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Derechos Humanos: El “bache” (I).
Por Orestes Martí
Un "Bache" bien puede ser un "Pequeño desnivel en el suelo o en el pavimento, producido por la pérdida o hundimiento de la capa superficial"; también la "Disminución o interrupción pasajera en el progreso o desarrollo de algo, especialmente de una actividad". Los políticos suelen muy frecuentemente caer en lo que algunos analistas califican también de "bache" en su pretendida actuación ética y de principios. Tal es -aparentemente- el caso de la ex presidenta de Chile Michel Bachelet bajo cuya dirección la oficina de la "Alta Comisionada para los derechos Humanos" no ha parecido tan "alta" a la hora de informar sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo que mira para otro lado cuando se trata de "gobiernos" aliados al imperio.
 Vamos a ofrecer a nuestros lectores algunos elementos de lo relacionado con el caso de la RBV, aunque obviamente lo vamos a contextualizar. Comenzaremos con el análisis del Grupo de periodistas e investigadores independientes dedicados a estudiar la guerra contra Venezuela y el conflicto global -autodenominado "Misión verdad"-, bajo el título "El Informe Bachelet será otro instrumento para acentuar el cambio de régimen". Debido a su dimensión, lo abordaremos en dos partes.
El informe realizado por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado el pasado 4 de julio, es el primero que se realiza bajo la dirección de la ex presidenta chilena Michel Bachelet.
Luego de las visitas realizadas por su equipo técnico en marzo y la última a finales de junio, con la presencia de la Alta Comisionada en territorio nacional, reuniéndose con diversos actores de la política venezolana, además de asociaciones y organizaciones de diverso tipo.
Se esperaba un cambio de tono de dicha oficina multilateral, lo que ofrecía moderadas expectativas sobre las diferencias que pudiera presentar su trabajo en oposición al muy parcializado comisionado anterior, a lo que también contribuyeron sus propias intervenciones públicas y una aparente actitud entre lo imparcial y conciliador, el resultado demostró decepción y desazón en gran parte de la opinión pública, mientras que actores altamente interesados se sintieron totalmente estimulados, al punto de asumirlo para ellos como una victoria política.
Pudieran destilarse de todo este cuadro, la posible existencia de presiones y acciones que contribuyeron a ese viraje frente al discurso que ostentó la Alta Comisionada en suelo venezolano, o, tal vez, sencillamente, esta siempre fue la intención de fondo. Lo cierto es que la falta de sorpresas resultó lamentable, y, una vez más, la instrumentación del mantra de los derechos humanos terminó obedeciendo a unos intereses geopolíticos claros, toda vez que se acentúa la crisis, no del país, sino de las formas y perversiones con las que interesadamente se juega con la vida y testimonios, al menos de una parcialidad con una clara itentidad política. Tal como veremos a continuación.
1. METODOLOGÍA (EXCLUSIÓN, OMISIÓN Y SUBORDINACIÓN DEL DISCURSO)
Es un procedimiento habitual y por el que, lamentablemente, no debería haber sorpresa: se presentan los "hechos" con la mayor cantidad de recursos aparentemente empleados para, con una escenografía "amplia", entubar los elementos interesados con el fin de narrar bajo el revestimiento de objetividad, profesionalidad, imparcialidad y orgullosa metodología.
De esta manera se promueve un contenido como verificado, corroborado y sin fisuras, cuando en realidad no va más allá del clásico sesgo de confirmación y la orientación interesada del discurso.
Ya que andamos en una de métodos, conviene cotejar el informe final con las 70 observaciones que realiza el gobierno venezolano para dar medida del rumbo original (aún más visible) que ofrecía la versión no editada, además de que facilita la brecha que producía la "metodología" empleada.
Así, bajo ese manto efectista, señala el informe haber entrevistado a 588 "personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad", pero tal como señala el propio informe a pie de página (y la refutación oficial del gobierno venezolano), ninguna de las 588 entrevistas fueron realizadas en territorio venezolano: 460 en "la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota".
El informe deja por fuera mucho de lo recabado, en particular "los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país".
Lo mismo ocurre con el rango de las "159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales" en la misma lista de países mencionados más Suiza y Venezuela. Nos encontramos entonces ante una externalización excesiva del discurso en la que el país objeto del informe es apenas una parte ínfima en contraste con las y los "hablantes" y las "partes interesadas" que lo hacen fuera.
Produce curiosidad (es retórica la frase) la forma en que el secretariado encargado de la redacción del documento "contrastó la información recopilada para confirmar su validez", toda vez que adoptó algunas de las consideraciones realizadas en la respuesta estatal venezolana, pero reflejando un giro de 180 grados.
En el punto 19 admite (así sea a regañadientes) "el impacto de las sanciones económicas en el sector de la salud, particularmente las posibilidades de recibir tratamiento médico urgente fuera del país, incluyendo trasplantes", para, a renglón seguido (punto 20), sentenciar que las "[v]iolaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos".
Otra premisa que se observa en el informe, implícita pero evidente, es la presunción de veracidad absoluta por parte de las fuentes empleadas y la sospecha incuestionable y automática en lo enunciado por el gobierno.
En el punto 40, dentro del apartado "Uso excesivo de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno", en su nota al pie de la página 31, señala el suministro de información "contradictoria" por parte del gobierno, asumiendo que son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el sistema de fuentes privilegiados, el que automáticamente no se contradice, ni amerita ser contrastado.
María Eugenia Russian, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), ONG con Estatus Consultivo Especial dentro del Consejo Económico y Social de la ONU, denunció, entre otras cosas, la exclusión de informes y testimonios de 12 ONG en el Informe Bachelet, entre otras cosas.
Para Bachelet y los redactores del informe, todas las ONG son iguales, pero unas son más iguales que otras.
2. LAS FUENTES EMPLEADAS: PARCIALIZACIÓN, AGENDA POLÍTICA Y LUÍS ALMAGRO
Si el informe hizo "la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes", para qué valerse con tanta asiduidad del complejo industrial humanitario estadounidense, en este caso en las ramificaciones locales, para arrojar conclusivamente cuanto dato sea necesario, de nuevo, sin contrastar o revisar, precisamente, la fiabilidad de lo que empleó.
A estas alturas es difícil distinguir si se trata de un acto irreflexivo, prepotencia en el discurso, si se apremia la urgencia de sostener una agenda o si de verdad el sesgo de confirmación da para que los autores asuman que eso es objetividad, verdad, imparcialidad. De todas maneras, el resultado (claramente buscado), es el mismo, y los efectos a los que aspira también.
El Estado venezolano exigió que, si tanto se valieron de "organizaciones civiles", bien pudieran haber empleado, dice la respuesta, el informe"Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela" de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, del Center for Economic and Political Research sobre el efecto y el impacto de las sanciones. Por lo menos para contrastar de verdad.
Cuestión de método. Pero esa apuesta de credibilidad sin duda se basa en la pureza de las formas, como si el método por el método mismo ya le otorga un rango de validez robusto, incuestionable.
Pero superado el ruido de la ostentación de datos, data y fuentes, nos encontramos con la misma falla de origen que va desde la Ley del 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela del Senado gringo que habilitó la secuencia incesante de órdenes ejecutivas, sanciones del Departamento del Tesoro, pasando por las expresiones punitivas fuera de los Estados Unidos hasta los informes Almagro de 2016 y 2017.
La misma literatura, la misma disposición narrativa, el mismo esquema justificativo de la intervención, y el mismo sistema de señales de los actores interesados. Misión Verdad ha producido un seguimiento exhaustivo y un análisis sostenido del papel que juegan las ONG habituales en textos de esta naturaleza y está todo a disposición para su consulta.
Pudiéramos citar los conflictos de intereses (monetarios) del Foro Penal Venezolano, la compulsión del Observatorio Venezolano de Violencia y su forma prospectiva de "predecir" conflictos y muertes violentas, las omisiones estridentes de Provea o el sistema NED-USAID-Freedom House-Open Society Foundations que nutre a la mayoría de las organizaciones que sustentan el informe, cuando no es directa y explícitamente el Departamento de Estado o la Unión Europea. El mismo arqueo de siempre de los dispositivos narrativos del cambio de régimen...
Pero conviene realzar algo más, aparte de la inserción fluida del Informe Bachelet dentro de la misma horma para mantener la llama viva de la atención, más aún cuando la campaña de convertir a las medidas coercitivas unilaterales contra el país un asunto "moral" perdieron fuelle.
Y es que a estas alturas debe quedar claro que ninguna de estas organizaciones les preocupan las soluciones reales; el relato de las víctimas que presentan (y también el testimonio que puede provenir de la otra parte del conflicto) pasan a ser militarizados, instrumentos de guerra, secuestrando la dignidad y la urgencia de atender los casos, tanto de los excesos que pudieran existir del lado del gobierno, como de todas las acciones violentas y disruptivas que se perpetraron desde fuera y contra el Estado, contra quienes apoyan al gobierno, y los propios cuerpos de seguridad.
La deshumanización va en ambas direcciones. "Cuestión de método".
3. EL INFORME FUE REDACTADO POR EL MISMO EQUIPO DEL ALTO COMISIONADO ANTERIOR
Alfred De Zayas, hasta el año pasado experto independiente de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, autor del demoledor informe sobre Venezuela y el papel de las sanciones y el bloqueo en el deterioro vertiginoso del país a la luz del esquema de intervención que las antecede, publicó el 5 de julio una breve entrada en su blog personal criticando que para la elaboración del último Informe del Consejo de Derechos humanos, la Alta Comisionada empleó el mismo secretariado que le hacía los informes al Alto Comisionado anterior: el príncipe jordano Zeid Ra'ad Al Hussein.
El papel del monarca humanitario, sus claras posiciones políticas y los (ab)usos de su oficina también cuentan con un profuso registro. Su proximidad manifiesta no sólo de la agenda en sí sino del propio Luis Almagro y de Leopoldo López ya dicen todo lo que tiene que saberse sobre cuál fue entonces la disposición, y cuál su naturaleza, para usar una instancia multilateral tan sensible para encarrilar los intereses de siempre.
"Es una oportunidad perdida, porque Venezuela ha solicitado y necesita los servicios de asesoría y la asistencia técnica [de la Comisión], pero en buena fe", dice De Zayas en su blog. Calificó de "antiprofesional" el "ignorar o no otorgarle el peso adecuado" a lo dicho por organizaciones como Fundalatin o Sures, entre otros.
“El principal principio que guíe a cualquier investigador honesto es audiatur et altera pars. Todas las partes deben ser escuchadas”, escribió, acentuando la “criminalidad” de los golpes de Estado y las sanciones económicas, a las que les confiere “escasa atención”.
No hace falta ser chavista para ser profesional y balanceado, las dos carencias de mayor visibilidad en el Informe Bachelet.
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