le siguieron, Carlos Roberto Reina (1994-1997) y Carlos Flores Facusse (1998-2001), no pudieron corregir como se esperaba los fuertes desequilibrios fiscales y monetarios, que más bien magnificaron, volviendo al país poco elegible frente a la comunidad internacional.
Un cuestionamiento es que ambos gobiernos, aunque pertenecientes al Partido Liberal, el llamado partido de las milicias eternamente jóvenes, no se salieron del libreto neoliberal instaurado en 1990, al profundizar la privatización de las empleas públicas y una reforma del Estado antidemocrática, aunque cabe destacar el apoyo brindado al agro, al no dejar morir el programa de reforma agraria y la producción alimentaria.
Al nuevo gobierno del Partido Nacional, con Ricardo Maduro (2002-2005) a la cabeza, le tocó de nuevo aplicar la batería de paquetazos para cumplir con los OFIs, y aspirar a concretar la condonación de la deuda externa bajo la iniciativa de países pobres severamente endeudados (HIPC), iniciada en el gobierno de Flores Facusse, lo cual se logró y permitió reasignar recursos al combate de la pobreza en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (2000-2015), que contó con apoyo de dichos organismos y países amigos.
En todo este periodo, la población vio frustrada sus esperanzas de mejores condiciones de vida y desarrollo para sus familias, ya que, al incumplimiento de las promesas de campaña por los candidatos, se sumó el debilitamiento de la institucionalidad publica, violencia, deterioro de los derechos humanos, narcotráfico, corrupción y pérdida creciente del patrimonio natural.
El Presidente Carlos Roberto Reyna propuso un gobierno de la Revolución Moral, pero fue cuestionado porque parte de sus funcionarios ejecutaron procesos de licitación pública no muy transparentes y no pudo aplicar el código moral de su Revolución; en el caso de Carlos Flores, su propuesta de gobierno denominada la Nueva Agenda fue truncada por la tormenta tropical y huracán Mitch (noviembre 1998), y los problemas financieros reflejados en desequilibrios de las finanzas públicas, niveles de endeudamiento y balanza de pagos. Y con Ricardo Maduro, su propuesta de Cambio para Mejorar se redujo a tratar de corregir desequilibrios fiscales y monetarios con los efectos negativos en la población en términos de empleo, ingresos y pobreza.
Con Mel Zelaya (2006-junio 2009), y su propuesta de Gobierno del Poder Ciudadano, se observa un cambio de la minuta diseñada por el FMI. El gobierno cosechó los beneficios de la HIPC, que le permitió un política económica y social más activa, apoyando la producción alimentaria, la protección de las familias (bono solidario), otorgamiento de subsidios y reducciones en el precio de los combustibles, mayor inversión productiva y social, que permitió un tasa de crecimiento del PIB mayor del 6% y reducciones en los niveles de pobreza de casi 10% según cifras de su gobierno. Mantuvo relaciones con países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, considerados países de tendencia socialista o llamados socialistas del Siglo XXI. En caso de Venezuela, Honduras se benefició de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), al pagar menos por los combustibles.
Este cambio de libreto fue un factor que contribuyó al madrugón (golpe de Estado) contra su persona y gobierno, donde fue evidente la participación del gobierno de los EEUU. El pretexto lo fue, la consulta del gobierno de Zelaya a la población para que se instale o no una Cuarta Urna en las elecciones generales de 2009, lo que fue interpretado por los dirigentes de oposición y del mismo partido liberal, incluyendo diputados al Congreso de la República, como una estrategia para convocar a una Constituyente, reformar la Constitución y seguir en el poder.
Después del golpe de Estado (junio de 2009), los gobiernos del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), y Juan Orlando Hernández (2013-2017), retomaron el libreto neoliberal y reforzaron con la Ley de Empleo por Hora, ciudades modelo, alianzas público-privadas, ley de condonación de deudas, ley de turismo, ley de educación, ley de seguridad social, reformas a la ley de salud, privatización de empresas públicas y servicios públicos como la ENEE, HONDUTEL, la ENP, Peaje, y los nuevos paquetazos con más impuestos, contracción del gasto de inversión y ajustes de tarifas.
El Presidente Hernández, en forma ilegal, aspira a ser reelecto, por lo que de lograrlo, profundizará las acciones del libreto neoliberal apoyado por el FMI, caso de la aceleración del ritmo de devaluación monetaria, privatización de la Salud y la venta del territorio nacional, entre las medidas más importantes.
El candidato a la presidencia de la República por la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, propone un cambio de libreto, caso de la derogación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), peaje, mayor subsidio a los abonados de la ENEE que consumen menos de 150 kilovatios hora, revisión de la ley de minería, la no privatización de la salud y educación, reactivación del agro y apoyo a la seguridad alimentaria, revisión de la carga impositiva a las empresas, en especial las mi pymes, desmilitarización de la sociedad con una policía nacional más comunitaria, revisión de las exoneraciones y un nuevo Pacto Fiscal, auditoria del sobreendeudamiento de la economía y estabilidad de precios.
Las bases, principalmente del Partido Libre, esperan que estas propuestas no se abandonen y se hagan realidad, ya que la historia demuestra que una vez en el poder se cede a la presión que ejercen los OFIs y los llamados poderes fácticos.
Las encuestas oficiales dicen que JOH gana las elecciones, pero ya con menos de 10%, pero las independientes que Salvador Nasralla se lleva el triunfo. En caso de lograrlo, ojalá que no utilicen los perdedores el expediente del madrugón (¿auto golpe?) con apoyo de las FFAA y la Embajada Americana. Recién, Otto J. Reich, ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio y exembajador en Venezuela, acaba de denunciar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envió a Honduras 145 agentes con el propósito de generar caos en el país, y Robert Carmona “proporcionó” la lista de estos agentes al gobierno de Honduras. Supuestamente, cuatro de estos agentes eran los integrantes del grupo musical los Guaraguao, que fueron deportados de Honduras ya que pretendían animar con sus canciones el cierre de campaña electoral de la Alianza Opositora contra la Dictadura. El gobierno de la Republica aclaró que los músicos no tenían permiso de trabajo para cantar en el país, y que fueron tratados cordialmente.
Gases del oficio diría el analista político ya fallecido, Aníbal Delgado Fiallos.
Tegucigalpa, DC, 21 de noviembre de 2017
Compiten 9 candidatos para ocupar la silla presidencial. Pero, sólo los dos partidos tradicionales (Nacional y Liberal) y la inédita alianza de la oposición tienen posibilidades reales de ocupar la presidencia.
Según el Art. 236 de la Constitución Política de la República de Honduras, el Presidente y los tres designados presidenciales (vicepresidentes) son electos por simple mayoría de votos válidos. Es decir, en Honduras no existe la figura de segunda vuelta electoral, ni de la básica mayoría absoluta electoral.
En sus 196 años, el Estado hondureño tuvo nada menos que 126 presidentes (incluido los provisionales). Con un promedio de año y medio de duración por cada gobierno. Quizás esta volatilidad política sea una de las causas/efectos de la actual ausencia de institucionalidad pública y/o de una básica cultura democrática en Honduras.
Fue el miedo a las “intenciones” de reelección, del entonces Presidente Manuel Zelaya, el que aparentemente empujó al sector conservador del país a ejecutar el Golpe de Estado, en junio del 2009. Se puede entregar la soberanía y el territorio nacional a fuerzas extranjeras, pero jamás permitir que se quebrante el principio constitucional de la “no reelección”. Ésta es una premisa reiterada en el imaginario político hondureño.
El Art. 239 de la Constitución de la República prohíbe expresamente la reelección presidencial. Es más, la sola intencionalidad de romper con este artículo pétreo de la Constitución inhabilita al autor, por diez años, de la posibilidad de ocupar la función pública. Pero, paradójicamente, el actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con la venia de la Embajada de los EEUU, va a la reelección inmediata. Y allí va la “ciudadanía catracha”, evidenciando sus contradicciones de su frágil conciencia política.
Incluso, en los países donde existe la figura de la reelección presidencial, los gobernantes, para realizar la campaña electoral correspondiente, renuncian al cargo que desempeñan mientras dure el período de la campaña electoral. En Honduras, el actual Presidente fue simultáneamente candidato presidencial y Presidente de la República.
Otra de las estampas de la democracia “a la hondureña” es la “identidad” del Tribunal Supremo Electoral. Una entidad conformada en su totalidad por magistrados militantes del partido político Nacional y Liberal. En otras democracias elementales se exige la no militancia partidaria a los jueces electorales.
Una década de retrocesos flagrantes en los derechos humanos
Según el Banco Mundial, en la actualidad, el 65% de las y los hondureños sobreviven en situación de pobreza. Y el 42%, en extrema pobreza. En 2007, la pobreza alcanzaba al 58% de la población.
En la actualidad, más del 15% del total de la población nacional se encuentra en el extranjero, y envía una remesa anual que supera el 18% del Producto Interno Bruto de Honduras.
Un país con una deuda pública que supera los 10 mil millones de dólares (cada hondureño nace con una deuda de más de mil dólares). En 2007, la deuda externa no superaba los 2 mil millones de dólares. Un país más empobrecido y más endeudado que hace una década atrás.
Honduras es país marca mundial en asesinatos (60 asesinatos por cada 100 mil habitantes). Hace una década atrás, el país aún no había perdido el amor a la vida como en la actualidad. Mucho menos la “industria de la muerte” había adquirido la actual carta de ciudadanía legítima en el país.
De cada 10 niños hondureños, menores de cinco años, 7 sobrevive en la desnutrición crónica. El porcentaje de la población obesa/desnutrida (producto de la comida chatarra) crece imparable.
País ocupado/controlado por carteles de narcotráfico, más organizados/apertrechados que las fuerzas del orden. Bolsones territoriales bajo el dominio total de las maras (padillas juveniles). País con doble régimen impositivo fiscal socialmente permitido (hasta los funcionarios públicos pagan impuestos de guerra a las maras).
Políticamente, país bajo la tutela permanente de los gobiernos de los EEUU. Honduras es el país que más porcentaje de su territorio cede para el asentamiento de las bases militares norteamericanas en América Latina.
La corrupción, el crimen organizado y agentes del narcotráfico tienen ocupado/controlado casi todo el aparato estatal aparente. El gobierno norteamericano no puede frontalmente emprender “su lucha teatral” contra estos males porque de hacerlo el aparente Estado se desplomaría, y la disputa balcánica por el control de los territorios entre los narcopoderes cobraría legitimidad/legalidad, más de lo que ya consiguieron.
Es en estas condiciones que la disminuida ciudadanía hondureña va a las urnas este próximo domingo para votar por el número 127 de los gobernantes en su historia nacional. Ellos saben que las elecciones no cambiarán nada de la realidad porque no tienen más opción que continuar languideciendo en el dictatorial régimen neoliberal. Las tres principales opciones políticas son neoliberales y electoralistas. Pero, también es más que evidente la esperanza y el sueño por cambios estructurales en algunos nichos sociales.
Honduras: Más crímenes contra la comunidad LGBTIGiorgio Trucchi
Son cuatro las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI asesinadas en las últimas semanas en la zona norte de Honduras, y las primeras investigaciones sugieren que fueron todas muertes violentas.
En algunos de estos casos, las víctimas habrían sido secuestradas y sufrido violencia física antes de su asesinato, informa la OACNUDH Honduras en un comunicado publicado el pasado 16 de noviembre [1], a pocos días de las elecciones generales del domingo próximo.
La Oficina deploró estas muertes y expresó solidaridad con los familiares y amigos de las personas asesinadas.
Además, alertó sobre la desaparición de otra persona e instó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para dar con su paradero.
Se dispara la violencia
Comunidad LGBT en la mira
De acuerdo con datos brindados por las principales organizaciones defensoras de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y avalados por la OACNUDH, son 31 los integrantes de la comunidad LGBTI asesinados en lo que va del año.
En julio de 2017, en ocasión de la segunda revisión periódica de la situación de los derechos humanos en Honduras, el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su inquietud por la situación de discriminación que sufren estas personas.
“Discriminación de la cual estas muertes son la más dramática manifestación”, aseveró en su comunicado la Oficina del Alto Comisionado en Honduras.
Esta instancia de Naciones Unidas manifestó su preocupación ante la actitud mostrada por las autoridades hondureñas de reproducir elementos de discriminación a través de un discurso público “que alienta la diferencia y la exclusión por razón de la orientación sexual e identidad de género”.
En este sentido, urgió a dichas autoridades a adoptar medidas legales, políticas y administrativas contra el discurso marginalizador “que alimenta los crímenes de odio” y aseguren “el pleno reconocimiento de la igualdad de la parejas del mismo sexo y de la identidad de las personas transgénero”.
La OACNUDH instó al Estado de Honduras a acabar con la impunidad, continuando las investigaciones, en una forma imparcial, pronta y eficaz, sobre la muerte de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, “como premisa para evitar su reproducción en el futuro”.
Campaña de odio
Candidatos fundamentalistas
Ante los últimos trágicos acontecimientos, la Red Lésbica Cattrachas, a través de su Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI, aseguró que este incremento de las muertes surge “como consecuencia de la generación de un clima de odio y de violencia suscitado en el marco de las elecciones nacionales” del próximo domingo 26 de noviembre.
Sería también el resultado de los discursos de campañas altamente fundamentalistas que únicamente promueven al rechazo colectivo hacia un grupo poblacional determinado.
“Las declaraciones o manifestaciones de apología de odio, surgidas de las propuestas electorales de candidatos y candidatas a cargos de elección popular, atentan contra las garantías fundamentales”, explica un comunicado de esta organización.
Los hechos señalados fueron denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en cuanto constituyen figura de delito con responsabilidad penal por incentivar, a través de medios de comunicación y de difusión social, a la discriminación, al odio y al desprecio en contra de las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género.
Nota
[1]- https://app.box.com/s/6gznwksbc95lauoq8k0x67bto3nxu6lv
Fuente: Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/honduras/mas-crimenes-la-comunidad-lgbt/
¿Salvador Nasralla cambiará libreto neoliberal de JOH?Javier Suazo
En política, lo que funcionó antes, no necesariamente funciona hoy. Un argumento en contra de esta aseveración, es que los partidos políticos cambian con los circunstancias y, por tanto, sus estrategias para alcanzar el poder no son las mismas; hay innovación.
En Honduras, con la llamada vuelta a la democracia en 1982, después de 15 años de gobiernos de facto, resurgió de nuevo el bipartidismo que, a decir de algunos analistas políticos, había permanecido entre bastidores pero dentro de las botas de los militares; o sea, ambos partidos tradicionales: Nacional y Liberal y sus dirigentes, también se beneficiaron de los gobiernos de facto; los primeros más que los segundos según registra la historia.
Sin embargo, las estrategias para alcanzar el poder no cambiaron mucho. Se trata de presentar una mejor propuesta política y plan de gobierno, sobre la base de las debilidades del inquilino de gobierno y las manifestaciones de la crisis económica y social, aunque ya en el poder esta propuesta sea abandonada y sustituida por la improvisación y “sabiduría” de los funcionarios públicos nombrados y diputados electos, contando con el apoyo de los OFIs y empresa privada.
La estrategia fue más que evidente en las elecciones de 1989, donde el presidenciable por el Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas, propuso un gobierno del Cambio, contra el Estado interventor e ineficiente de los gobiernos del Partido Liberal (1982-1989), incapaces de enfrentar la crisis económica y social y demás calamidades del país y población. Este cambio, no era más que la instauración del modelo neoliberal al estilo del General Pinochet en Chile, ya que algunos de los funcionarios de aquel gobierno vinieron a Honduras a mostrar las bondades de dicho modelo, con apoyo financiero de la AID; entre ellos, incluso, se encontraba el Dr. Arnold Harberger, profesor de la Universidad de Chicago, amigo y colega de Milton Friedman.
Curiosamente, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), mostró logros en materia de infraestructura vial y reducción de la pobreza, pero no pudo con los desequilibrios fiscales y monetarios, y fue acusado de corrupto. Los dos (2) gobiernos del Partido Liberal que le siguieron, Carlos Roberto Reina (1994-1997) y Carlos Flores Facusse (1998-2001), no pudieron corregir como se esperaba los fuertes desequilibrios fiscales y monetarios, que más bien magnificaron, volviendo al país poco elegible frente a la comunidad internacional.
Un cuestionamiento es que ambos gobiernos, aunque pertenecientes al Partido Liberal, el llamado partido de las milicias eternamente jóvenes, no se salieron del libreto neoliberal instaurado en 1990, al profundizar la privatización de las empleas públicas y una reforma del Estado antidemocrática, aunque cabe destacar el apoyo brindado al agro, al no dejar morir el programa de reforma agraria y la producción alimentaria.
Al nuevo gobierno del Partido Nacional, con Ricardo Maduro (2002-2005) a la cabeza, le tocó de nuevo aplicar la batería de paquetazos para cumplir con los OFIs, y aspirar a concretar la condonación de la deuda externa bajo la iniciativa de países pobres severamente endeudados (HIPC), iniciada en el gobierno de Flores Facusse, lo cual se logró y permitió reasignar recursos al combate de la pobreza en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (2000-2015), que contó con apoyo de dichos organismos y países amigos.
En todo este periodo, la población vio frustrada sus esperanzas de mejores condiciones de vida y desarrollo para sus familias, ya que, al incumplimiento de las promesas de campaña por los candidatos, se sumó el debilitamiento de la institucionalidad publica, violencia, deterioro de los derechos humanos, narcotráfico, corrupción y pérdida creciente del patrimonio natural.
El Presidente Carlos Roberto Reyna propuso un gobierno de la Revolución Moral, pero fue cuestionado porque parte de sus funcionarios ejecutaron procesos de licitación pública no muy transparentes y no pudo aplicar el código moral de su Revolución; en el caso de Carlos Flores, su propuesta de gobierno denominada la Nueva Agenda fue truncada por la tormenta tropical y huracán Mitch (noviembre 1998), y los problemas financieros reflejados en desequilibrios de las finanzas públicas, niveles de endeudamiento y balanza de pagos. Y con Ricardo Maduro, su propuesta de Cambio para Mejorar se redujo a tratar de corregir desequilibrios fiscales y monetarios con los efectos negativos en la población en términos de empleo, ingresos y pobreza.
Con Mel Zelaya (2006-junio 2009), y su propuesta de Gobierno del Poder Ciudadano, se observa un cambio de la minuta diseñada por el FMI. El gobierno cosechó los beneficios de la HIPC, que le permitió un política económica y social más activa, apoyando la producción alimentaria, la protección de las familias (bono solidario), otorgamiento de subsidios y reducciones en el precio de los combustibles, mayor inversión productiva y social, que permitió un tasa de crecimiento del PIB mayor del 6% y reducciones en los niveles de pobreza de casi 10% según cifras de su gobierno. Mantuvo relaciones con países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, considerados países de tendencia socialista o llamados socialistas del Siglo XXI. En caso de Venezuela, Honduras se benefició de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), al pagar menos por los combustibles.
Este cambio de libreto fue un factor que contribuyó al madrugón (golpe de Estado) contra su persona y gobierno, donde fue evidente la participación del gobierno de los EEUU. El pretexto lo fue, la consulta del gobierno de Zelaya a la población para que se instale o no una Cuarta Urna en las elecciones generales de 2009, lo que fue interpretado por los dirigentes de oposición y del mismo partido liberal, incluyendo diputados al Congreso de la República, como una estrategia para convocar a una Constituyente, reformar la Constitución y seguir en el poder.
Después del golpe de Estado (junio de 2009), los gobiernos del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), y Juan Orlando Hernández (2013-2017), retomaron el libreto neoliberal y reforzaron con la Ley de Empleo por Hora, ciudades modelo, alianzas público-privadas, ley de condonación de deudas, ley de turismo, ley de educación, ley de seguridad social, reformas a la ley de salud, privatización de empresas públicas y servicios públicos como la ENEE, HONDUTEL, la ENP, Peaje, y los nuevos paquetazos con más impuestos, contracción del gasto de inversión y ajustes de tarifas.
El Presidente Hernández, en forma ilegal, aspira a ser reelecto, por lo que de lograrlo, profundizará las acciones del libreto neoliberal apoyado por el FMI, caso de la aceleración del ritmo de devaluación monetaria, privatización de la Salud y la venta del territorio nacional, entre las medidas más importantes.
El candidato a la presidencia de la República por la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, propone un cambio de libreto, caso de la derogación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), peaje, mayor subsidio a los abonados de la ENEE que consumen menos de 150 kilovatios hora, revisión de la ley de minería, la no privatización de la salud y educación, reactivación del agro y apoyo a la seguridad alimentaria, revisión de la carga impositiva a las empresas, en especial las mi pymes, desmilitarización de la sociedad con una policía nacional más comunitaria, revisión de las exoneraciones y un nuevo Pacto Fiscal, auditoria del sobreendeudamiento de la economía y estabilidad de precios.
Las bases, principalmente del Partido Libre, esperan que estas propuestas no se abandonen y se hagan realidad, ya que la historia demuestra que una vez en el poder se cede a la presión que ejercen los OFIs y los llamados poderes fácticos.
Las encuestas oficiales dicen que JOH gana las elecciones, pero ya con menos de 10%, pero las independientes que Salvador Nasralla se lleva el triunfo. En caso de lograrlo, ojalá que no utilicen los perdedores el expediente del madrugón (¿auto golpe?) con apoyo de las FFAA y la Embajada Americana. Recién, Otto J. Reich, ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio y exembajador en Venezuela, acaba de denunciar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envió a Honduras 145 agentes con el propósito de generar caos en el país, y Robert Carmona “proporcionó” la lista de estos agentes al gobierno de Honduras. Supuestamente, cuatro de estos agentes eran los integrantes del grupo musical los Guaraguao, que fueron deportados de Honduras ya que pretendían animar con sus canciones el cierre de campaña electoral de la Alianza Opositora contra la Dictadura. El gobierno de la Republica aclaró que los músicos no tenían permiso de trabajo para cantar en el país, y que fueron tratados cordialmente.
Gases del oficio diría el analista político ya fallecido, Aníbal Delgado Fiallos.
Tegucigalpa, DC, 21 de noviembre de 2017
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