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Pueblos: Bolivia va emergiendo, Guatemala en crisis
Por Orestes Martí
Las Palmas de Gran Canaria
2020-11-22
Nuestros amables lectores nos solicitan que abordemos
diversos temas de actualidad y aunque tratamos siempre de complacerlos, se nos
presentan casos -como el de hoy- en que dos temas “compiten” para su abordaje y
publicación.
Así que tratando de dar respuesta a todos, vamos a “enlazar” el Resumen
informativo de hoy con nuestro
Canal de Guatemala en YouTube -ya saben los amables lectores que los
acontecimientos en ese país, donde
Rigoberta Menchú ha hecho un llamado a la “gobernabilidad”, están en
desarrollo aún-; y concluyamos -por ahora- con el análisis de los resultados
-para muchos bastante sorprendentes por su desenlace, no por esos resultados- de
las recientes elecciones llevada a cabo en el Estado Plurinacional de
Bolivia. En este sentido, vamos a compartir la siempre brillante
exposición de la periodista
Vicky Peláez
, quien en la Sección FIRMAS,
de Sputnik, recientemente publicó su trabajo “¿Por
qué el pueblo ganó a los golpistas bolivianos?”
Los golpes de Estado no son nada nuevo en América
Latina y representan una realidad latente en el transcurso de toda la historia
republicana del continente. Siempre han sido sangrientos, y los gobiernos
instalados de esta manera permanecían en el poder durante muchos años.
Luchar, vencer, caerse, levantarse,
luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida, ese es nuestro
destino (Álvaro García Linera, 2019).
Por eso el rápido final del
último golpe
de Estado en Bolivia, que duró apenas 11 meses, sorprendió y dejó
atónitos a todos los analistas del mundo que pronosticaban una vida larga al
nuevo Gobierno de facto en el país instalado con
el auspicio de Washington.
El golpe militar en Brasil duró 21 años, en Chile
17 años, en Uruguay 12 años, en Argentina 7 años y el Gobierno de Banzer en
Bolivia 7 años.
Entonces, ¿Qué es lo que pasó realmente para que el Gobierno de facto
encabezado por Jeanine Áñez tuviera que ceder el poder al Movimiento
Al Socialismo (MAS) a través de las elecciones que los golpistas trataron
de posponer tres veces y finalmente tuvieron que retirarse después
de
un rotundo triunfo del partido azul (MAS) en
la
contienda presidencial?
Para tratar de descifrar el fracaso rápido de la
derecha boliviana, que llegó al poder por medio de un golpe de Estado, habría
que recalcar que la élite boliviana apenas obtuvo el poder que se olvidó
enseguida de su consigna de “recuperar la democracia de la dictadura masista”.
En vez de la tal democracia los golpistas impusieron una dictadura real en pro
de las clases medias urbanas tradicionales, burguesas y de las élites económicas
‘blancas’ excluyendo a los indígenas rurales y las clases populares urbanas que
son la inmensa mayoría.
Se produjo enseguida un intento de retroceso de Bolivia al período
anterior a Evo Morales que el estudioso boliviano René Zavaleta Mercado
(1937–1984) definió como prevalencia de la sociedad abigarrada caracterizada por
la yuxtaposición en relaciones asimétricas de poder entre distintas culturas que
producía “un desfase entre el Estado y la sociedad civil, una reducción
histórica oligárquica, ciega señorial y ajena a las cualidades sociales reales
de la sociedad boliviana marcadamente indígena”.
Por supuesto, la mayoría de los ciudadanos
bolivianos no estaba lista para aceptar el retroceso drástico en todas las
conquistas populares alcanzadas durante casi 14 años bajo el liderazgo de Evo
Morales. En solo 11 meses el Gobierno de facto destruyó los adelantos económicos
y eliminó los programas sociales del Gobierno del MAS y dejó la economía, según
el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, “con cifras que no se veían ni en una
de las peores crisis en la década de los ochenta del siglo pasado. Han aumentado
el desempleo, la pobreza y las desigualdades”.
A la vez, la fuerte represión desatada
tras el golpe
de Estado del 10 de noviembre de 2019 contra el legítimo presidente
Evo Morales por la Policía y fuerzas militares que se solidarizaron con la
extrema derecha persiguiendo a los militantes del MAS y a los miles de
manifestantes que protestaban, provocó un rechazo y repudio de la mayoría de los
bolivianos.
Todo lo relacionado con el concepto de un Estado plurinacional fue rechazado por
el Gobierno de facto, calificando Jeanine Áñez a los masistas de “indios y
bestias salvajes”. Los grupos paramilitares haciendo gala de su impunidad se
encargaron de hostigar no solamente a los exdirigentes y militantes del MAS,
sino a cualquier persona que expresaba su simpatía
a este partido. No hay que
olvidar que el primer anuncio de Jeanine Áñez al entrar al Palacio Quemado fue:
“Gracias a Dios, ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al palacio
presidencial. Que él nos bendiga y nos ilumine”.
Precisamente usando esta iluminación y bendición el Gobierno firmó el Decreto
Supremo 4078 bajo el cual las fuerzas militares y policiales desataron una
masacre de bolivianos en noviembre de 2019 que protestaban contra este Gobierno
ilegítimo en Sencata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y Yapacani (Santa Cruz)
segando la vida de los 37 ciudadanos del país y dejando heridos. Desde aquel
trágico noviembre el Gobierno adoptó una política de violación sistemática de
los derechos humanos de su pueblo y la persecución judicial de sus opositores
políticos acusándolos sin ninguna prueba de actividades terroristas.
Uno de los casos de la impiedad de la dictadura del Gobierno de facto que
recibió la cobertura internacional fue cuando una turba el día 6 de noviembre de
2019
detuvo a la alcaldesa del poblado de
Vinto de Cochabamba, Patricia Arce, y
después los exaltados miembros de grupos paramilitares la golpearon, le cortaron
el cabello, le pintaron la cara de rojo y la obligaron a caminar descalza,
escupiéndole y vejándola durante horas.
Por supuesto, estas aberraciones del poder produjeron el rechazo inclusive de
los sectores de la clase media, que dieron la bienvenida al golpe de Estado
promovido por la cúpula de la Iglesia católica y la evangélica boliviana, la
élite nacional, los partidos de la oposición, la embajada de Brasilia, la
Fundación Jubilee y en especial, por Washington, que tuvo un apoyo incondicional
en esta tarea de Bruselas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro,
“tuvo una responsabilidad mayúscula en la caída de Evo Morales que él admite sin
ruborizarse y hasta se enorgullece de haber contribuido a los cambios de régimen
en Bolivia”.
Estados Unidos estaba interesado en una de las
reservas más grandes del planeta
de litio que poseía Bolivia, de unos 21 millones de toneladas certificadas, y
estaba preocupado por el anuncio de Evo Morales al comienzo de 2019 sobre la
pronta firma de
un contrato entre Bolivia y China (Xinjiang TBEA Group Baocheng)
para la extracción de este mineral y la producción de baterías y otros productos
utilizando litio y dejando el 51% de las acciones para Bolivia y el 49% para
China. La inversión inicial era de 2.300 millones de dólares. Washington no
podía permitir que China lo adelantase en este negocio, e instigó un golpe de
Estado presionando a los militares bolivianos.
Como declaró el congresista republicano estadounidense Richard Black en junio de
2020, “hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a
ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría haber hecho
más difícil que EEUU obtenga litio en Bolivia”.
Elon Musk, el magnate
multimillonario (el quinto hombre en el mundo con más de 100.000 millones de
dólares), emprendedor sudafricano nacionalizado canadiense y estadounidense y
dueño de fábricas de carros eléctricos, fue más directo al declarar sobre el
golpe de Estado en Bolivia que “daremos un golpe de Estado a quien queramos. Y
que lo tomen como un hecho, así no más”.
Mucho antes de la preparación del contrato con los chinos, el Gobierno de Evo
Morales había firmado
un contrato con la empresa alemana ACI Systems con el fin
de instalar una planta de materiales catódicos y baterías de ion litio
destinados al mercado europeo, dejando prácticamente fuera a EEUU del proyecto
de industrialización de litio boliviano. El primero de octubre del año pasado,
Evo Morales sorprendió al mundo entero al
presentar el primer carro eléctrico
producido en Bolivia por la empresa nacional Industrias Quontum Motors, que
funcionaba con baterías de litio procedente del salar Uyuni Potosí.
No es de extrañar que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez se deshiciese del
contrato con ACI Systems y se quedasen en nada las conversaciones con la empresa
china Xinjiang TBEA.
También el Gobierno cerró la planta de urea y amoniaco en Bulo-Bulo, Cochabamba,
inaugurada en 2017 que también producía oxígeno, tan necesario en estos tiempos
de pandemia, ocasionando una pérdida de 120 millones de dólares.
El proyecto
entre Bolivia y Rosatom de Rusia de construcción de un centro de investigación
nuclear en la ciudad El Alto ubicado a casi 4.100 metros de altura firmado en
2017 fue también paralizado.
No obstante, al día siguiente de la partida de Evo Morales
al exilio en México
el 12 de noviembre de 2019, el Gobierno de facto, según la publicación Global Research, saqueó el Banco Central su oro y grandes cantidades de dólares y, se
supone, los envió a EEUU para comprar armas para reprimir a su pueblo. Ya en los
primeros días de su Gobierno Jeanine Áñez se empeñó en restablecer relaciones
diplomáticas con EEUU e Israel, y solicitó al departamento de Estado
norteamericano el retorno de la Usaid y de la DEA a suelo boliviano. En marzo
pasado los expertos de inteligencia de América del Sur y de Estados Unidos se
dieron cita en La Paz para el Primer Congreso Internacional de Agencias de
Seguridad de América para proteger el continente del crimen organizado y el
terrorismo.
Los golpistas esperaban ayuda inmediata norteamericana tanto financiera como
moral y técnica, pero sus deseos no se cumplieron porque EEUU estaba enfrascado
en su lucha electoral y en
su revolución de colores. Simplemente Washington
no
tenía tiempo para prestar una atención detallada a Bolivia. Lo mismo pasó con
Bruselas, sumergida en su lucha contra la pandemia y la
crisis económica. De
esta forma el Gobierno de facto se quedó desprotegido y prácticamente abandonado
por los grandes y poderosos de este planeta
Esperaban privatizar todo lo que pudieran y entregar los recursos naturales,
pero en las condiciones de una severa crisis económica mundial no pudieron
hacerlo. Lo único que les quedaba era robar el dinero público y aprovecharse de
la pandemia para hacer un negocio redondo con respiradores y con todos los
utensilios médicos que se necesitaban para combatir el COVID-19 que estaba
azotando al país. Actualmente hay 43 procesos judiciales por robo del dinero
relacionado con la salud de la población.
Después del golpe, Áñez y su Gobierno no supieron gestionar el Estado, no tenían
un plan de Gobierno y la única idea que los iluminaba era imponer el
neoliberalismo en Bolivia sin saber claramente cómo hacerlo. Así el país entró
en una crisis interna caracterizada por el desgobierno. En nueve meses de
administración de la presidenta interina se registraron 13 cambios de ministros
por renuncia, destitución y sustitución de estas autoridades. También Jeanine
Áñez determinó la eliminación de tres ministerios: el de Cultura, el de
Comunicación y el de Deportes. Después de los primeros tres meses de gestión de
los golpistas, se inició una destrucción económica del país, sumergido en una
severa crisis económica agravada por
la pandemia.
El PIB, que en 2019 alcanzó los 40.000 millones de dólares, cayó un 11% tras 11
meses de Gobierno de facto. La deuda externa aumentó en 1.500 millones de
dólares y las reservas internacionales bajaron de 8.900 millones a 6.800
millones de dólares. La informalidad está rondando el 80% de la Población
Económicamente Activa (PEA) y el desempleo aumentó del 4% al 30%. Ello se
tradujo en dos millones de nuevos pobres, y la clase media tanto tradicional
como nueva entró en una etapa de empobrecimiento.
Todo esto provocó el renacimiento de la lucha popular que se había replegado
durante los primeros meses del golpe y la represión. Finalmente se logró tomar
las calles y obligar al Gobierno de facto a convocar
elecciones para el 18 de
octubre pasado. El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) renovado, el
economista Luis Arce, y su compañero de fórmula David Choquehuanca ganaron la
Presidencia y vicepresidencia de Bolivia con el 55,1% de los votos. Ahora les
toca reconstruir un país saqueado. En su discurso de inauguración del nuevo
Gobierno, Luis Arce, quien fue el autor y el ejecutor del programa económico de
desarrollo de Bolivia en el Gobierno de Evo Morales desde 2006, declaró que
“venceremos a la pandemia y a la crisis económica, como lo hicimos antes (…)
Gobernaremos con responsabilidad e inclusión (…) Nos comprometemos a rectificar
lo que estuvo mal y profundizar lo que estuvo bien”.
Así se cumplió en Bolivia el mensaje de la canción de Piero: Para el pueblo lo
que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
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Por: Marco Teruggi
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