La portavoz en Bruselas, Marina Albiol, quiere que el informe de la delegación que se desplazó a Madrid en mayo y que será enviado a las autoridades españolas incluya esta aclaración. Reclama asimismo pruebas gratuitas de ADN para aquellas personas que presenten una denuncia, que se aclare el papel de la Iglesia católica y un fiscal especializado.
La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha reclamado este miércoles a la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara que el informe final de la delegación de parlamentarios que se desplazaron a Madrid el pasado mes de mayo para investigar el robo de bebés en el Estado español, incluya una referencia explícita de que se trató de un plan sistemático que contaba con la connivencia de las autoridades tanto políticas como de la Iglesia católica.
“Debe quedar claro en el informe que ha sido una trama, que existía un plan sistemático con organicidad y con responsabilidad pública de las autoridades”, ha dicho Albiol durante el debate que se ha celebrado en PETI para evaluar el primer borrador presentado por la eurodiputada británica, Jude Kirton-Darlin, presidenta de dicha delegación.
Albiol ha mostrado su coincidencia en líneas generales con el texto, pero ha señalado cuatro puntos que para ella deben quedar matizados en el informe final y que serán objeto de enmiendas por parte de IU. La eurodiputada quiere que se garantice que el banco de ADN propuesto por Kirton-Darlin, una novedad y que satisface las demandas de las asociaciones de víctimas, “ofrezca pruebas gratuitas a todas las posibles víctimas” que hayan presentado una denuncia; que se aclare “el papel de complicidad jugado por la Iglesia católica”; que se “unifiquen criterios para la no prescripción de los delitos”; y que se nombre “un fiscal especializado para esta cuestión” y evitar así la actual desconfianza en las autoridades y el poder judicial.
La portavoz de IU ha calificado la misión a Madrid de “éxito” porque “conseguimos poner en la agenda política la cuestión de los bebés robados” y ha señalado que “se debe hablar también de que si los peticionarios han tenido que llegar hasta el Parlamento Europeo, ha sido por el abandono, la dejadez o la inoperancia de los actores implicados en el Estado español: tanto las autoridades como la Iglesia católica”.
De hecho, ha considerado que “si se hubieran hecho bien las cosas no habríamos llegado hasta aquí”. Y “no lo decimos nosotras, sino que el pasado mes de septiembre, el Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas advirtió en un informe que el Estado español no ha hecho su trabajo”.
En dicho informe, la ONU decía sentirse “preocupada y consternada” por “los pocos avances” que se habían dado “en la implementación de las recomendaciones que hizo tras su visita en 2013 y porque los familiares de las víctimas hayan sido abandonados a su “propia suerte”.
La delegación de PETI se reunió en Madrid con representantes del Gobierno, de la jerarquía de la Iglesia, asociaciones de víctimas, periodistas, abogados y con la oficina de la Defensora del Pueblo. El informe ahora pasa a la fase de presentación de enmiendas y una vez cerrado se someterá a votación –previsiblemente el próximo 23 de noviembre- y será remitido a las autoridades españolas.
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