Escenario mundial: España Orestes Martí

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La ONU pide a España que explique por qué excluye a medios alternativos del reparto de licencias audiovisuales Laura Galaup

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a España que aporte información para explicar por qué no ha concedido licencias de televisión y de radio a medios comunitarios (los vecinales, sociales, universitarios...).

La Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Ràdio Televisió Cardedeu (Barcelona) denunciaron en julio al Estado ante este organismo internacional por no incluir a estos servicios de comunicación sin ánimo de lucro en el reparto de frecuencias. El pasado lunes 5 de marzo el comité respondió a estos colectivos informándoles de que ya han solicitado al Estado información sobre "el fondo" de la comunicación y "la cuestión de admisibilidad".

La ONU pide a España que explique por qué excluye a medios alternativos del reparto de licencias audiovisuales

El Comité de Derechos Humanos pide información a España tras la denuncia presentada por el colectivo que agrupa a los canales de comunicación vecinales y sociales

La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 contempla que se les dé licencia a estos medios comunitarios de entidades sin ánimo de lucro, pero no ha sucedido

El Gobierno otorgó licencias en 2015 a 13TV y al Real Madrid, entre otros, y en un informe interno Industria proponía directamente "eliminar la categoría audiovisual" de estos canales alternativos

Los medios comunitarios llevan años batallando para que el Estado les conceda licencias, tanto a las televisiones como a las radios. "No somos legales ni ilegales", explican desde el gabinete de prensa de la ReMC. Aseguran que actualmente están emitiendo de forma "alegal", tienen frecuencias pero no están reconocidas ni concedidas por la administración.

La Ley General de Comunicación Audiovisual –publicada en el BOE el 1 de abril del 2010– esgrime que las instituciones públicas deben garantizar "la disponibilidad del dominio público radioeléctrico" a estos medios. De hecho, daba un plazo de un año para desarrollar reglamentariamente el "procedimiento de concesión de la licencia" y su "marco de actuación". Sin embargo, actualmente, varios años después, sigue sin haberse elaborado esta estrategia.

Un informe interno del Ministerio de Industria, publicado en 2015 por eldiario.es, reveló cómo cocinaba la estrategia audiovisual en el Gobierno del PP. Entre otras cosas, se proponía acabar con las teles comunitarias y vecinales. El documento era contundente proponía "eliminar esta categoría audiovisual" y contemplaba el contra: "Rechazo partidos extrema izquierda". Aportaba también la "justificación" para eliminarlos: "escasez de licencias y posibilidades internet y medios digitales".

"El Estado tiene que cumplir la legalidad. Estamos a marzo a 2018, han pasado siete años desde que se determinó que había que elaborar licencias y el Gobierno de España sigue incumpliendo su ley. No pedimos nada que no se haya planteado ya", añaden desde el gabinete de prensa de la ReMC.

PNL aprobada en el Congreso

En la denuncia presentada por estos dos colectivos recuerdan esta situación y alegan que ocho años después se continúa incumpliendo la normativa porque "ningún servicio de comunicación audiovisual comunitario ha podido acceder a autorización de uso de frecuencias, en la modalidad de radio ni de televisión".

Este asunto llegó el año pasado al Congreso con la aprobación de una Proposición No de Ley, en la que instaban a regular la concesión de "autorizaciones temporales a Servicios de Comunicación comunitarios radiofónicos y televisivos".

Según contempla el reglamento del Comité de Derechos Humanos, la respuesta enviada a los denunciantes es el primer paso que da este organismo tras recibir una comunicación. A partir de ahora, España tendrá seis meses para presentar por escrito "explicaciones u observaciones" relativas a este asunto y posteriormente los denunciantes podrán responder a esas alegaciones. Desde la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información aseguran que por ahora no han obtenido información sobre este asunto. "Cuando se reciba, se estudiará el contenido y se valorará la respuesta", reseñan.

200 medios en España

La ReMC y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tienen registrados 200 medios comunitarios en España, de ellos una decena son televisiones. Estos canales de comunicación pertenecen a entidades sin ánimo de lucro y permiten que ciudadanos y diferentes colectivos, como asociaciones de personas con discapacidad, aprendan "a ejercer su derecho a comunicar de una forma veraz y atractiva", explican en un comunicado.

 El año pasado la Xunta obligó a la principal radio comunitaria gallega a cesar sus emisiones en FM, bajo amenaza de una multa de 200.000 euros si continuaba. Cuac FM llevaba 21 años en antena en A Coruña, con el apoyo de la universidad de la ciudad. La ReMC consideró que esta decisión supone una "interpretación restrictiva del Derecho constitucional a comunicar" y "contraria al artículo 4.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual", que asegura que "todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios".

 Estos colectivos reivindican que "el infradesarrollo normativo y los condicionantes financieros" no permiten que estas iniciativas generen empleo. "De hecho, solo el 22% de estas radios tienen a alguna persona contratada", aclaran.

 Los denunciantes consideran que el Estado vulnera cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tratado firmado por España en 1977. Los epígrafes denunciados están relacionados con la libertad de expresión, igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a ser oídas todas las personas públicamente ante los tribunales.

 "Entre las medidas de reparación que solicitamos al estado se encuentran la planificación de frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, medidas de fomento del sector, revisar la normativa de adjudicación y renovación de licencias, crear un organismo audiovisual independiente e imparcial, y una indemnización por los gastos judiciales", inciden desde la ReMC.

 Recurso desestimado por el Supremo

 Entre la argumentación que incluyen estos colectivos, explican que fueron "excluidos" del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre aprobado por el Gobierno en 2014 y de una concesión de seis licencias nacionales que se otorgaron un año después. Estas últimas se adjudicaron a 13TV, S.A; Atresmedia Corporación Medios de Comunicación, S.A; Mediaset España Comunicación, S.A; Real Madrid Club de Fútbol; Central Broadcaster Media, S.L.U y Radio Blanca, S.A. La estrategia que delimita las emisoras de radio es más antiguo, se publicó en 2006.

 Como el plan del 2014 no dejó espectro a los operadores comunitarios, la ReMC lo denunció ante el Supremo. Los magistrados desestimaron el recurso contencioso administrativo al considerar que no se pudo acreditar que el Real Decreto que configura esta estrategia cerrase todo "el espectro radioeléctrico a las entidades de comunicación audiovisual comunitarias sin ánimo de lucro". Aseguran que por falta de recursos económicos para defender el litigio no han acudido al Constitucional y han optado por el Comité de Derechos Humanos.

Rajoy abordará futuro de las pensiones en parlamento español (agp/edu) Madrid, 14 mar (PL) En medio de una creciente presión social y política, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, comparecerá hoy en el Congreso de los Diputados para abordar el futuro de las pensiones.  La Cámara baja fijó para este miércoles el pleno monográfico solicitado por el propio gobernante conservador para exponer sus planes en esa materia, tras las masivas protestas protagonizadas por los jubilados en las últimas semanas.  Con su anuncio, el jefe del Ejecutivo intenta retomar la iniciativa en un tema electoralmente muy sensible para su agrupación, el derechista Partido Popular (PP), que suele tener en las personas mayores su mayor respaldo en las urnas.  El aumento de la crispación social y de la presión política para que esas retribuciones suban más allá del 0,25 por ciento, llevó al mandatario a proponer este pleno en el Congreso, donde su administración carece de mayoría absoluta.  Valiéndose de su entonces hegemonía parlamentaria, en 2013 el PP desvinculó el alza de esas pagas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de recortar el gasto en el deficitario sistema y compensar una creciente esperanza de vida.  Hace unos días, Rajoy subrayó que la crisis provocó la pérdida de 3,5 millones de empleos y 70 mil millones de euros de recaudación, y defendió la decisión de limitar a 0,25 por ciento la subida de los nueve millones de pensiones mientras la Seguridad Social siga en déficit.  A las reivindicaciones sindicales y de la calle se sumaron la mayoría de los partidos de la oposición, que reclamaron que esas prestaciones públicas vuelvan a revalorizarse conforme al IPC, de forma que en 2018 trepen al 1,6 por ciento, equivalente a la inflación prevista.  El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acusó al presidente de sustraer el debate de las pensiones, al impedir que hoy se puedan votar propuestas de resolución de los grupos representados en la cámara.  Para la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, resulta lamentable que Rajoy 'acuda a rastras' al pleno del Congreso, tras las manifestaciones de los pensionistas, y lo haga en una comparecencia sin ninguna comunicación, frenando propuestas de resolución.  'Es una irresponsabilidad que Rajoy venga al Congreso sólo a leer un texto', denunció la diputada de la principal fuerza de la oposición en este país europeo.  Las organizaciones sindicales critican que mientras la economía de España crece un tres por ciento, las retribuciones de los jubilados apenas lo hacen 0,25 por ciento.

15 ideas para que Rajoy haga sostenibles y dignas las pensiones  Partidos, sindicatos, organismos y economistas manejan un amplio abanico de propuestas para potenciar el sistema de jubilaciones, cuyo blindaje Constitucional parece un detalle olvidado en el falaz debate sobre su futuro.

LAS PENSIONES, EN EL AIRE Rajoy se refugia en el Pacto de Toledo para "bloquear" la subida de las pensiones El Gobierno y el Partido Popular insisten en circunscribir todas las conversaciones a la Comisión del Congreso de los Diputados sobre esta materia, y la oposición les acusa de paralizar los avances en este espacio. Mariano Rajoy se enfrenta este miércoles al pleno monográfico sobre pensiones, con la exigencia de PSOE, Unidos Podemos y los pensionistas que protestan en las calles de actualizar sus retribuciones en base al IPC, algo que fuentes del PP descartan rotundamente.

El Gobierno evita pagar casi 100 millones cada mes que deja sin actualizar las pensiones Más de 9,5 millones de perceptores, pendientes de la respuesta a su masiva demanda de no perder poder adquisitivo.

Informe "Tuitea... Si te atreves" de Amnistía Internacional Amnistía Internacional publica un informe donde desvela cómo España usa el código penal en materia antiterrorista para vulnerar la libertad de expresión y perseguir la legítima crítica política.

El Tribunal de Cuentas afea que Casa África asumiese gastos de la candidatura de España al Consejo de Seguridad de la ONU La institución reprocha al ente que no cuente con un plan financiero plurianual que asegure su viabilidad y que el director general, Luis Padrón, mantenga operativa una tarjeta de crédito. El Tribunal de Cuentas ha criticado que se cargasen al Consorcio Casa Africa gastos destinados a obtener apoyos de los países africanos a la candidatura española al Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano donde España ocupó un puesto no permanente en 2014 y 2015. Así consta en el informe de fiscalización de Casa África de los años 2014 y 2015. El Tribunal se refiere a un gasto de 43.907,57 euros sufragado por Casa Africa para un seminario de inversión y turismo en el continente, que tuvo lugar en Nueva York, organizado por esta institución y por la Representación española ante la ONU, en colaboración con el Real Instituto Elcano.

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DESDE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA
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A fuerza de especiales informativos sensacionalistas y oportunismo partidista, España se ha convertido en la meca del populismo punitivo Antón Losada El mundo moderno es definitivamente país para crímenes. Nos facilitan practicar dos de nuestras aficiones favoritas en esta sociedad de redes e informaciones virtuales: contemplar la violencia y escarbar en la vida de la gente. Lejos de contribuir a la serenidad y la sensibilidad que requiere ayudar a las víctimas e impartir justicia, nos refocilamos sin mesura ni cabeza en la brocha gorda, el trazo gore, la soflama incendiaria, el desorden justiciero y en señalar como cómplices de los asesinos a todos aquellos que discrepen de nuestras soluciones. A fuerza de especiales informativos sensacionalistas y oportunismo partidista, España se ha convertido en la meca del populismo punitivo. Las redes se llenan de justicieros en cuestión de segundos. Cada uno gestiona el dolor a su manera y no seré yo quien empiece a dar lecciones. Siempre lo he entendido como algo íntimo y personal, que sólo se comparte con los seres más queridos; pero sólo es una manera de llevarlo. Me cuesta entender en qué pueden ayudar a las víctimas los aluviones de odio y venganza que suelen generarse en las redes. Nadie lo ha dicho mejor que Patricia Ramírez, la madre del pobre Gabriel Cruz: consuelan aquellos que te abrazan con su solidaridad y su afecto, no con la rabia y el odio. Frente a aquellos que convierten al crimen o a sus víctimas en oportunidades para acreditar sus propias taras y complejos, solo cabe no entrar en conversación y practicar la compasión. Muchos medios y periodistas se convierten también en implacables justicieros. La urgencia de dar el titular antes que lo demás lo justifica todo. Si el asesino es un inmigrante, se pregunta si todos los son. Si la asesina es una mujer, se demuestra que las mujeres matan. La exhibición permanente del dolor ajeno convertido en espectáculo les permite decir lo que les parezca, porque todo vale para subirse a la ola la indignación colectiva y maximizar la tirada o la audiencia. Pero el peor espectáculo lo ofrece, sin duda, una buena parte de la misma élite política cuya obligación principal sería canalizar la indignación y el clamor de justicia por medio de un debate honesto y riguroso y unas políticas informadas y coherentes. En su lugar muchos prefieren apuntarse al ruido y la rabia. Unos lo hacen para marcar la debilidad de sus rivales en los asuntos de ley y orden público, otros porque no se atreven a asumir el riesgo de hacer oír su voz y prefieren la comodidad del apuntarse al desorden. Ninguno es inocente y todos son igualmente responsables. Todos cuantos se hacen en fotografías con las víctimas mientras les ofrecen la prisión permanente revisable como bálsamo para su dolor y solución para todos los males, saben perfectamente que les están mintiendo y que solo buscan instrumentalizar su pena insoportable, la necesidad que todos tenemos de encontrar algún sentido a la desgracia y al horror. Ese es otro crimen y tampoco debería quedar sin castigo.

Gabriel y el dolor como espectáculo una vez más Rosa María Artal La desmesura es absoluta. Utilización política y espectáculo se unen de nuevo en este caso. Esta vez incluso lo advirtió la madre de la víctima pero no sirve de nada cuando la caja de las audiencias o de los votos va anotando ganancias

EL DINERO DE TODOS Una sentencia obliga a Sanidad a revelar cuánto dinero reparte en publicidad a cada medio Raúl Sánchez / Raquel Ejerique El juzgado falla a favor de eldiario.es y obliga al departamento, como ya hizo con Defensa, a publicar en detalle cómo reparte el presupuesto de publicidad institucional en teles, radios, periódicos y webs Sanidad se gastó 14 millones de euros en campañas de violencia de género, consumo de alcohol en menores o prevención de embarazos infantiles, pero se niega a especificar en qué medios Ocho ministerios del Gobierno obligados a dar los datos por peticiones de eldiario.es están pleiteando para esquivar las resoluciones del Consejo de Transparencia, el organismo que vigila que se cumple la ley

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