Cobertura temática: Cataluña (II)
Orestes Martí
A continuación las últimas noticias, comentarios, opiniones y posicionamientos de personalidades y fuerzas políticas y sociales sobre la muy delicada situación en la Comunidad Autónoma de Cataluña
El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza envió este viernes un mensaje de solidaridad con el pueblo de Cataluña, en respuesta a los acontecimientos derivados posterior a la declaración de su independencia, que siguió al referéndum del 1° de octubre; entre los que destaca la detención de funcionarios de la comunidad autónoma.
“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Cataluña. Entendemos la angustia y dolor que sufre en estos difíciles momentos”, escribió Arreaza a través de la red social Twitter,
El diplomático venezolano exigió a las autoridades españolas a que pongan en libertad a los presos políticos. “El diálogo democrático debe ser la vía, no la represión”.
“Esperamos que el gobierno español respete los derechos humanos y políticos de los presos de conciencia y que la democracia se imponga”, indicó. (..........)
Entretien exclusif avec Carles Puigdemont
(24 minutos; en idioma francés)
Puigdemont también señaló que no ha solicitado reunión con ningún político belga ni europeo.
El exmandatario de catalán, Carles Puigdemont aseveró este viernes que su ida a Bruselas fue con la finalidad de evitar más hechos violentos en Cataluña.
"Vine a Bruselas sobre todo para impedir una situación de confrontación porque había mucha gente dispuesta a mantener la resistencia, pero sobre todo sabíamos que el Estado español se preparaba para una nueva ola de violencia, como lo mostró el 1 de octubre, el día del referéndum", expresó el expresidente de la Generalitat.
A través de una entrevista con la televisión pública belga RTBF, Puigdemont señaló que habría podido permanecer en Cataluña y pedir resistencia."No lo hice, no quiero hacerlo porque nunca, nunca la violencia ha sido una opción para nosotros", insistió.
El exdirigente catalán desecha la hipótesis de una guerra civil ya que cada una de las manifestaciones celebradas en la región se han llevado a cabo sin ningún percance en los últimos siete años.
(24 minutos; en idioma francés)
Puigdemont asegura que se fue a #Bruselas para evitar la violencia en #Cataluña
https://t.co/nkmS2TtKvR https://t.co/CTkvCj1vIOPuigdemont también señaló que no ha solicitado reunión con ningún político belga ni europeo.
El exmandatario de catalán, Carles Puigdemont aseveró este viernes que su ida a Bruselas fue con la finalidad de evitar más hechos violentos en Cataluña.
"Vine a Bruselas sobre todo para impedir una situación de confrontación porque había mucha gente dispuesta a mantener la resistencia, pero sobre todo sabíamos que el Estado español se preparaba para una nueva ola de violencia, como lo mostró el 1 de octubre, el día del referéndum", expresó el expresidente de la Generalitat.
A través de una entrevista con la televisión pública belga RTBF, Puigdemont señaló que habría podido permanecer en Cataluña y pedir resistencia."No lo hice, no quiero hacerlo porque nunca, nunca la violencia ha sido una opción para nosotros", insistió.
El exdirigente catalán desecha la hipótesis de una guerra civil ya que cada una de las manifestaciones celebradas en la región se han llevado a cabo sin ningún percance en los últimos siete años.
"El movimiento catalanista es muy pacífico", resaltó. Asimismo, Puigdemont dijo que no ha solicitado reunión con ningún político belga ni europeo. "No he pedido reunirme con nadie por el momento", aseguró Puigdemont.
Además, agregó que tampoco ha pedido asilo político a Bélgica ni tiene previsto hacerlo.
"Estoy aquí para defender a un Gobierno legítimo contra una acción ilegal del Estado español, contra una situación de ausencia de garantías jurídicas en un asunto político y para tener la libertad y la seguridad de expresarme", sostuvo.
También aseguró que está dispuesto a conversar con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, "donde él desee".
"Siempre he estado dispuesto a ese diálogo (...) no tengo miedo de hablar con Mariano Rajoy", manifestó.
La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, emitió este viernes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros que lo acompañan.
Puigdemont y sus consejeros son acusados por la justicia española de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Los cargos fueron dictados tras la declaración de Cataluña como República, como resultado del referendo realizado el 1 de octubre, en el que 90 por ciento de los catalanes votaron a favor de la independencia.
La Fiscalía Federal belga anunció la noche de este viernes que la orden europea de arresto y entrega de Carles Puigdemont, había llegado a Bruselas.
Un portavoz de la Fiscalía informó que los documentos serán "traducidos y examinados el sábado" por la Fiscalía, para luego comenzar oficialmente el procedimiento de busca, captura e intento de entrega.
El expediente será enviado a más tardar el domingo a un juez de instrucción, "casi seguro de Bruselas", el juez analizará la causa y convocará u ordenará el arresto de Puigdemont y sus colaboradores.
Puigdemont deberá comparecer ante el juez en un máximo de 24 horas desde su arresto. El magistrado le informará de los cargos, le ofrecerá la posibilidad de decidir si quiere ser entregado a la Justicia española y le dará la oportunidad de dar las explicaciones que considere oportunas.
Luego tendrá un plazo máximo de nuevo de 24 horas, en el que se decidirá si Puigdemont y los consellers deben permanecer en prisión hasta que se tome la decisión final sobre su futuro o si podrán seguir en libertad hasta entonces.
>> Puigdemont asegura que se fue a Bruselas para evitar la violencia en Cataluña
Como en cualquier otro caso similar, tanto Puigdemont como los Consellers tiene derecho a una fianza.
El magistrado podría rechazar en ese plazo establecido de 24 horas la orden si considera que no cumple los requerimientos o que no tiene base legal.
Si el juez desestimara la petición, la Audiencia Nacional tiene 24 horas para apelar, lo tardaría hasta 15 días en pronunciarse.
Debido a la complejidad del caso el magistrado belga deberá comprobar cada aspecto en detalle, lo que llevaría el proceso a una segunda fase para la que España ya tienes varios abogados asesorando.
>> Justicia española ordena detener a Puigdemont en Bélgica
Luego que se completen los pasos, el juez de instrucción pasa el caso a la llamada Chambre du Conseil, y deberá tomar la decisión en un máximo de 15 días desde la detención de la persona a cuyo nombre hay una orden europea de captura.
La Chambre du Conseil debe revisar que los cargos no sean delito en Bélgica, pero también debe velar que no se estén infringiendo los derechos fundamentales del acusado como lo establece el Artículo 6 del Tratado de la UE.
El Gobierno belga deja todo en manos de las autoridades judiciales
Dos horas más tardes del anuncio de la fiscalía, el ministro belga de Justicia, Koen Geens, emitió un comunicado, señalando que seguía "un proceso judicial" en el que el Gobierno belga no tiene competencia y que las "autoridades judiciales tienen contacto directo".
Además, espera que en caso de apelaciones y recursos una "decisión final" se adopte en un plazo "de 60 días, extensible a 90 en circunstancia excepcionales", agregó además que si la decisión de la cámara es que Puigdemont sea extraditado, se podría hacer a lo largo de los 10 siguientes a la orden.
El ex présidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, llegó el 30 de octubre de 2017 a Bruselas, donde fue acogido por los miembros de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) y se alojó en la sede de la Alianza Libre Europea.
La N-VA es un partido nacionalista flamenco miembro del actual gobierno belga. Son de público conocimiento los vínculos de algunos de sus dirigentes con la extrema derecha.
La Alianza Libre Europea es una federación de partidos regionalistas, autonomistas e independentistas representada con los Verdes en el Parlamento Europeo. Su presidente es el francés Francois Alfonsi, del Partido de la Nación Corsa. El Partido Demócrata Europeo Catalán de Carles Puigdemont no es miembro de la Alianza Libre Europea.
A su llegada a Bruselas, Carles Puigdemont recurrió al abogado Paul Bekaert, especializado en demandas de asilo y dio una serie de pasos a través de los ministros belgas miembros de la N-VA, pero el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, anunció que se opondrá a que se le conceda el asilo político al dirigente catalán a quien negó además la posibilidad de dar una conferencia de prensa en el Residence Palace –sede principal del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, también conocida como Edificio Europa.
Debido a esa negativa, Carles Puigdemont dio su conferencia de prensa del 31 de octubre en el Club de la Prensa de la capital belga. En ese encuentro con los medios, aseguró que no desea permanecer en Bélgica, ya que se le ha denegado esa posibilidad, y que respetará el resultado de las elecciones que el primer ministro español anunció para el 21 de diciembre en Cataluña.
“Catalonia Today”, la revista en inglés de Carles Puigdemont, dirigida a sus padrinos anglosajones.
Cataluña: falsos secesionistas y verdaderos conspiradores
Muchos se imaginan que el independentismo catalán surgió al calor de la resistencia contra el fascismo. Es falso. El primer partido independentista catalán, Estat Català, se fundó en 1922, o sea justo antes de las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco en España.
También imaginan que su fundador, Francesc Macià quería crear un Estado independiente que nunca había existido para salvar del fascismo la región de Barcelona. Es falso. Macià pretendía anexar Andorra, el sudeste de Francia y parte de la isla italiana de Cerdeña ya que, según él, «Cataluña» se hallaba bajo la opresión de Andorra, España, Francia e Italia.
Muchos imaginan que los independentistas catalanes son pacifistas. Falso. En 1926, Francesc Macià intentó dar un golpe de Estado después de haber reclutado para ello un centenar de mercenarios italianos y haber reunido un ejército.
Muchos imaginan que los independentistas catalanes son históricamente de izquierda. Falso. En 1928, cuando Francesc Macià fundó en La Habana el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, lo hizo con ayuda del dictador pro-estadounidense cubano Gerardo Machado.
Los independentistas catalanes nunca han tenido apoyo de los Estados antiimperialistas. La URSS no los respaldó ni siquiera durante la guerra de España –a pesar de que Francesc Macià viajó a Moscú en busca de ayuda soviética y obtuvo entonces respaldo de Bujarin y Zinoviev. Su máximo resultado en ese sentido fue establecer alianzas con algunos miembros de la Segunda Internacional.
Proclamándose seguidor directamente de Macià, y no de su ex patrón Jordi Pujol, y respaldando así implícitamente el proyecto de anexión de Andorra, y de una parte de Francia y de Italia, Carles Puigdemont nunca trató de disimular que tenía apoyo de los anglosajones. Como periodista, creó una publicación mensual para mantener a sus sponsors al tanto de la evolución de su lucha. Esa publicación no se redacta en catalán ni en español sino… en inglés, se llama Catalonia Today y su esposa, la rumana Marcela Topor se convirtió en su redactora en jefe. Puigdemont dirige además asociaciones que promueven el independentismo catalán, pero no en España sino en el extranjero, con financiamiento del multimillonario George Soros.
Los independentistas catalanes, al igual que sus homólogos luos kenyanos y kurdos iraquíes, pasaron por alto el cambio de inquilino en la Casa Blanca. Apoyándose en el «Parlament» catalán, donde tienen la mayoría de los escaños, aunque obtuvieron una minoría de votos durante su elección, proclamaron la independencia luego del referéndum realizado el 1º de octubre de 2017. Creían poder contar con el respaldo de Estados Unidos y, por ende, con el apoyo de la Unión Europea. Pero el presidente Trump no los apoyó, como tampoco apoyó a los luos kenyanos ni a los kurdos iraquíes. Así que la Unión Europea se mantuvo en contra de su nuevo Estado.
Catalunya y las contradicciones de la Unión Europea
Isaac Bigio
La declaración de independencia de Catalunya constituye el primer caso en los 60 años de existencia de la Unión Europea en el cual se proclama la división de uno de sus estados componentes, así como el cambio de régimen político (en este caso de monarquía a república).
Para resolver el problema catalán hay quienes plantean la independencia, volver al status quo español o cambiar el régimen español por uno más federal. Esta nota no aborda ese debate, sino que quiere mostrar las contradicciones de la política de la UE.
La UE y sus socios norteamericanos han rechazado la decisión del parlamento catalán y han secundado a Madrid que inmediatamente disolvió tanto a éste como a todo el gobierno catalán. No importa que estos hayan emergido de las urnas, pues el argumento que hay es que se debe defender la unidad y la legalidad españolas.
La OTAN que constantemente ha fomentado la división de Europa oriental y el cambio de régimen dentro de sus contrincantes, se niega a aceptar ello dentro de uno de sus principales integrantes.
La UE se fundó impulsando la fragmentación de las 3 federaciones socialistas de Europa del este hasta lograr que todas las 2 repúblicas federativas de Checoeslovaquia, las 7 de Yugoeslavia y las 15 de la Unión Soviética sean declaradas como Estados capitalistas soberanos. Es más, Alemania y la mayoría de la UE y la OTAN (incluyendo EEUU) han propiciado el reconocimiento internacional de Kosovo, una provincia de Serbia que nunca tuvo el rango de república autónoma.
La UE luchó por desestabilizar a los regímenes en Europa Oriental propiciando substituir a las economías nacionalizadas y planificadas por un partido único comunista por economías privatizadas abiertas al mercado global y las transnacionales y bajo democracias liberales. La República Federal de la Alemania Occidental absorbió a la República Democrática de Alemania Oriental expandiendo en ella todo su sistema.
De los 28 miembros que tiene hoy la UE, 8 son repúblicas que hace un cuarto de siglo se separaron de sus respectivos Estados. Estas son Lituania, Letonia, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Bosnia.
Hasta hace 25 años atrás la mitad de los 12 países miembros de la UE eran monarquías constitucionales: España, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Dinamarca. En 1995 la corona sueca fue la séptima en integrarse a la UE. Durante todo el tiempo que estas casas reales han sido parte de dicho ente supranacional nunca nadie al interior de éstas ha proclamado una república.
Cuando en el 2014 Escocia consiguió un referendo para ver si se aceptaba o no su independencia, la corona británica se mantuvo abiertamente neutral y se llegó al compromiso de que, en caso la isla se dividiera Escocia pasaría a ser otro país regentado por Elizabeth II.
Sin embargo, España es la única monarquía occidental donde hay significativos movimientos republicanos. Los partidos anti-monárquicos sumaron un cuarto de los votos y un 30% de los diputados en las últimas elecciones generales. En el 2017 las repúblicas norteamericana, francesa, italiana y alemana que se orgullecen de su herencia de haber derrocado a sus respectivas coronas, ahora han salido en defensa de la monarquía española y de su unidad.
La UE luchó contra dictaduras no electas en Portugal, España y Grecia, pero no quiere saber nada de cualquier movimiento que desestabilice a una de las 7 monarquías que la componen, aunque los jefes de Estados de éstas nunca hayan sido electos y sean vitalicios.
La UE ha adoptado como política el que ninguna de las naciones que se separe de un estado miembro de ésta va a poder mantenerse en ésta. La única excepción es la de Irlanda del Norte en caso que ésta decida apartarse de un Reino Unido que rompe con la UE y que se unifique con la República de Irlanda. Incluso si el Reino Unido hubiese aceptado los resultados de referendo pro-independencia en Escocia, la UE hubiese vetado el que este país se mantenga en la UE (pues basta el veto de uno de sus 28 miembros para que ello ocurra).
La UE está dispuesto a patrocinar la división de otras naciones fuera de sus fronteras para poder absorber a algunos de sus componentes, pero no va a tolerar la ruptura de ninguno de sus Estados componentes ni el cambio de cualquiera de sus regímenes.
Dejar que Catalunya se torne una república independiente es dar un aliciente a movimientos nacionalistas en los demás países de lengua catalana, en el País Vasco, Galicia, Bretaña, Córcega, Sicilia, Venecia, Lombardía, Baviera, Silesia, Transilvania, etc.
La Europa occidental que se reclama como la cuna de la democracia mundial aún retiene a 11 monarquías (las 7 que conforman la UE y 4 pequeñas que están rodeadas por la UE: Mónaco, Andorra, Vaticano y Liechtenstein).
La norma de la UE es mantener la estabilidad y la unidad de todos los actuales regímenes que le integran, y solo cuestionar la de sus adversarios o la de estados que se busca fragmentar a fin de poder ir incorporando a partes de ellos (tales como antes fueron las federaciones yugoslava o soviética).
Cataluña y la solidaridad interregional en España
Javier Ruiz Collantes
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
En estos momentos convulsos en los que desde Cataluña, por parte del gobierno catalán y los partidos y movimientos sociales independentista, se pone en cuestión la relación entre España y Cataluña, en España las organizaciones, los líderes y los ciudadanos que se consideran de izquierdas toman partido y se posicionan en uno u otro sentido.
Muchos políticos, intelectuales y ciudadanos españoles de izquierda señalan la ilegitimidad de la voluntad independentista de parte de los ciudadanos catalanes apelando a la llamada solidaridad interregional, esta solidaridad se fundamentaría en el deber de las regiones ricas de ayudar a las regiones pobres. Deber del que Cataluña parece querer escapar. Esta apelación es lógica puesto que la solidaridad es un valor fundamental de las ideologías de izquierda. En el presente artículo se pretende argumentar contra esta posición de buena parte de la izquierda española.
El independentismo catalán cifra el llamado “expolio fiscal” en entre 13.000 y 16.000 millones de euros, es decir, dinero que es recaudado a través de impuestos en Cataluña, que llega al gobierno central del Estado y que no vuelve a Cataluña. Frente al argumento del “expolio fiscal” regional, muchas veces se ha oído, a representantes del gobierno central del Estado o a representantes de los partidos hegemónicos en España, argumentar que los impuestos no los pagan los territorios sino los ciudadanos. De lo cual se deduce que las transferencias de recursos no se producen de un territorio hacia otros sino de unos ciudadanos a otros, independientemente de donde residan. Para ver este tema de manera adecuada se debe salir de este falso dilema y observar las cosas con mayor realismo y claridad: los impuestos no los pagan los territorios, pero tampoco los ciudadanos; los impuestos los pagan, o no los pagan, las clases sociales.
Resulta irrefutable y ampliamente documentado que en los Estados con economías de matriz neoliberal, como ésta en la que nos movemos, el mayor aporte impositivo se da a través de las rentas de trabajo y no de las rentas de capital y que la grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales tienen diferentes vías, más o menos legales o ilegales, para escabullirse respecto a sus obligaciones fiscales. Recordemos, a título de ejemplo muy significativo y directo, cómo el multimillonario Warren Buffet, en un gesto que le honró, en una entrevista a la NBC denunció que el sistema fiscal norteamericano hacía que él pagara menos impuestos que cualquiera de sus empleados, incluidos los recepcionistas.
Bien, los impuestos los pagan algunas clases sociales: los trabajadores, los profesionales, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, en definitiva las clases trabajadoras y las clases medias, pero no la alta burguesía ni las grandes fortunas. Este es un dato muy relevante para entender la función de la llamada “solidaridad interregional”.
Es muy significativo que la derecha española, sólo apele a la solidaridad y a la igualdad entre españoles cuando habla de relaciones interterritoriales, pero nunca cuando habla de las relaciones entre clases sociales y sectores socioeconómicos.
Ante el conflicto del Estado Español y el movimiento independentista catalán, se ha puesto sobre la mesa como una posible solución un “pacto fiscal” por el que Cataluña podría pasar a tener un estatuto fiscal como el Pais Vasco o Navarra. Sin embargo, por ejemplo, el 2 de octubre de este año el diario El Mundo titulaba un artículo de la siguiente manera: “Expertos del gobierno advierten: Un pacto fiscal con Cataluña sería `monstruoso’ y costaría 13.000 millones”. En dicho artículo se reproduce un gráfico con las balanzas fiscales interregionales en las que se observa que sólo Cataluña y Madrid y, en muchísima menor medida, Baleares y Valencia son comunidades aportadoras netas al sistema y transfieren diferentes porcentajes de lo que se recauda en su territorio al resto de comunidades autónomas. Las que más aportaciones reciben son Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla León y Castilla la Mancha.
Resulta esclarecedor que mientras que durante décadas la derecha y también la izquierda española minusvaloraban la contribución de Cataluña a las arcas del Estado descalificando lo que los gobiernos catalanes denunciaban en torno al expolio fiscal y decían que el déficit fiscal catalán se movía en torno a los 4.000 millones; ahora, cuando hay que poner los números de verdad sobre la mesa para decidir lo que el Estado puede ceder y no ceder a Cataluña en una situación extrema de peligro de ruptura, resulta que fuentes gubernamentales de Madrid acaban admitiendo que el montante es tan “monstruoso” que el Estado no puede prescindir de él.
En todo caso, lo relevante de la discusión no estriba en el montante del “déficit fiscal”, si 4.000 millones, 9.000. 13.000 o 16.000; este es un debate que podría ser secundario; lo realmente importante es la función económica, social y política de ese dinero, de dónde sale y para qué sirve.
Se ha de tener en cuenta que el País Vasco y Navarra no aportan nada debido a que mediante el llamado “pacto fiscal” mantienen una relación prácticamente confederal con el Estado Español. Por otro lado, la cuestión de lo que supuestamente aporta la Comunidad Autónoma de Madrid sería otro tema relevante por sí mismo, pues seguramente una buena parte de lo que da por un lado lo recibe por otro. Por ejemplo, en forma de gastos e inversiones como capital del Estado, como destino, directo o indirecto, de las inversiones no regionalizadas en un Estado con infraestructuras centralizadas y radiales, en impuestos de sociedades de numerosísimas grandes corporaciones que aunque tengan su producción en otras comunidades autónomas tienen su sede social y fiscal en Madrid, junto a la autoridad reguladora del mercado, y pagan impuestos en la comunidad autónoma madrileña. Incluso hay que tener en cuenta que una cosa es lo que el gobierno central presupuesta en inversiones en infraestructuras y servicios, que es lo que hace público, y otra cosa muy distinta lo que realmente ejecuta. Sistemáticamente, en Cataluña, lo realmente ejecutado es menor que lo oficialmente invertido; mientras que en Madrid ocurre lo contrario. Pero todo esto es otro tema a discutir, aunque de ello podría desprenderse que una parte fundamental de lo que se transfiere a las comunidades autónomas deficitarias, casi todas, proviene en gran medida de los impuestos de los que de verdad pagan impuestos en Cataluña: las clases medias y las clases trabajadoras.
¿Por qué las fuentes del gobierno central que cita El Mundo, consideran “monstruoso” el hecho que una buena parte de lo recaudado en Cataluña no fuera a parar a los gastos e inversiones del gobierno central y de otras comunidades autónomas españolas deficitarias? Sencillamente porque haría el sistema insostenible, pero ¿qué sistema? Pues el sistema de poder y subordinación entre clases sociales.
Más allá del uso que el gobierno español hace de los recursos de que dispone para reflotar de la ruina a las empresas financieras privadas y de otorgar grandes concesiones de obras a constructoras para la realización de mastodónticas infraestructuras, muchas veces inútiles, nos centraremos en las transferencias de recursos de unas regiones a otras. Tomemos el caso de las regiones del sur de España y, de forma particular, el caso de la mayor de ellas: Andalucía
Andalucía es un gran país, con una cultura rica y de primer nivel, con enormes potencialidades, con un pueblo admirable que en momentos históricos concretos ha demostrado comportamientos heroicos en las luchas por la libertad, la justicia social y el desarrollo de su región y del conjunto de España. Pero no se puede negar la realidad actual. En estos momentos y en su actual estructura socioeconómica, Andalucía es un país inviable si no fuera por las aportaciones exteriores, tanto desde otras comunidades autónomas españolas como de otros países europeos. Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla la Mancha, según datos de Eurostat de 2017, lideran los índices de paro en Europa, sólo por detrás de la región Griega de Macedonia Occidental. En estas regiones españolas, prácticamente la tercera parte de la población en condiciones de trabajar está en paro, con bolsas de desempleo en municipios de algunas provincias que pueden llegar al 40%. El desempleo es endémico y estructural en España, pero en las regiones del sur alcanza cotas insoportables. Mirado desde este punto de vista, el problema más grave del Estado Español está en el sur y no en el noreste.
La situación de las regiones del sur, especialmente en el caso de Andalucía, se debe al mantenimiento de una estructura productiva que es desastrosa y que exacerba los rasgos negativos de la estructura productiva del resto de España: el monocultivo de ladrillo y turismo y la escasísima presencia de industria e innovación, y además posee características propias como la existencia del latifundismo en la propiedad de la tierra, un latifundismo muy poco o nada productivo.
De hecho, por ejemplo, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, el latifundismo no ha disminuido, sino que históricamente ha ido creciendo. Si en 1930 los latifundistas tenían la propiedad del 43 % de las tierras cultivables, actualmente estas tierras están en torno al 50%. Según datos del Sindicato de Trabajadores Andaluces, SAT, el 50% de las tierras cultivables está en manos del 2% de propietarios.
Las elites socio-económicas andaluzas, que en buena parte provienen de la aristocracia y no tienen ni siquiera la mentalidad emprendedora de la burguesía moderna, mantienen sus privilegios en base al inmovilismo y no tienen la menor intención de activar auténticos factores de desarrollo en su región. El statu quo existente ya les resulta sumamente beneficioso. Pero es que ni siquiera los gobiernos autonómicos del PSOE durante los últimos 30 años han hecho nada realmente significativo para cambiar la situación en términos de empleo, productividad y desarrollo. Al final el poder político y las élites socio-económicas se apoyan mutuamente. Un símbolo realmente significativo y vergonzoso de este maridaje está en la declaración de la difunta Duquesa de Alba como Hija Predilecta de Andalucía y la concesión que se le hizo de la medalla de Andalucía por parte del gobierno autonómico del PSOE.
El desempleo masivo genera en el sur de España situaciones socialmente explosivas que afectan sobre todo a las clases populares andaluzas y cuyos efectos sólo puede entenderse que se contengan en base a los recursos que llegan a través de la transferencia de otras comunidades autónomas, especialmente desde Cataluña.
De esta forma, dado que como hemos comentado al principio, se ha de tener en cuenta que quienes pagan impuestos no son ni los territorios, ni las personas, sino las clases sociales, el resultado es que las clases medias y las clases trabajadoras catalanas han de sufragar el mantenimiento de una situación que en última instancia solo beneficia a las élites sociales económicas y políticas del sur y el suroeste de España, pues no tienen un proyecto histórico de desarrollo para sus regiones y su único proyecto es mantener la situación actual porque ello les asegura los privilegios de los que disfrutan, de los que han disfrutado siempre. Ello explica en gran parte la agresividad con que, en las últimas décadas, los líderes regionales del PSOE en el sur de España, desde José Bono hasta Susana Díaz, se han referido a los movimientos independentistas catalanes.
Contrariamente a lo que piensa una buena parte de la izquierda española, el movimiento independentista catalán no es una cosa de cuatro políticos iluminados, ni de la alta burguesía catalana. Para hacer un análisis certero de esta realidad compleja, hay que tener en cuenta que el independentismo catalán es un movimiento popular integrado por amplios sectores de las clases medias y sectores de las clases trabajadoras. Sin embargo, no es ninguna novedad, que sectores también importantes de la clase obrera, provenientes de la inmigración, defienden el unionismo por su vinculación identitaria con España. Pero no confundamos esta vinculación identitaria con los intereses socioeconómicos en tanto que clase social. La prueba de lo explicado hasta aquí es que la alta burguesía catalana defiende con gran fuerza la permanencia de Cataluñaa en España, pues es una élite entroncada con los intereses de la alta burguesía española y que, dada su escasa contribución impositiva, no recela de las transferencias de recursos desde Cataluña hacia otros lugares de España. Otra de las pruebas de lo que aquí se dice está en que los grandes empresarios catalanes colaboran con la estrategia del miedo del gobierno central trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña y que la organización del gran empresariado catalán, Foment del Treball, siempre se ha manifestado de manera radical, muy agresiva y amenazante, en contra de los movimientos pro-independencia. Decir que el proyecto independentista catalán es un asunto de la alta burguesía catalana, implica o mala fe o no entender nada.
Pero situemos aún más la cuestión en términos de los intereses de las clases sociales. Cuando la derecha apela a la solidaridad interregional lo que hace es demandar que las clases populares catalanas, que sufren también la precariedad social y la desigualdad en su comunidad autónoma, sobre todo cuando en la Generalitat gobierna la derecha, contribuyan a mantener la estabilidad en regiones donde la situación social resulta inviable y explosiva y, con ello, apuntalen la pervivencia de los privilegios de las élites de esas regiones. Nunca la derecha española ha defendido ni defenderá que la aristocracia y la alta burguesía andaluzas, y del resto de España, deba cumplir con sus obligaciones impositivas y sociales y deba, por ejemplo, sufragar las ayudas a los desempleados andaluces; por el contrario señalará a la solidaridad interregional como fuente de todo remedio. Todo ello implica imponer que sean las clases medias y trabajadoras catalanas las que se hagan cargo, por ejemplo, de los gastos que los subsidios de desempleo genera en el sur de España y así las élites andaluzas y españolas puedan seguir manteniendo un sistema productivo, o mejor, improductivo, que las beneficia pues no deben arriesgar su capital en un mercado más moderno y de mayor competencia ni deben tocar el sistema de dominación de clases en sus comunidades autónomas.
Por todo ello, la solidaridad interregional no implica, como mucha izquierda española piensa, detraer recursos de la gran burguesía catalana para que vayan a parar a los trabajadores del sur de España. ¿No sabemos ya que la contribución impositiva de la alta burguesía y de las grandes corporaciones es mínima? Por el contrario, la solidaridad interregional supone extraer recursos de las clases medias y trabajadoras catalanas para beneficio de las élites económicas andaluzas, extremeñas, etc. que pueden así mantener un sistema productivo y de poder político en el que basan sus privilegios sin que la situación social de sus regiones se les vaya de las manos.
Por todo ello, la llamada “solidaridad interregional” es la clave de bóveda del sistema socio-económico en España, clave sin la cual éste sería insostenible y, por ello, para las élites españolas, es un principio que, a través de un discurso nacionalista y demagógico y mediante acciones políticas represivas, defenderán siempre, poniendo todos los medios a su alcance para que nunca se quiebre.
INFORMACIÓN HISTÓRICA
VICENÇ ALBERT BALLESTER (1872-1938), PADRE DE LA BANDERA ESTELADA CATALANA
por verbiclara
Vicenç Albert Ballester está considerado como el creador de la Estelada, la bandera independentista catalana. Con este artículo en castellano pretendo aproximarme a la historia de esta bandera, de este personaje y transmitir el profundo sentimiento que rodea a la Estelada.
Se trata de una fusión entre las cuatro barras de la bandera tradicional catalana, con un triángulo azul, que representa el cielo, sobre el que se sitúa una estrella blanca que significa “libertad”.
Está claramente inspirada en la bandera cubana, la ex colonia que había conseguido liberarse del dominio español. Existía un precedente, la ESTELADA ROMBOIDAL, de 1908, que tenía un rombo con una estrella blanca en el centro de la Senyera. Esta fue la bandera que llevaron los voluntarios catalanes que lucharon durante la I Guerra Mundial en favor de Francia, integrados en el RÉGIMENT DE MARCHE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE, unos 950, que participaron en la batalla del Somme, en 1916.
En 1918, gracias a Ballester, se extendió la utilización de la Estelada clásica y, su primera imagen fotográfica apareció en “L’Intransigent”, en la que un grupo de jóvenes separatistas catalanes junto a unos jóvenes estadounidenses, posan en Montserrat.
Vuelve a aparecer en un documento del 11 de septiembre de 1918, del COMITÈ PRO CATALUNYA, en el que se pedía la revisión del Tratado de Utrech.
En 1919 se emitió un sello sin valor postal en el que figura una Estelada como estado perteneciente a la Sociedad de Naciones. Vicenç Albert Ballester consideraba la Estelada como una bandera que debía representar la insurrección de Cataluña, hasta que fuera independiente.
En 1922, Francesc Macià adopta la Estelada para su partido ESTAT CATALÀ y, en 1931, cuando Macià fundó ESQUERRA REPUBLICANA, las JUVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA D’ESTAT CATALÀ (JEREC), la mantuvieron como bandera del partido. Cuando, el 14 de abril de 1931 Macià proclama L’Estat Català, la Estelada fue la bandera utilizada.
Durante la Guerra Civil Española la Estelada fue utilizada por el REGIMENT PIRINENC Nº 1, la 556 BRIGADA MIXTA, la 132 BRIGADA MIXTA y por la COLUMNA VOLANT CATALANA. El FRONT NACIONAL DE CATALUNYA utilizó la Estelada mientras colaboraba con la Resistencia Francesa durante la II Guerra Mundial.
En 1968 fue creado el PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL (PSAN) que decidió cambiar el color azul del triángulo, por uno de color blanco. La ESQUERRA CATALANA DELS TREBALLADORS, sustituyó el triángulo blanco por uno amarillo en 1972
Cuando en 1987 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA se declaró independentista aceptó ambas banderas, aunque conservó la de triángulo azul como oficial. Ambas son hoy utilizadas, junto con alguna otra variación: la Estelada Roja del PC (variante de la Estelada Roja), la Marxista (triángulo blanco y estrella roja), la Anarquista (triángulo negro y estrella roja), y la de algunos grupos de liberación catalanes (triángulo azul y estrella roja).
“No pidolem lleis noves…………….no mendigamos nuevas leyes/
ni demanem clemència……………ni pedimos clemencia/
Volem per Catalunya……………..Queremos para Cataluña/
només la independencia………….nada más la independencia”
BIOGRAFÍA: Vicenç Albert Ballester i Camps nació en Barcelona el 18 de septiembre de 1872 siendo su padre el capitán de marina, Vicenç Ballester de Anoia y, su madre, Cristina Camps de Lérida.
Continuando con la tradición familiar, en 1894 Albert Ballester consiguió el certificado de piloto mercante. A pesar de sufrir problemas de salud que afectaban a sus rodillas, en 1898 se encontraba en Cuba cuando al declararse la independencia de la Isla.
De vuelta a Masnou se empezó a implicar en la lucha catalanista formando parte del FOMENT AUTONOMISTA CATALÀ y llegando a dirigir la revista “La Reixa”. Fue militante de la ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA y fundador de la revista “La Tralla” en 1903 en la que firmaba con los acrónimos VIC (Visca la Independéncia de Catalunya) o VICIME (Visca la Independencia de Catalunya I Mori Espanya). Fue militante de la ASSOCIACIÓ NACIONALISTA CATALANA, colaborador del boletín del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria (CADCI) e integrante de UNIÓ CATALANISTA. Por causa de organizar los actos del 11 de Septiembre de 1908 fue condenado a prisión.
En 1915 participó en la fundación de la Escola Mossén Cinto, que presidió. Tras finalizar la I Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, fue uno de los impulsores del COMITÈ PRO CATALUNYA que quería rentabilizar el sacrificio de los voluntarios catalanes en la I Guerra Mundial solicitando a la Sociedad de Naciones apoyo para la independencia de Cataluña, sin éxito. Mientras formaba parte de este comité, creó la Estelada.
En 1923 participó en la manifestación del 11 de septiembre que fue duramente reprimida, un día antes del golpe de estado de Primo de Rivera. Desde 1924 fue presidente de UNIÓ CATALANISTA y participó en la difusión del catalanismo en América. Vicenç Albert Ballester murió en el Masnou el 15 de agosto de 1938, mientras tenía lugar la Batalla del Ebro.
Foto nº 1: Cortesía absolutbcn, Foto nº 2: Cortesía infodigital, Fotos nº 3, 5, 9 y 10: Dominio público (Wikimedia Commons), Foto nº 4: Cortesía anoiadiari, Foto nº 6: Cortesía estelada, Foto nº 7: Cortesía estatcatala, Foto nº 8: Cortesía ERC Foto nº 11: Cortesía enciclopedia, Foto nº 12: Cortesía elconfidencial, Foto nº 13: Cortesía lavanguardia, Foto nº 14: Cortesía vilaweb Foto nº 15: Cortesía tarragona21
La Fiscalía Federal belga estudiará la orden europea de arresto y entrega de Carles Puigdemont.
La Fiscalía Federal belga anunció la noche de este viernes que la orden europea de arresto y entrega de Carles Puigdemont, había llegado a Bruselas.
Un portavoz de la Fiscalía informó que los documentos serán "traducidos y examinados el sábado" por la Fiscalía, para luego comenzar oficialmente el procedimiento de busca, captura e intento de entrega.
El expediente será enviado a más tardar el domingo a un juez de instrucción, "casi seguro de Bruselas", el juez analizará la causa y convocará u ordenará el arresto de Puigdemont y sus colaboradores.
Puigdemont deberá comparecer ante el juez en un máximo de 24 horas desde su arresto. El magistrado le informará de los cargos, le ofrecerá la posibilidad de decidir si quiere ser entregado a la Justicia española y le dará la oportunidad de dar las explicaciones que considere oportunas.
Luego tendrá un plazo máximo de nuevo de 24 horas, en el que se decidirá si Puigdemont y los consellers deben permanecer en prisión hasta que se tome la decisión final sobre su futuro o si podrán seguir en libertad hasta entonces.
>> Puigdemont asegura que se fue a Bruselas para evitar la violencia en Cataluña
Como en cualquier otro caso similar, tanto Puigdemont como los Consellers tiene derecho a una fianza.
El magistrado podría rechazar en ese plazo establecido de 24 horas la orden si considera que no cumple los requerimientos o que no tiene base legal.
Si el juez desestimara la petición, la Audiencia Nacional tiene 24 horas para apelar, lo tardaría hasta 15 días en pronunciarse.
Debido a la complejidad del caso el magistrado belga deberá comprobar cada aspecto en detalle, lo que llevaría el proceso a una segunda fase para la que España ya tienes varios abogados asesorando.
>> Justicia española ordena detener a Puigdemont en Bélgica
Luego que se completen los pasos, el juez de instrucción pasa el caso a la llamada Chambre du Conseil, y deberá tomar la decisión en un máximo de 15 días desde la detención de la persona a cuyo nombre hay una orden europea de captura.
La Chambre du Conseil debe revisar que los cargos no sean delito en Bélgica, pero también debe velar que no se estén infringiendo los derechos fundamentales del acusado como lo establece el Artículo 6 del Tratado de la UE.
El Gobierno belga deja todo en manos de las autoridades judiciales
Dos horas más tardes del anuncio de la fiscalía, el ministro belga de Justicia, Koen Geens, emitió un comunicado, señalando que seguía "un proceso judicial" en el que el Gobierno belga no tiene competencia y que las "autoridades judiciales tienen contacto directo".
Además, espera que en caso de apelaciones y recursos una "decisión final" se adopte en un plazo "de 60 días, extensible a 90 en circunstancia excepcionales", agregó además que si la decisión de la cámara es que Puigdemont sea extraditado, se podría hacer a lo largo de los 10 siguientes a la orden.
RED VOLTAIRE | 1RO DE NOVIEMBRE DE 2017
El ex présidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, llegó el 30 de octubre de 2017 a Bruselas, donde fue acogido por los miembros de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) y se alojó en la sede de la Alianza Libre Europea.
La N-VA es un partido nacionalista flamenco miembro del actual gobierno belga. Son de público conocimiento los vínculos de algunos de sus dirigentes con la extrema derecha.
La Alianza Libre Europea es una federación de partidos regionalistas, autonomistas e independentistas representada con los Verdes en el Parlamento Europeo. Su presidente es el francés Francois Alfonsi, del Partido de la Nación Corsa. El Partido Demócrata Europeo Catalán de Carles Puigdemont no es miembro de la Alianza Libre Europea.
A su llegada a Bruselas, Carles Puigdemont recurrió al abogado Paul Bekaert, especializado en demandas de asilo y dio una serie de pasos a través de los ministros belgas miembros de la N-VA, pero el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, anunció que se opondrá a que se le conceda el asilo político al dirigente catalán a quien negó además la posibilidad de dar una conferencia de prensa en el Residence Palace –sede principal del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, también conocida como Edificio Europa.
Debido a esa negativa, Carles Puigdemont dio su conferencia de prensa del 31 de octubre en el Club de la Prensa de la capital belga. En ese encuentro con los medios, aseguró que no desea permanecer en Bélgica, ya que se le ha denegado esa posibilidad, y que respetará el resultado de las elecciones que el primer ministro español anunció para el 21 de diciembre en Cataluña.
Cataluña: falsos secesionistas y verdaderos conspiradores
Muchos se imaginan que el independentismo catalán surgió al calor de la resistencia contra el fascismo. Es falso. El primer partido independentista catalán, Estat Català, se fundó en 1922, o sea justo antes de las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco en España.
También imaginan que su fundador, Francesc Macià quería crear un Estado independiente que nunca había existido para salvar del fascismo la región de Barcelona. Es falso. Macià pretendía anexar Andorra, el sudeste de Francia y parte de la isla italiana de Cerdeña ya que, según él, «Cataluña» se hallaba bajo la opresión de Andorra, España, Francia e Italia.
Muchos imaginan que los independentistas catalanes son pacifistas. Falso. En 1926, Francesc Macià intentó dar un golpe de Estado después de haber reclutado para ello un centenar de mercenarios italianos y haber reunido un ejército.
Muchos imaginan que los independentistas catalanes son históricamente de izquierda. Falso. En 1928, cuando Francesc Macià fundó en La Habana el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, lo hizo con ayuda del dictador pro-estadounidense cubano Gerardo Machado.
Los independentistas catalanes nunca han tenido apoyo de los Estados antiimperialistas. La URSS no los respaldó ni siquiera durante la guerra de España –a pesar de que Francesc Macià viajó a Moscú en busca de ayuda soviética y obtuvo entonces respaldo de Bujarin y Zinoviev. Su máximo resultado en ese sentido fue establecer alianzas con algunos miembros de la Segunda Internacional.
Proclamándose seguidor directamente de Macià, y no de su ex patrón Jordi Pujol, y respaldando así implícitamente el proyecto de anexión de Andorra, y de una parte de Francia y de Italia, Carles Puigdemont nunca trató de disimular que tenía apoyo de los anglosajones. Como periodista, creó una publicación mensual para mantener a sus sponsors al tanto de la evolución de su lucha. Esa publicación no se redacta en catalán ni en español sino… en inglés, se llama Catalonia Today y su esposa, la rumana Marcela Topor se convirtió en su redactora en jefe. Puigdemont dirige además asociaciones que promueven el independentismo catalán, pero no en España sino en el extranjero, con financiamiento del multimillonario George Soros.
Los independentistas catalanes, al igual que sus homólogos luos kenyanos y kurdos iraquíes, pasaron por alto el cambio de inquilino en la Casa Blanca. Apoyándose en el «Parlament» catalán, donde tienen la mayoría de los escaños, aunque obtuvieron una minoría de votos durante su elección, proclamaron la independencia luego del referéndum realizado el 1º de octubre de 2017. Creían poder contar con el respaldo de Estados Unidos y, por ende, con el apoyo de la Unión Europea. Pero el presidente Trump no los apoyó, como tampoco apoyó a los luos kenyanos ni a los kurdos iraquíes. Así que la Unión Europea se mantuvo en contra de su nuevo Estado.
Isaac Bigio
La declaración de independencia de Catalunya constituye el primer caso en los 60 años de existencia de la Unión Europea en el cual se proclama la división de uno de sus estados componentes, así como el cambio de régimen político (en este caso de monarquía a república).
Para resolver el problema catalán hay quienes plantean la independencia, volver al status quo español o cambiar el régimen español por uno más federal. Esta nota no aborda ese debate, sino que quiere mostrar las contradicciones de la política de la UE.
La UE y sus socios norteamericanos han rechazado la decisión del parlamento catalán y han secundado a Madrid que inmediatamente disolvió tanto a éste como a todo el gobierno catalán. No importa que estos hayan emergido de las urnas, pues el argumento que hay es que se debe defender la unidad y la legalidad españolas.
La OTAN que constantemente ha fomentado la división de Europa oriental y el cambio de régimen dentro de sus contrincantes, se niega a aceptar ello dentro de uno de sus principales integrantes.
La UE se fundó impulsando la fragmentación de las 3 federaciones socialistas de Europa del este hasta lograr que todas las 2 repúblicas federativas de Checoeslovaquia, las 7 de Yugoeslavia y las 15 de la Unión Soviética sean declaradas como Estados capitalistas soberanos. Es más, Alemania y la mayoría de la UE y la OTAN (incluyendo EEUU) han propiciado el reconocimiento internacional de Kosovo, una provincia de Serbia que nunca tuvo el rango de república autónoma.
La UE luchó por desestabilizar a los regímenes en Europa Oriental propiciando substituir a las economías nacionalizadas y planificadas por un partido único comunista por economías privatizadas abiertas al mercado global y las transnacionales y bajo democracias liberales. La República Federal de la Alemania Occidental absorbió a la República Democrática de Alemania Oriental expandiendo en ella todo su sistema.
De los 28 miembros que tiene hoy la UE, 8 son repúblicas que hace un cuarto de siglo se separaron de sus respectivos Estados. Estas son Lituania, Letonia, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Bosnia.
Hasta hace 25 años atrás la mitad de los 12 países miembros de la UE eran monarquías constitucionales: España, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Dinamarca. En 1995 la corona sueca fue la séptima en integrarse a la UE. Durante todo el tiempo que estas casas reales han sido parte de dicho ente supranacional nunca nadie al interior de éstas ha proclamado una república.
Cuando en el 2014 Escocia consiguió un referendo para ver si se aceptaba o no su independencia, la corona británica se mantuvo abiertamente neutral y se llegó al compromiso de que, en caso la isla se dividiera Escocia pasaría a ser otro país regentado por Elizabeth II.
Sin embargo, España es la única monarquía occidental donde hay significativos movimientos republicanos. Los partidos anti-monárquicos sumaron un cuarto de los votos y un 30% de los diputados en las últimas elecciones generales. En el 2017 las repúblicas norteamericana, francesa, italiana y alemana que se orgullecen de su herencia de haber derrocado a sus respectivas coronas, ahora han salido en defensa de la monarquía española y de su unidad.
La UE luchó contra dictaduras no electas en Portugal, España y Grecia, pero no quiere saber nada de cualquier movimiento que desestabilice a una de las 7 monarquías que la componen, aunque los jefes de Estados de éstas nunca hayan sido electos y sean vitalicios.
La UE ha adoptado como política el que ninguna de las naciones que se separe de un estado miembro de ésta va a poder mantenerse en ésta. La única excepción es la de Irlanda del Norte en caso que ésta decida apartarse de un Reino Unido que rompe con la UE y que se unifique con la República de Irlanda. Incluso si el Reino Unido hubiese aceptado los resultados de referendo pro-independencia en Escocia, la UE hubiese vetado el que este país se mantenga en la UE (pues basta el veto de uno de sus 28 miembros para que ello ocurra).
La UE está dispuesto a patrocinar la división de otras naciones fuera de sus fronteras para poder absorber a algunos de sus componentes, pero no va a tolerar la ruptura de ninguno de sus Estados componentes ni el cambio de cualquiera de sus regímenes.
Dejar que Catalunya se torne una república independiente es dar un aliciente a movimientos nacionalistas en los demás países de lengua catalana, en el País Vasco, Galicia, Bretaña, Córcega, Sicilia, Venecia, Lombardía, Baviera, Silesia, Transilvania, etc.
La Europa occidental que se reclama como la cuna de la democracia mundial aún retiene a 11 monarquías (las 7 que conforman la UE y 4 pequeñas que están rodeadas por la UE: Mónaco, Andorra, Vaticano y Liechtenstein).
La norma de la UE es mantener la estabilidad y la unidad de todos los actuales regímenes que le integran, y solo cuestionar la de sus adversarios o la de estados que se busca fragmentar a fin de poder ir incorporando a partes de ellos (tales como antes fueron las federaciones yugoslava o soviética).
Cataluña y la solidaridad interregional en EspañaJavier Ruiz Collantes
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
En estos momentos convulsos en los que desde Cataluña, por parte del gobierno catalán y los partidos y movimientos sociales independentista, se pone en cuestión la relación entre España y Cataluña, en España las organizaciones, los líderes y los ciudadanos que se consideran de izquierdas toman partido y se posicionan en uno u otro sentido.
Muchos políticos, intelectuales y ciudadanos españoles de izquierda señalan la ilegitimidad de la voluntad independentista de parte de los ciudadanos catalanes apelando a la llamada solidaridad interregional, esta solidaridad se fundamentaría en el deber de las regiones ricas de ayudar a las regiones pobres. Deber del que Cataluña parece querer escapar. Esta apelación es lógica puesto que la solidaridad es un valor fundamental de las ideologías de izquierda. En el presente artículo se pretende argumentar contra esta posición de buena parte de la izquierda española.
El independentismo catalán cifra el llamado “expolio fiscal” en entre 13.000 y 16.000 millones de euros, es decir, dinero que es recaudado a través de impuestos en Cataluña, que llega al gobierno central del Estado y que no vuelve a Cataluña. Frente al argumento del “expolio fiscal” regional, muchas veces se ha oído, a representantes del gobierno central del Estado o a representantes de los partidos hegemónicos en España, argumentar que los impuestos no los pagan los territorios sino los ciudadanos. De lo cual se deduce que las transferencias de recursos no se producen de un territorio hacia otros sino de unos ciudadanos a otros, independientemente de donde residan. Para ver este tema de manera adecuada se debe salir de este falso dilema y observar las cosas con mayor realismo y claridad: los impuestos no los pagan los territorios, pero tampoco los ciudadanos; los impuestos los pagan, o no los pagan, las clases sociales.
Resulta irrefutable y ampliamente documentado que en los Estados con economías de matriz neoliberal, como ésta en la que nos movemos, el mayor aporte impositivo se da a través de las rentas de trabajo y no de las rentas de capital y que la grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales tienen diferentes vías, más o menos legales o ilegales, para escabullirse respecto a sus obligaciones fiscales. Recordemos, a título de ejemplo muy significativo y directo, cómo el multimillonario Warren Buffet, en un gesto que le honró, en una entrevista a la NBC denunció que el sistema fiscal norteamericano hacía que él pagara menos impuestos que cualquiera de sus empleados, incluidos los recepcionistas.
Bien, los impuestos los pagan algunas clases sociales: los trabajadores, los profesionales, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, en definitiva las clases trabajadoras y las clases medias, pero no la alta burguesía ni las grandes fortunas. Este es un dato muy relevante para entender la función de la llamada “solidaridad interregional”.
Es muy significativo que la derecha española, sólo apele a la solidaridad y a la igualdad entre españoles cuando habla de relaciones interterritoriales, pero nunca cuando habla de las relaciones entre clases sociales y sectores socioeconómicos.
Ante el conflicto del Estado Español y el movimiento independentista catalán, se ha puesto sobre la mesa como una posible solución un “pacto fiscal” por el que Cataluña podría pasar a tener un estatuto fiscal como el Pais Vasco o Navarra. Sin embargo, por ejemplo, el 2 de octubre de este año el diario El Mundo titulaba un artículo de la siguiente manera: “Expertos del gobierno advierten: Un pacto fiscal con Cataluña sería `monstruoso’ y costaría 13.000 millones”. En dicho artículo se reproduce un gráfico con las balanzas fiscales interregionales en las que se observa que sólo Cataluña y Madrid y, en muchísima menor medida, Baleares y Valencia son comunidades aportadoras netas al sistema y transfieren diferentes porcentajes de lo que se recauda en su territorio al resto de comunidades autónomas. Las que más aportaciones reciben son Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla León y Castilla la Mancha.
Resulta esclarecedor que mientras que durante décadas la derecha y también la izquierda española minusvaloraban la contribución de Cataluña a las arcas del Estado descalificando lo que los gobiernos catalanes denunciaban en torno al expolio fiscal y decían que el déficit fiscal catalán se movía en torno a los 4.000 millones; ahora, cuando hay que poner los números de verdad sobre la mesa para decidir lo que el Estado puede ceder y no ceder a Cataluña en una situación extrema de peligro de ruptura, resulta que fuentes gubernamentales de Madrid acaban admitiendo que el montante es tan “monstruoso” que el Estado no puede prescindir de él.
En todo caso, lo relevante de la discusión no estriba en el montante del “déficit fiscal”, si 4.000 millones, 9.000. 13.000 o 16.000; este es un debate que podría ser secundario; lo realmente importante es la función económica, social y política de ese dinero, de dónde sale y para qué sirve.
Se ha de tener en cuenta que el País Vasco y Navarra no aportan nada debido a que mediante el llamado “pacto fiscal” mantienen una relación prácticamente confederal con el Estado Español. Por otro lado, la cuestión de lo que supuestamente aporta la Comunidad Autónoma de Madrid sería otro tema relevante por sí mismo, pues seguramente una buena parte de lo que da por un lado lo recibe por otro. Por ejemplo, en forma de gastos e inversiones como capital del Estado, como destino, directo o indirecto, de las inversiones no regionalizadas en un Estado con infraestructuras centralizadas y radiales, en impuestos de sociedades de numerosísimas grandes corporaciones que aunque tengan su producción en otras comunidades autónomas tienen su sede social y fiscal en Madrid, junto a la autoridad reguladora del mercado, y pagan impuestos en la comunidad autónoma madrileña. Incluso hay que tener en cuenta que una cosa es lo que el gobierno central presupuesta en inversiones en infraestructuras y servicios, que es lo que hace público, y otra cosa muy distinta lo que realmente ejecuta. Sistemáticamente, en Cataluña, lo realmente ejecutado es menor que lo oficialmente invertido; mientras que en Madrid ocurre lo contrario. Pero todo esto es otro tema a discutir, aunque de ello podría desprenderse que una parte fundamental de lo que se transfiere a las comunidades autónomas deficitarias, casi todas, proviene en gran medida de los impuestos de los que de verdad pagan impuestos en Cataluña: las clases medias y las clases trabajadoras.
¿Por qué las fuentes del gobierno central que cita El Mundo, consideran “monstruoso” el hecho que una buena parte de lo recaudado en Cataluña no fuera a parar a los gastos e inversiones del gobierno central y de otras comunidades autónomas españolas deficitarias? Sencillamente porque haría el sistema insostenible, pero ¿qué sistema? Pues el sistema de poder y subordinación entre clases sociales.
Más allá del uso que el gobierno español hace de los recursos de que dispone para reflotar de la ruina a las empresas financieras privadas y de otorgar grandes concesiones de obras a constructoras para la realización de mastodónticas infraestructuras, muchas veces inútiles, nos centraremos en las transferencias de recursos de unas regiones a otras. Tomemos el caso de las regiones del sur de España y, de forma particular, el caso de la mayor de ellas: Andalucía
Andalucía es un gran país, con una cultura rica y de primer nivel, con enormes potencialidades, con un pueblo admirable que en momentos históricos concretos ha demostrado comportamientos heroicos en las luchas por la libertad, la justicia social y el desarrollo de su región y del conjunto de España. Pero no se puede negar la realidad actual. En estos momentos y en su actual estructura socioeconómica, Andalucía es un país inviable si no fuera por las aportaciones exteriores, tanto desde otras comunidades autónomas españolas como de otros países europeos. Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla la Mancha, según datos de Eurostat de 2017, lideran los índices de paro en Europa, sólo por detrás de la región Griega de Macedonia Occidental. En estas regiones españolas, prácticamente la tercera parte de la población en condiciones de trabajar está en paro, con bolsas de desempleo en municipios de algunas provincias que pueden llegar al 40%. El desempleo es endémico y estructural en España, pero en las regiones del sur alcanza cotas insoportables. Mirado desde este punto de vista, el problema más grave del Estado Español está en el sur y no en el noreste.
La situación de las regiones del sur, especialmente en el caso de Andalucía, se debe al mantenimiento de una estructura productiva que es desastrosa y que exacerba los rasgos negativos de la estructura productiva del resto de España: el monocultivo de ladrillo y turismo y la escasísima presencia de industria e innovación, y además posee características propias como la existencia del latifundismo en la propiedad de la tierra, un latifundismo muy poco o nada productivo.
De hecho, por ejemplo, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, el latifundismo no ha disminuido, sino que históricamente ha ido creciendo. Si en 1930 los latifundistas tenían la propiedad del 43 % de las tierras cultivables, actualmente estas tierras están en torno al 50%. Según datos del Sindicato de Trabajadores Andaluces, SAT, el 50% de las tierras cultivables está en manos del 2% de propietarios.
Las elites socio-económicas andaluzas, que en buena parte provienen de la aristocracia y no tienen ni siquiera la mentalidad emprendedora de la burguesía moderna, mantienen sus privilegios en base al inmovilismo y no tienen la menor intención de activar auténticos factores de desarrollo en su región. El statu quo existente ya les resulta sumamente beneficioso. Pero es que ni siquiera los gobiernos autonómicos del PSOE durante los últimos 30 años han hecho nada realmente significativo para cambiar la situación en términos de empleo, productividad y desarrollo. Al final el poder político y las élites socio-económicas se apoyan mutuamente. Un símbolo realmente significativo y vergonzoso de este maridaje está en la declaración de la difunta Duquesa de Alba como Hija Predilecta de Andalucía y la concesión que se le hizo de la medalla de Andalucía por parte del gobierno autonómico del PSOE.
El desempleo masivo genera en el sur de España situaciones socialmente explosivas que afectan sobre todo a las clases populares andaluzas y cuyos efectos sólo puede entenderse que se contengan en base a los recursos que llegan a través de la transferencia de otras comunidades autónomas, especialmente desde Cataluña.
De esta forma, dado que como hemos comentado al principio, se ha de tener en cuenta que quienes pagan impuestos no son ni los territorios, ni las personas, sino las clases sociales, el resultado es que las clases medias y las clases trabajadoras catalanas han de sufragar el mantenimiento de una situación que en última instancia solo beneficia a las élites sociales económicas y políticas del sur y el suroeste de España, pues no tienen un proyecto histórico de desarrollo para sus regiones y su único proyecto es mantener la situación actual porque ello les asegura los privilegios de los que disfrutan, de los que han disfrutado siempre. Ello explica en gran parte la agresividad con que, en las últimas décadas, los líderes regionales del PSOE en el sur de España, desde José Bono hasta Susana Díaz, se han referido a los movimientos independentistas catalanes.
Contrariamente a lo que piensa una buena parte de la izquierda española, el movimiento independentista catalán no es una cosa de cuatro políticos iluminados, ni de la alta burguesía catalana. Para hacer un análisis certero de esta realidad compleja, hay que tener en cuenta que el independentismo catalán es un movimiento popular integrado por amplios sectores de las clases medias y sectores de las clases trabajadoras. Sin embargo, no es ninguna novedad, que sectores también importantes de la clase obrera, provenientes de la inmigración, defienden el unionismo por su vinculación identitaria con España. Pero no confundamos esta vinculación identitaria con los intereses socioeconómicos en tanto que clase social. La prueba de lo explicado hasta aquí es que la alta burguesía catalana defiende con gran fuerza la permanencia de Cataluñaa en España, pues es una élite entroncada con los intereses de la alta burguesía española y que, dada su escasa contribución impositiva, no recela de las transferencias de recursos desde Cataluña hacia otros lugares de España. Otra de las pruebas de lo que aquí se dice está en que los grandes empresarios catalanes colaboran con la estrategia del miedo del gobierno central trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña y que la organización del gran empresariado catalán, Foment del Treball, siempre se ha manifestado de manera radical, muy agresiva y amenazante, en contra de los movimientos pro-independencia. Decir que el proyecto independentista catalán es un asunto de la alta burguesía catalana, implica o mala fe o no entender nada.
Pero situemos aún más la cuestión en términos de los intereses de las clases sociales. Cuando la derecha apela a la solidaridad interregional lo que hace es demandar que las clases populares catalanas, que sufren también la precariedad social y la desigualdad en su comunidad autónoma, sobre todo cuando en la Generalitat gobierna la derecha, contribuyan a mantener la estabilidad en regiones donde la situación social resulta inviable y explosiva y, con ello, apuntalen la pervivencia de los privilegios de las élites de esas regiones. Nunca la derecha española ha defendido ni defenderá que la aristocracia y la alta burguesía andaluzas, y del resto de España, deba cumplir con sus obligaciones impositivas y sociales y deba, por ejemplo, sufragar las ayudas a los desempleados andaluces; por el contrario señalará a la solidaridad interregional como fuente de todo remedio. Todo ello implica imponer que sean las clases medias y trabajadoras catalanas las que se hagan cargo, por ejemplo, de los gastos que los subsidios de desempleo genera en el sur de España y así las élites andaluzas y españolas puedan seguir manteniendo un sistema productivo, o mejor, improductivo, que las beneficia pues no deben arriesgar su capital en un mercado más moderno y de mayor competencia ni deben tocar el sistema de dominación de clases en sus comunidades autónomas.
Por todo ello, la solidaridad interregional no implica, como mucha izquierda española piensa, detraer recursos de la gran burguesía catalana para que vayan a parar a los trabajadores del sur de España. ¿No sabemos ya que la contribución impositiva de la alta burguesía y de las grandes corporaciones es mínima? Por el contrario, la solidaridad interregional supone extraer recursos de las clases medias y trabajadoras catalanas para beneficio de las élites económicas andaluzas, extremeñas, etc. que pueden así mantener un sistema productivo y de poder político en el que basan sus privilegios sin que la situación social de sus regiones se les vaya de las manos.
Por todo ello, la llamada “solidaridad interregional” es la clave de bóveda del sistema socio-económico en España, clave sin la cual éste sería insostenible y, por ello, para las élites españolas, es un principio que, a través de un discurso nacionalista y demagógico y mediante acciones políticas represivas, defenderán siempre, poniendo todos los medios a su alcance para que nunca se quiebre.
INFORMACIÓN HISTÓRICA
VICENÇ ALBERT BALLESTER (1872-1938), PADRE DE LA BANDERA ESTELADA CATALANApor verbiclara
Vicenç Albert Ballester está considerado como el creador de la Estelada, la bandera independentista catalana. Con este artículo en castellano pretendo aproximarme a la historia de esta bandera, de este personaje y transmitir el profundo sentimiento que rodea a la Estelada.
Se trata de una fusión entre las cuatro barras de la bandera tradicional catalana, con un triángulo azul, que representa el cielo, sobre el que se sitúa una estrella blanca que significa “libertad”.
En 1919 se emitió un sello sin valor postal en el que figura una Estelada como estado perteneciente a la Sociedad de Naciones. Vicenç Albert Ballester consideraba la Estelada como una bandera que debía representar la insurrección de Cataluña, hasta que fuera independiente.
ni demanem clemència……………ni pedimos clemencia/
Volem per Catalunya……………..Queremos para Cataluña/
només la independencia………….nada más la independencia”
Del “Cant Per la Independencia”, poema de Albert Ballester
BIOGRAFÍA: Vicenç Albert Ballester i Camps nació en Barcelona el 18 de septiembre de 1872 siendo su padre el capitán de marina, Vicenç Ballester de Anoia y, su madre, Cristina Camps de Lérida.Continuando con la tradición familiar, en 1894 Albert Ballester consiguió el certificado de piloto mercante. A pesar de sufrir problemas de salud que afectaban a sus rodillas, en 1898 se encontraba en Cuba cuando al declararse la independencia de la Isla.
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