InfoCom y derechos humanos Orestes Martí |
FSM 2018, debate:
La ofensiva conservadora contra el derecho a la comunicación en A. Latina FCINA ALAI AMLATINA |
La actual ofensiva conservadora en América Latina, y las resistencias frente a ella, fue un tema destacado en diversos espacios del Foro Social Mundial 2018, que se acaba de realizar en Salvador de Bahía, Brasil; y más aún cuando se conoció del asesinato político, en Rio de Janeiro, de la concejala por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marielle Franco.
El impacto de esta ofensiva conservadora en los derechos de la comunicación fue el tema puesto en escena por iniciativa del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA), junto con el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) de Brasil. En este marco, se abordaron los retrocesos en materia de legislación y políticas públicas para la democratización de la comunicación, el impacto de la concentración monopólica en el sector de Internet y la experiencia de Midia Ninja y de Facción como alternativas de comunicación en Brasil y América Latina.
Bia Barbosa, de Intervozes y del FNDC, hizo una breve retrospectiva sobre la concentración de los medios de comunicación en la región y su papel preponderante en la historia de nuestros países, que actualmente incluye fuertes ataques a la democracia, lo que a su vez repercute en el derecho de la comunicación de la población. Así, en los mismos países donde, durante un corto periodo, se dieron pasos concretos hacia la democratización de la comunicación, o que permitieron al menos ampliar un poco la diversidad y pluralidad de los medios y garantizar más la libertad de expresión, ahora están ocurriendo retrocesos. En Argentina, por ejemplo, uno de los primeros cambios que introdujo el gobierno de Mauricio Macri fue eliminar la autoridad fiscalizadora creada por la ley de medios audiovisuales, y reducir los límites a la concentración de propiedad de medios que la ley autorizaba, para atender a los intereses del grupo Clarín.
Al referirse al caso de Brasil, Barbosa recordó que “lo poco que logramos hacer, como la creación de la Empresa Pública de Comunicación, fue uno de los primeros blancos de ataque del gobierno de Michel Temer, mediante una ley que acaba con la autonomía de la empresa pública y lo que tenemos ahora es una empresa de propaganda gubernamental”. Y enfatiza que de no lograrse cambios de fondo para democratizar la estructura de los medios, “nuestras democracias estarán siempre amenazadas”. En tal sentido recordó que no basta con ganar elecciones: en Brasil, donde se realizarán elecciones en octubre de este año, “podemos cambiar el gobierno, pero si no tocamos el sistema de comunicación, todo puede pasar de nuevo”.
Como trasfondo, hay Estados que entienden a las comunicaciones como un servicio privado que debe ser prestado sólo por los medios privados, y que el deber del Estado se limitaría a asignarles frecuencias, sin considerar que éstas son un bien público que tiene que garantizar el ejercicio de un derecho a toda la población. Esto, a su vez, tiene que ver “con la visión más amplia del papel del Estado en América Latina, con la visión neoliberal en materia de economía, y con la visión conservadora en materia de costumbres, y que entiende la comunicación como una parte legitimadora de esta visión del mundo”, la cual afecta el derecho a la comunicación.
Internet monopolizada
Por su parte, Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, abordó la temática desde la perspectiva de las tecnologías digitales. Inició con una reseña del contexto global donde hay una concentración monopólica cada vez mayor en las grandes plataformas de Internet. Es más, existe una disputa geopolítica mundial, principalmente entre EEUU y China, y sus respectivas empresas transnacionales, en torno a quien dominará el mundo digital y el ámbito de la inteligencia artificial.
Siendo que la base de esta economía digital son los datos (nueva fuente de valor), las empresas transnacionales y sus respectivos Estados impulsan acuerdos “comerciales” (en tratados como el TPP, o en la Organización Mundial del Comercio, etc.) cuyo propósito real no es estimular el comercio sino impedir que se regule los “libres flujos” de datos (por ejemplo para proteger la privacidad de los datos personales) – o sea, mantener libres de trabas el flujo y almacenamiento para que queden bajo control de estas grandes empresas. Los países de la región que han firmado el TPP o que apoyan la propuesta de negociar el comercio electrónico en la OMC están, en la práctica, renunciando a cualquier soberanía tecnológica y a la posibilidad, no solo de proteger los datos de sus ciudadanos, sino también de adoptar medidas para que los datos beneficien, en primer lugar, a los intereses de la propia comunidad. Lo que se pudo haber realizado como bloque en este sentido, por ejemplo en Unasur, ahora queda prácticamente descartado por el boicot que enfrenta esta entidad por parte de los gobiernos conservadores.
Entre las implicaciones de esta situación para los derechos y la democracia en la región se incluyen el achicamiento al espacio de los medios alternativos en Internet, cuando empresas como Google o Facebook cambian sus algoritmos de búsqueda, o bloquean contenidos, con pretexto de supuestas “noticias falsas”, que en realidad son contenidos críticos al sistema.
El impacto de esta ofensiva conservadora en los derechos de la comunicación fue el tema puesto en escena por iniciativa del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA), junto con el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) de Brasil. En este marco, se abordaron los retrocesos en materia de legislación y políticas públicas para la democratización de la comunicación, el impacto de la concentración monopólica en el sector de Internet y la experiencia de Midia Ninja y de Facción como alternativas de comunicación en Brasil y América Latina.
Bia Barbosa, de Intervozes y del FNDC, hizo una breve retrospectiva sobre la concentración de los medios de comunicación en la región y su papel preponderante en la historia de nuestros países, que actualmente incluye fuertes ataques a la democracia, lo que a su vez repercute en el derecho de la comunicación de la población. Así, en los mismos países donde, durante un corto periodo, se dieron pasos concretos hacia la democratización de la comunicación, o que permitieron al menos ampliar un poco la diversidad y pluralidad de los medios y garantizar más la libertad de expresión, ahora están ocurriendo retrocesos. En Argentina, por ejemplo, uno de los primeros cambios que introdujo el gobierno de Mauricio Macri fue eliminar la autoridad fiscalizadora creada por la ley de medios audiovisuales, y reducir los límites a la concentración de propiedad de medios que la ley autorizaba, para atender a los intereses del grupo Clarín.
Al referirse al caso de Brasil, Barbosa recordó que “lo poco que logramos hacer, como la creación de la Empresa Pública de Comunicación, fue uno de los primeros blancos de ataque del gobierno de Michel Temer, mediante una ley que acaba con la autonomía de la empresa pública y lo que tenemos ahora es una empresa de propaganda gubernamental”. Y enfatiza que de no lograrse cambios de fondo para democratizar la estructura de los medios, “nuestras democracias estarán siempre amenazadas”. En tal sentido recordó que no basta con ganar elecciones: en Brasil, donde se realizarán elecciones en octubre de este año, “podemos cambiar el gobierno, pero si no tocamos el sistema de comunicación, todo puede pasar de nuevo”.
Como trasfondo, hay Estados que entienden a las comunicaciones como un servicio privado que debe ser prestado sólo por los medios privados, y que el deber del Estado se limitaría a asignarles frecuencias, sin considerar que éstas son un bien público que tiene que garantizar el ejercicio de un derecho a toda la población. Esto, a su vez, tiene que ver “con la visión más amplia del papel del Estado en América Latina, con la visión neoliberal en materia de economía, y con la visión conservadora en materia de costumbres, y que entiende la comunicación como una parte legitimadora de esta visión del mundo”, la cual afecta el derecho a la comunicación.
Internet monopolizada
Por su parte, Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, abordó la temática desde la perspectiva de las tecnologías digitales. Inició con una reseña del contexto global donde hay una concentración monopólica cada vez mayor en las grandes plataformas de Internet. Es más, existe una disputa geopolítica mundial, principalmente entre EEUU y China, y sus respectivas empresas transnacionales, en torno a quien dominará el mundo digital y el ámbito de la inteligencia artificial.
Siendo que la base de esta economía digital son los datos (nueva fuente de valor), las empresas transnacionales y sus respectivos Estados impulsan acuerdos “comerciales” (en tratados como el TPP, o en la Organización Mundial del Comercio, etc.) cuyo propósito real no es estimular el comercio sino impedir que se regule los “libres flujos” de datos (por ejemplo para proteger la privacidad de los datos personales) – o sea, mantener libres de trabas el flujo y almacenamiento para que queden bajo control de estas grandes empresas. Los países de la región que han firmado el TPP o que apoyan la propuesta de negociar el comercio electrónico en la OMC están, en la práctica, renunciando a cualquier soberanía tecnológica y a la posibilidad, no solo de proteger los datos de sus ciudadanos, sino también de adoptar medidas para que los datos beneficien, en primer lugar, a los intereses de la propia comunidad. Lo que se pudo haber realizado como bloque en este sentido, por ejemplo en Unasur, ahora queda prácticamente descartado por el boicot que enfrenta esta entidad por parte de los gobiernos conservadores.
Entre las implicaciones de esta situación para los derechos y la democracia en la región se incluyen el achicamiento al espacio de los medios alternativos en Internet, cuando empresas como Google o Facebook cambian sus algoritmos de búsqueda, o bloquean contenidos, con pretexto de supuestas “noticias falsas”, que en realidad son contenidos críticos al sistema.
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