Derechos Humanos: El “bache” (II).
Por Orestes Martí
El estado venezolano critica el mecanismo de elaboración del informe por contradecir "los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena", puesto que la creación de la figura del Alto Comisionado es custodiar, vigilar y promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.
Del mismo modo, denuncia la omisión de "los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país".
En esto último se está haciendo referencia a los distintos informes, comunicados y declaraciones por parte de expertos independientes, en los que en mayor o menor medida denuncian los mecanismos de intervención empleados, y donde no todos son necesariamente "favorables" al gobierno.
Pero en este apartado cabe destacar en primer lugar el ya mencionado informe de De Zayas, pero también las duras críticas realizadas por el experto independiente Idriss Jazairy a propósito del impacto destructivo de las sanciones económicas que los Estados Unidos han venido realizando contra Venezuela, Cuba e Irán, particularmente acentuando la hipocresía de justificarlas como de ayuda para la población.
El altísimo grado de parcialidad, la debilidad metodológica y los intereses políticos reflejados en el Informe Bachelet atentan contra la autoridad de Bachelet.
5. EL MODO DE REPRESENTACIÓN
Encadenado con el punto anterior, si lo que se esquiva en la propia vertebración institucional y procedimental del propio sistema de la Comisión de Derechos Humanos, la sinergia entre la necesidad de cancelarse como cuerpo vigilante de derechos (y deberes) cuando se borra todo el paisaje de fondo, y, por sobre todas las cosas, la interrelación entre Venezuela y el resto del mundo, socava aún más cualquier viso de profesionalidad.
El único agente activo, de acuerdo a la lógica implícita del reporte, sería el gobierno y el Estado venezolano. Así se produce una escenografía estática donde el país está aislado de la región y el resto del mundo, la población es un ente totalmente pasivo, solamente representado como víctima inmóvil, y estaríamos en el único caso donde se admite que, por alguna razón, no existe interconexión alguna a nivel internacional, ni tampoco se vislumbra la actuación de entes privados, gobiernos extranjeros y actores no-estatales.
Así es muy fácil que entre las conclusiones la Alta Comisionada exija que se "[d]etenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones" o "[d]etenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio".
Por mampuesto queda entonces la descripción de una dinámica unilateral, unívoca y exclusiva. Pero no hay margen de error. Al privilegiar una parte por el todo se maximiza una sola actuación y se reduce a cero la beligerancia de las demás partes involucradas, incluyendo un sector significativo de actores externos y gobiernos extranjeros.
El informe no registra absolutamente nada del patrón de agresiones en todos los ámbitos que ha asolado a Venezuela en los últimos seis años. Omite el papel regidor de los Estados Unidos en la manufactura de la crisis, ignora el papel de Colombia como base logística, hace caso omiso del sinfín de declaraciones diarias de gobernantes, políticos nacionales e internacionales, campañas de desinformación, atentados, la (ultra)violencia disruptiva de las guarimbas, el fomento en años recientes de una insurgencia criminal, incluyendo el asesinato de políticos chavistas de alto nivel, en el mismo marco temporal que el informe sugiere que las cosas se agravaron, en 2014, igual que durante el Decreto Obama.
El gobierno ha cometido errores que reconoce, los cuerpos de seguridad han cometido excesos que son tomados en cuenta por el sistema de justicia, la corrupción generalizada no la esquiva nadie, del mismo modo que al nivel más elemental de interacción social se sabe que el sistema del Carnet de la Patria y la distribución del CLAP beneficia a partidarios del gobierno y opositores.
A esto se le llama blanqueo. Aquí se atestigua una absolución descarada de responsabilidades de actores económicos privados, de operadores de la violencia privatizados. Aquí se le afeitó el bigote de guerra a John Bolton. A los asesinos linchadores que quemaron vivo a Orlando Figuera ante las cámaras se les llama "presos políticos", y las víctimas de las guarimbas no están en pie de igualdad con nadie.
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El Informe Bachelet es una lavadora. Aquí no ha habido actos de guerra.
6. EL LENGUAJE IMPORTAEs natural que la palabra "gobierno" esté presente 29 veces a lo largo de los 83 puntos que componen al informe, pero que menos de la mitad lo esté el vocablo oposición cuando por tantas veces se ha aludido al concepto "polarización" para describir la realidad venezolana, en cualquier otro contexto. Pero la generosidad de matices empleados también redunda en la intención de fondo.
Sobre todo en el gran quid del asunto. "La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de naturaleza selectiva", dice en el punto 25. Acentúa que son "sanciones sectoriales" mientras minimiza el impacto directo de las que no son dirigidas a ningún liderazgo, omitiendo el carácter progresivo del precedente, nublando, también, los otros factores anteriores a las sanciones del problema económico, que no sólo se limita a un problema exclusivo de gestión o corrupción, como autoconsoladoramente se ha esgrimido con demasiada facilidad en ciertos círculos de la opinión política.
Sentencias sin causas, como también ha sido costumbre en el abordaje de la cuestión venezolana, abundan. Los problemas en los sectores petroleros y distribución de alimentos "ya se venían manifestando antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial", pero ni la caída del petróleo de 2014 ni el sabotaje económico ni el boicot financiero de facto, ni el acaparamiento de alimentos como tácticas de desestabilización económica, ni un marcador artificial de divisas promovido del otro lado de la frontera, son siquiera elementos a tomar en cuenta.
No sin antes incluir, como parte de la solución, las palabras claves: "Hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales".
Sin embargo, se le debe conceder la rectificación, cuando modificó en una primera versión el uso gatillo alegre del concepto "crisis humanitaria" por el matiz "situación humanitaria", restringiendo un poco la amplitud discursiva que en esa dirección no dejó de todas maneras de ostentar.
El lenguaje importa. Y sus límites también.
7. LAS COMPUERTAS DEL LAWFARE
Descartado entonces que el documento revisado no traerá solución alguna mientras que acentuará varios problemas, nos encontramos en el punto cui bono; el quién gana y acopia puntos redituales para su propia agenda. El informe:
→ disminuye la fallida campaña pro-sanciones como algo beneficioso para la población venezolana (sostenido por los propios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos) transfiriendo sus consecuencias a un asunto exclusivamente de gobernabilidad;
→ favorece al expediente de criminalización de la Revolución Bolivariana y sus alianzas en perfecta sintonía con el discurso de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana y avanza en la intención de procesar a su liderazgo en tribunales y fiscalías de Estados Unidos y "países aliados" como si fueran un asunto de justicia ordinaria, confiriéndole un rango de extraterritorialidad y capacidad de maniobra a otros países y grupos políticos atentando, aún más, contra la Carta de las Naciones Unidas, la legislación y el orden internacional;
→ envalentona a los actores domésticos y foráneos a intensificar las múltiples campañas de violencia, desestabilización y demás expresiones de guerra híbrida, como el caso de la criminalización del programa vital impulsado por el chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que da pie a unas posibles sanciones para involucrarlo en el centro del bloqueo estadounidense en curso contra Venezuela;
→ absuelve a criminales dentro y fuera del país, impunizándolos ante el Estatuto de Roma y la Convención de Ginebra;
→ pero también, en contrapartida, señala ese vacío que urgentemente tienen que llenar los países que defiendan la Carta de la ONU para revisar, reformar, caracterizar, tipificar y levantar jurisprudencia, estableciendo precedentes en contra de las acciones corporativas, estatales y no estatales y los nuevos mecanismos de acción/desestabilización/agresión, atacando la naturaleza misma y definición de lo que significa una guerra entrando en la segunda década del siglo XXI;
→ revalorizando los nuevos elementos que pueden ponerle freno al descarrilamiento y la pérdida de control del actual momento de la globalización y el capitalismo mundializado, lo mismo sobre la responsabilidad contra la dignidad y los derechos esenciales de la humanidad, incluyendo el de una defensa digna.
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"Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas", dice Michelle Bachelet, y difícilmente alguien pudiera oponerse. Es, precisamente, lo que pudiera perfectamente decir una Venezuela que se defiende de agresiones multiformes y constantes.
"Un sacerdote católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho", también afirma con tono engoladamente preocupado, por no decir cursi e hipócrita, la señora Bachelet.
Si algo es evidente es que sí se trata (por su administración y abusos hegemónicos) de geopolítica, de relaciones internacionales, porque todo eso está profundamente imbricado en los derechos humanos como globalidad, a los que todos tenemos derechos; y que es exactamente el descoyuntado, suicida, torpe y unipolar orden de esas cosas el que afecta todas esas esferas, y por lo tanto tiene consecuencias en el ejercicio y el disfrute de todos los derechos elementales y fundamentales, comenzando por las mujeres y niños por los que tanto se jacta de enfocarse dicho informe.
Con estas aclaratorias que oscurecen, lo dicho por la Alta Comisionada redondea el trabajo de blanqueo y relativización, lo mismo la oportunidad de restituirle algo de majestad a una oficina con semejante tarea, que no merece ese maltrato, ni simulaciones, cuando hay tantas vidas en juego.
Tanto las que defiende, como las que decidió no hacerlo.
 Los representantes de Rusia, China, Turquía, Belarús, Myanmar, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia, así como los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA – TCP), repudiaron en el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el informe presentado este jueves por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. | ||
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Publicado por Guillermo Saavedra Más de alguien se pregunta si es de izquierda o de derecha. Ninguna de las dos: está donde la ponen. Una variedad vernácula del político instrumental. Una nota de Sergio Rodríguez Gelfenstein. | ||
 William Castillo | ||
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